México, D.F. Desde que el proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla colombianos entró en su fase decisiva en la mesa de La Habana, la ex senadora Piedad Córdoba funciona como una bisagra entre varios actores del diálogo. Un día acude a la capital cubana para consultar con los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otro día recoge en las cárceles de su país la propuesta de militares presos; un día la llama el presidente Juan Manuel Santos para intercambiar opiniones o viaja a Estados Unidos para entrevistarse con los cabecillas paramilitares presos ahí.
Y no falta a las movilizaciones por la paz que con mayor frecuencia recorren las calles de Bogotá. Viaja constantemente como una especie de embajadora de buena voluntad para muchas fuerzas progresistas en el mundo. Es invitada indispensable a los foros paralelos al diálogo que se realizan sobre drogas, paramilitares, cese al fuego o justicia transicional.
Aunque apenas hace dos semanas recibió una nueva amenaza de muerte y hace 15 años fue despojada de su escaño en el Senado por un procurador que la acusó de terrorista por impulsar un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de los rehenes de las FARC, hoy es una interlocutora todoterreno en el entramado del proceso de paz.
Ella, por su parte, no es demasiado optimista de que, una vez que se firmen los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Santos y la jefatura de las FARC –si se logra– Colombia conocerá al fin un periodo de post conflicto sin violencia. “No habrá paz –sostiene– mientras no se desmonte el paramilitarismo”. Y éste, asegura, vive hoy una etapa de reinsurgencia en todo el territorio.
En contraste, cita un fenómeno nuevo que empieza a multiplicarse en su país, un “muy importante tinglado de resistencias sociales y populares” que es alentado por las señales que llegan de La Habana. En este clima de movilizaciones y organización popular, lo que Córdoba llama “las nuevas subjetividades políticas” –indígenas, campesinos, negros, mujeres, organizaciones que se entrelazan con lo urbano– se va configurando una etapa de transición “en donde podamos participar en la política también, con garantías, los de la izquierda”.
De paso por México charló con La Jornada.
Desmontar el nuevo paramilitarismo
–¿Cuál es su visión del postconflicto?
–Ni siquiera pienso todavía en un postconflicto. Más bien nos estamos acercando al momento más complejo para la solución del conflicto, que pasa por desescalar la confrontación militar.
Lo que tiene que apreciar es que el paramilitarismo, en lugar de mermar, ha venido a repoblar al país con nuevas formas, nuevas siglas, nuevas figuras. Ejemplo: frente a la ley de restitución de tierras que implementó Santos hace dos años, que sin duda es un avance aunque sea muy limitado, ya surgió un ejército antirestitución de tierras, que no es otra cosa que un nuevo grupo para que ha asesinado a cerca de 80 dirigentes campesinos que estaban en este proceso. No hay que olvidar que durante la etapa dura del paramilitarismo que alentó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez desde que era gobernador en Antioquía las ofensivas sangrientas de estos grupos paramilitares arrebataron a población campesina cerca de 8 millones y medio de tierras.
Además siguen actuando como grupos represivos contra la oposición. Ante el surgimiento de organizaciones como Marcha Patriótica, o la Asociación Nacional de Reserva Campesina, el Congreso de los Pueblos y otras han sido asesinados otros tantos dirigentes. Y las amenazas en los territorios de restitución están a la orden del día.
No es por ser pesimista pero hay que ser realistas: hay una amenaza muy grande para la paz con la insurgencia paramilitar de nuevo cuño.
No está conjurado el riesgo de que después de los acuerdos de paz sobrevengan nuevas matanzas, nuevas masacres.
Y la clave para enfrentar este reto del desmonte del paramilitarismo la tiene directamente el presidente.
–¿Ve usted voluntad política en la Casa de Nariño para emprender esta nueva desmovilización, siendo como es que la existencia misma del paramilitarismo está muy ligada a decisiones del Estado?
–Debe haberla. El problema que yo veo es que Santos ejerce una ceguera activa ante estos problemas; hace como que no se da cuenta de todas las denuncias que se presentan. No ha intentado aminorar el impacto del paramilitarismo. Y además hubo mucha oposición de su parte ante la creación de la Comisión Histórica que elaboró un informe muy de fondo sobre el paramilitarismo y sus víctimas. El informe da cuenta de porqué nace la guerra, quienes activaron el conflicto armado, qué papel juega Estados Undios y porqué la guerra ha perdurado tanto tiempo. Claro, son conclusiones muy incómodas para el establecimiento porque ha desnudado muchas verdades.
Hasta ahora no he escuchado una alocución fuerte del presidente contra este resurgimiento de acciones violentas. Es más, la fiscalía general de la nación ha actuado ante numerosos casos contra los operadores del paramilitarismo, pero nada contra la superestructura de esas fuerzas armadas irregulares, que incluye finqueros, empresarios, militares, gobernantes, jefes policiacos. Aunque hay en todo el país cerca de 15 mil empresarios a quienes se les han iniciado investigaciones por financiar a los paramilitares, no se ha procedido contra ellos.
–¿Qué finalidad ha tenido esa interlocución que mantiene directamente en las cárceles de Estados Unidos con jefes paramilitares como Diego Murillo Don Berna o Salvatore Mancuso, extraditados hace seis años?
–Logramos que se creara una mesa de interlocución con los paramilitares que están a punto de salir para recuperar mucha información sobre el tema de la verdad. Porque Uribe, al extraditar a los paramilitares, lo que hizo fue extraditar la verdad. Y lo más importante para Colombia en este momento es saber la verdad. Eso es parte de lo que estamos haciendo con los paramilitares y los militares, que actuaron en contubernio con ellos, en muchos de los casos y son responsables de muchas ilegalidades que se cometieron.
¿Qué saco en limpio? Yo diría que como parte de Colombianos y Colombianas por la Paz estamos haciendo un camino común. Personas que hasta hace poco no nos podíamos sentar juntas hoy estamos platicando.
Esta semana, en Colombia, yo tengo programada una reunión con casi 400 militares que están en distintas cárceles –por masacres, por asesinatos, por las ilegalidades que se cometieron en razón del conflicto– diseñando una propuesta que pueda llegar a La Habana.
Rivalidad, no ruptura entre Santos y Uribe
–Antes de que llegara Santos al poder, el ex presidente Álvaro Uribe decidió la extradición a Estados Unidos de los 14 jefes más importantes de los paramilitares. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que estos no estén ante la justicia colombiana para poner fin a estos procesos?
–Se ha demostrado fehacientemente que Uribe Vélez montó el andamiaje del paramilitarismo como parte de su estrategia contrainsurgente desde su gobierno en Antioquia, con la creación de las llamadas CONVIVIR, que son estructuras legales que todavía hoy garantizan la supervivencia de estas organizaciones criminales. Estas son responsables en buena medida en la forma como se ha profundizado la guerra.
Ha quedado al descubierto cómo varios aparatos de seguridad de su gobierno, como el Departamento de Administración de Seguridad, altos funcionarios y oficiales, incluso parlamentarios cercanos a él fueron parte del paramilitarismo. La Suprema Corte de Justicia ha emitido varias condenas contra personas absolutamente cercanas a él: más de 300 alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, todo un entramado paramilitar.
Si se llegan a concretar los acuerdos, como todos lo estamos deseando, el territorio va a ser un componente muy importante para la consolidación de la paz. Hoy la presencia paramilitar está en zonas de interés estratégico de megaproyectos transnacionales para la explotación de recursos naturales. Pero ojo, ahí es donde el año pasado Uribe Vélez obtuvo una votación muy alta en las elecciones parlamentarias. Esto se explica por la campaña que hizo, creando un estado de opinión contra el proceso de paz, que le hace creer a la gente que si se firma un acuerdo se le va a entregar el país a la guerrilla castrochavista-comunista. En eso ha tenido éxito. Y debemos mencionar que el presidente Santos no ha logrado enamorar todavía a la población frente a una perspectiva de paz. Ese es un faltante de su parte.
–¿Pueden las movilizaciones populares y las organizaciones progresistas revertir el avance del uribismo en estos territorios?
–No podemos desconocer que los diálogos de La Habana han incentivado una movilización muy importante, incluso de clases medias, de estudiantes, lo que yo llamo las nuevas subjetividades políticas: indígenas, campesinos, negros, mujeres, organizaciones que se entrelazan con lo urbano. Es un tinglado muy importante de resistencias sociales y populares. No digo que puedan ganar de plano la batalla, pero van abriendo resquicios para lograr una transición donde podamos participar también los de la izquierda. Con garantías, por supuesto.
–¿Están dadas estas garantías?
–No las veo en este momento. En el discurso del gobierno sí; abundan declaraciones que afirman que a Piedad Córdoba no le va a pasar nada, que es una persona que ha aportado mucho para la paz, cuando hace seis años para ellos mismos yo era la peor terrorista. Pero ese “asesinato de carácter” que hicieron contra mi persona hicieron mella, hicieron mucho daño, no digo que no. Hace apenas 15 días volví a recibir en mi casa una corona mortuoria con una nueva amenaza de muerte. Y esto tiene que ver con que Santos ha sido incapaz de salir públicamente a reconocer el aporte que hemos hecho por la lucha de una salida política y negociada.
–Muchos de estos presupuestos –fin de paramilitarismo, garantías para la disidencia– requerirían una ruptura entre Santos y Uribe. Hay algunos conflictos pero ¿es ruptura?
–Hay rivalidad; sobre todo hay resentimiento de Santos, pero en el fondo no hay una contradicción en los proyectos de ambos.
Pero lo que está pesando es la campaña muy bien pensada de Uribe, que aprovechando su ascendencia con los militares les dice que ellos se van a quedar en la cárcel mientras que los guerrilleros van a salir libres. Así crea una animadversión en esos sectores. Yo creo que esa es una pelea que se puede arreglar porque ha permeado la idea en la sociedad y en muchos sectores que y es el tratamiento que le debe dar por igual a los militares y a los insurgentes que incurrieron en fallas demasiado grandes del servicio en razón del conflicto. Esto se va a dar, no porque lo pida Uribe o Santos sino porque el país es consciente de que si se repite lo del M-19, donde los insurgentes se insertaron en la corriente política y económica, mientras los militares se van a la cárcel, esto no tiene futuro.
Obama y la paz en Colombia
–¿Cómo interpreta las señales de Washington hacia el proceso de paz? ¿Ve un apoyo determinante de Estados Unidos para que se alcance un acuerdo?
–Es determinante porque quienes incentivaron la guerra con el argumento de la lucha terrorista y contra el narcotráfico fue Estados Unidos. La cifra horrible de casi 4 mil millones de dólares del Plan Colombia se fue a una guerra contra la insurgencia y contra la población que costó la vida a muchos dirigentes populares y sociales. Esto lleva a un gasto militar impresionante: Colombia tiene casi 500 mil efectivos militares y policías, una fuerza casi superior a la de Brasil que tiene cuatro veces más la población de Colombia.
–¿Hay interés de EU por la paz en Colombia?
–Lo que hay son grandes intereses por la expansión del capitalismo. La paz en este sentido es lucrativo. Pero sí hay interés. Lo han demostrado con la presencia de Aron Benson en La Habana, con la presencia de Kofi Anan en Bogotá y La Habana. Y además creo que están dispuestos a aportar en el debate de cual es el tipo de modelo de justicia transicional que Colombia requiere. Además hay un tema muy importante que está en el centro del debate, que es la extradición. Colombia, a pesar de no tener tratado de extradición con Estados Unidos, Colombia mensualmente extradita cualquier cantidad de personas. Y ese es un tema que se tiene que definir: la no extradición de los comandantes insurgentes. Sin esto es muy difícil que haya paz, ahí miraremos realmente si su voluntad es real.
Y otra cosa que estamos pidiendo es que repatríen a Simón Trinidad y que pueda llegar a la mesa de La Habana, y esta sería una muestra de voluntad muy importante.
