Todo el sistema de pensiones en México es una bomba de tiempo, y poco a poco va estallando una a una. En todo el país hay 105 sistemas públicos de pensiones, y la mayoría no están fondeados y por ello, representan una enorme presión para la hacienda pública. Es decir, muchos de esos recursos se pagan no con los ahorros e inversiones de los propios sistemas, sino con recursos de origen fiscal. Y dados los montos, es una empresa impagable. Así las cosas, surge la pregunta, ¿por qué razón se arruinaron los modelos solidarios en los sistemas pensionarios en México? No hay un diagnóstico certero sobre el tema, sólo hay prolongados silencios. Como el caso de los recursos en Seguridad Social que enviaron a los entonces braceros mexicanos: no se sabe qué ocurrió con dichos y monumentales recursos. Lo que está claro es que aparte de los malos manejos y dilatados actos de corrupción, no hubo una preparación de los esquemas previsionales en tres décadas seguidas; las mismas tres décadas de la transición demográfica. La situación en verdad es muy grave: en datos fehacientes al 2010, las pensiones públicas del país arrojaron un pasivo actuarial de 104 por ciento del PIB. ¡Gigantesco!
Ahora bien, las reformas propuestas para enfrentar los problemas de Seguridad Social, tanto la Ley del Seguro Social de 1995, como la del ISSSTE de 2007, consistieron en construir sistemas de pensiones privatizadas donde el Estado se excluye de esa responsabilidad. En otras palabras, para el gobierno la solución es encontrar fórmulas para que el Estado se lave las manos en el problema de la Seguridad Social de los mexicanos. Las soluciones que aprueban son meros bomberazos o parches mal pegados, donde lo único que pretenden es salvar los nudos de insolvencia del futuro inmediato. NO se ha propuesto una solución de fondo al verdadero reto: un sistema de Seguridad Social que garantice los derechos previsonales de todos los mexicanos. Porque además, la protección social sólo la gozan aquellos que tuvieron una relación formal de trabajo, con lo cual, de entrada quedan excluidos 60 por ciento de los trabajadores. Algunos ideólogos de los programas sociales (como el propio Santiago Levy) ya han elaborado iniciativas para construir un sistema de Seguridad Social Universal para México, pero no ha habido efectos concretos en lo más mínimo. Tampoco a nivel local se ha planteado el tema de un sistema estatal de Seguridad Social. Nada. Esto sería tener un punto máximo, pero ni siquiera hay actuación responsable con lo mínimo: saber por qué el Issstezac tiene amenazas serias de insolvencia. Sin diagnóstico, ¿cómo pretenden curar? ¿No será que quieren evitar un diagnóstico a fondo porque hay irregularidades que implicaría fincar responsabilidades penales, aparte de las evidentes responsabilidades políticas en el mal manejo del sistema? Sin transparencia y la apertura de todo el manejo de las arcas de la seguridad de los trabajadores del Estado, seguramente quedarán impunes los malos manejos y se afectarán a los empleados disminuyendo sus derechos y aumentando sus aportaciones. Pagarán inocentes por pecadores. Si se dejan.
