La niñez y adolescencia en nuestro país enfrentan una gran variable de retos, violencias, abandono, omisión de cuidados y, sobre todo, desesperanza, tristeza y una profunda depresión motivada entre otras cosas, por la desintegración de su familia y la disputa encarnizada entre el padre y la madre, que los llevan incluso a atentar contra su propia vida, debido al desgaste emocional al que se encuentran sometidos. Muchas veces lo que menos les importa es el sentir de ellos, la opinión de ellas y los hacen a un lado mientras la madre y el padre se exprimen mutuamente en una guerra de egos, por fines de odio, por temas patrimoniales o por simple venganza. De igual forma, las infancias y la adolescencia tienen que enfrentar situaciones de acoso y abuso sexual cometidos por algún familiar o alguien vinculado a su entrono principal. Al respecto la UNICEF señaló en el marco de la Conferencia Ministerial Mundial para poner Fin a la Violencia contra la Infancia celebrada en Bogotá, Colombia en 2024, que es fundamental diseñar estrategias para combatir la violencia que destruye las vidas de millones de niñas y niños en todo el Mundo. La UNICEF, sentencia que la violencia contra la infancia (física, emocional o sexual) constituye una crisis mundial que se produce en los hogares, las escuelas, las comunidades y en internet, teniéndose que los efectos de dichas violencias, son graves y generan lesiones, infecciones de transmisión sexual, problemas de salud mental como ansiedad y depresión y, la muerte. Lo más lamentable es que la exposición de estos lamentables índices a edades tempranas puede causar un estrés tóxico que afecta al desarrollo del cerebro y genera agresividad, además de favorecer el abuso de sustancias y la aparición de conductas delictivas. La UNICEF establece que cada cuatro minutos, en algún lugar del mundo, un niño o una niña muere a causa de un acto de violencia y que cerca de 90 millones de niños y niñas hoy en día, han sufrido episodios de violencia sexual. En la citada Conferencia Ministerial se analizó que, en entornos frágiles, las niñas se enfrentan a un riesgo incluso mayor, ya que la prevalencia de violaciones y agresiones sexuales en la infancia es ligeramente superior a 1 de cada 4. Las cifras son muy alarmantes pues se informa que entre 410 y 530 millones de niños varones y hombres (aproximadamente 1 de cada 7) sufrieron episodios de violencia sexual en la infancia. Aunado a lo anterior, se tiene que 1.600 millones de niños y niñas (2 de cada 3) sufren castigos violentos en su hogar de manera habitual; más de dos terceras partes son objeto tanto de castigos físicos como de agresiones psicológicas. Respecto a la no revictimizacxión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada (1a. CCCLXXXII/2015 10a.) dispone que victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así las cosas, es urgente trabajar interinstitucionalmente para prevenir cualquier tipo de violencia contra las infancias y que cuando esta ocurra, los servidores públicos eviten por todos los medios actuar negligentemente generado una nueva agresión que vulnera los Derechos Humanos Fundamentales de las víctimas, por lo que una adecuada capacitación y una constante actualización en la aplicación de los protocolos, se antoja impostergable; qué decir de certificaciones y filtros jurídico-administrativos para que no cualquier individuo quede al frente de fiscalías de investigación o de centros de asistencia social, dónde contrario a proteger y restituir sus derechos, ejercen nuevas formas de violencia contra las víctimas indefensas que se han quedado en total desamparo.
Director general de la Asociación Nacional
de Procuradoras, Procuradores,
ex Procuradoras y ex Procuradores de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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