Desde la perspectiva histórica de la relación Iglesia-Estado en México, el papel que hoy asume la jerarquía de la Iglesia católica resulta no sólo contradictorio, sino profundamente revelador de una crisis de coherencia ética y política. La separación entre ambas esferas, consagrada tras la Reforma liberal y reafirmada en la Constitución de 1917, no fue un capricho ideológico, sino una respuesta a siglos de injerencia clerical en la vida pública y a su cercanía con los poderes fácticos. La laicidad nació para proteger libertades y garantizar la pluralidad, no para silenciar conciencias religiosas, pero tampoco para permitir que una asociación religiosa vuelva a colocarse como actor político principal en la conducción de la sociedad.
En este marco, el actual intervencionismo de sectores de la cúpula católica —que utilizan púlpitos, comunicados y homilías para incidir en la disputa política contemporánea— contrasta con su comportamiento durante los gobiernos neoliberales. Aquellos años estuvieron marcados por privatizaciones, empobrecimiento social, migración forzada, violencia estructural y una profunda precarización de la vida. Frente a ello, la jerarquía eclesiástica mantuvo, en términos generales, un silencio cómplice. No hubo la misma contundencia para denunciar el despojo, la desigualdad ni la corrupción sistémica que hoy se expresa con estridencia frente a proyectos políticos que cuestionan ese modelo y en los hechos han revertido las tendencias de violencia y empobrecimiento de millones de mexicanos.
Esta selectividad moral se vuelve aún más evidente si se observa la distancia entre la Iglesia mexicana y el giro impulsado por el papa Francisco. Aunque su figura es citada con frecuencia, en los hechos la cúpula eclesiástica nacional nunca abrazó plenamente su propuesta pastoral y ética. Desde Evangelii Gaudium (2013), Francisco denunció “la economía que mata” y la idolatría del dinero; en Laudato Si’ (2015) vinculó la crisis ambiental con un sistema económico depredador; y en Fratelli Tutti (2020) reivindicó la justicia social, la fraternidad y el rechazo a la cultura del descarte. A ello se suma su defensa constante de las personas migrantes, a quienes llamó “carne de Cristo”, y su llamado a una Iglesia “en salida”, cercana a los pobres y a las víctimas.
Sin embargo, esa agenda -abiertamente crítica del neoliberalismo, profundamente comprometida con los excluidos y de izquierda- encontró escasa traducción en la praxis del episcopado mexicano. En lugar de confrontar intereses económicos y políticos, muchos obispos optaron por preservar equilibrios cómodos y viejas alianzas forjadas durante el ciclo neoliberal sin mencionar las cuantiosas limosnas del crimen organizado. Paradójicamente, varias de las banderas levantadas por Francisco coinciden más con los principios de gobiernos progresistas que con los de sus antiguos aliados neoliberales, una coincidencia que la jerarquía prefirió ignorar o enfrentar, antes que asumir desde una reflexión honesta.
En este escenario, figuras como el obispo Raúl Vera López y otros pastores cercanos a las comunidades, a los trabajadores, a las víctimas de la violencia y a los migrantes, emergen como una anomalía ética dentro de la propia institución. Ellos encarnaron una Iglesia comprometida con el sufrimiento real de la gente, incómoda tanto para el poder económico, político como para la jerarquía eclesiástica. No sólo enfrentaron ataques externos, sino el aislamiento interno de una institución que hoy pretende erigirse en conciencia moral del país, pero que los dejó solos cuando ejercer esa conciencia implicaba riesgos reales.
El problema, entonces, no es que la Iglesia opine sobre la realidad nacional, sino la falta de coherencia histórica y teológica con la que lo hace. Se invoca a Francisco, pero se elude su mensaje; se habla de valores, pero se calla ante las causas estructurales de la pobreza y la migración; se critica al poder político, pero se guarda silencio frente al poder económico y omite combatir al cáncer de pederastia que corre por sus filas. En esa contradicción, la intervención política de la cúpula católica no aparece como un acto pastoral, sino como una disputa por influencia, distante tanto del espíritu del Estado laico como del Evangelio que dice proclamar.
En esta coyuntura, la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al papa León XIV abre una oportunidad histórica que la Iglesia católica mexicana haría bien en no desaprovechar. Más que un gesto protocolario, se trata de una oportunidad para retomar con seriedad el camino trazado por el papa Francisco y que el nuevo pontífice ha decidido continuar: una Iglesia comprometida con la justicia social, la dignidad humana y la opción preferencial por los pobres. Este encuentro puede ser el punto de inflexión para que la jerarquía eclesiástica nacional revise su papel público, recupere la confianza de una sociedad que en amplios sectores ha dejado de creer en su palabra y comprenda que su función social no está en vulnerar el Estado laico ni en actuar como defensora indirecta de intereses económicos que la patrocinan, sino en la cercanía con sus fieles más necesitados.
Es ahí, en el acompañamiento a los excluidos, donde la Iglesia puede reencontrar su autoridad moral y donde, paradójicamente, puede dialogar con mayor honestidad con un proyecto político que también coloca en el centro de su acción pública a los sectores históricamente olvidados, sintetizado en una consigna que no es sólo gubernamental, sino profundamente coincidente con el origen de cualquier religión solidaria: “por el bien de todos, primero los pobres”.
Muy puntual y decidida articulación sobre el desatino reciente del magisterio eclesial.