En la(s) política(s) pública(s) anticorrupción a nivel nacional (PNA) y estatal (PEA) -donde Zacatecas, y otras entidades-, han realizado esfuerzos importantes y valiosos que se han plasmado en los documentos con que estas políticas fueron aprobadas y publicadas, y que pueden ser consultados en las páginas web de los respectivos Sistemas Anticorrupción, Nacional -y Estatales-.
Estas políticas anticorrupción están configuradas por cuatro ejes, que sin atender a variaciones en cuanto al nombre, o al orden, son las mismas 40 prioridades), estos 4 ejes son los siguientes: Eje 1, Corrupción e impunidad; Eje 2, Arbitrariedad y abuso de poder; Eje 3, Involucramiento de la sociedad y responsabilidades ciudadanas; Eje 4, Puntos de contacto sociedad-gobierno.
Los mismos estarían respondiendo a una urdimbre de raíces causales que en el plano más abstracto o general, ha sido conceptualizado por nuestro modelo de referencia la PEA de Quintana Roo, (que ya comenzamos a abordar en la colaboración anterior), en 4 grandes causas: Eje 1) la vulneración de los derechos humanos en cuanto al acceso a la justicia, a la paz y a las instituciones sólidas; Eje 2) Ineficacia de las políticas públicas para el desarrollo sostenible; Eje 3) Débil desarrollo económico; Eje 4) Fallidos sistemas para la gobernanza, la democracia participativa y el estado abierto.
Sin pretender entrar al análisis, solo me limitaré a la enumeración de dichas raíces causales por eje, (tal y como ha sido elaboradas en Q. Roo), para el Eje 1, lo siguiente: de inicio se incluye la descoordinación entre las instituciones encargadas, tanto del control de la corrupción en términos administrativos, como penales. Le siguen otras causas relacionadas a los problemas derivados de los sistemas de información, con ineficiente acceso y dispersión de la misma, no homologada ni relevante, sin interconexiones eficaces ni procesada de acuerdo a patrones. Después se incluye la opacidad en torno a los procesos con que opera la justicia administrativa y penal, en materia de corrupción, en general funcionando bajo esquemas inaccesibles a la ciudadanía; después confusión entre las vías para queja y denuncia, y falta de garantías del derecho a la información sobre el seguimiento de las denuncias y sin protección adecuada a los denunciantes; asimismo, falta de estructuras institucionales adecuadas, de personal especializado, que además es cambiado. Solo agregaré que no hay enfoques de prevención adecuados y con problemas internos de mecanismos de implementación y seguimiento, finalmente que se opera con esquemas reactivo/punitivos (no preventivos).
En cuanto al Eje 2, Discrecionalidad y abuso de poder, se señalan los problemas causales siguientes: en el nivel más abstracto, siguiendo el modelo de referencia, (Q. Roo) estaría la ineficacia de las políticas para el desarrollo sostenible; deterioro en la calidad de vida; no hay credibilidad en el Estado y sus instituciones; ineficacia y elevados costos de la administración pública y condiciones aptas para el tráfico de influencias. Después vendría el eje propiamente dicho donde se incluyen problemas con la implementación del marco regulatorio sobre tratamiento de archivos; problemas con el ejercicio del ciclo presupuestario y del modelo de gestión basado en resultados y dificultades para que éste sea objeto de vigilancia y control ciudadano y falta de capacidades ciudadanas para evaluar programas presupuestarios con enfoque de riesgos; problemas en la transparencia y rendición de cuentas por la limitada participación ciudadana y sin capacidades de incidencia ciudadana en el ciclo presupuestario, y sin claridad ciudadana en como la corrupción perjudica las agendas para el desarrollo; problemas en cuanto a la homologación de los procesos de armonización contable a nivel estatal y municipal y sin robustas metodologías de evaluación de los programas públicos, dificultades en la implementación de las propuestas de gobierno abierto y débil control ciudadano, así como desarticulación entre los responsables de control interno, auditoría y fiscalización; normalización de las actuaciones que promueven/fomentan la corrupción; resistencias institucionales para la adopción del Servicio profesional (SPC), y finalmente, incipientes procesos de institucionalización de este último SPC.
El otro eje es el de los puntos de contacto Gobierno-sociedad. Aquí solo señalaré los siguientes. En el nivel más abstracto, débil desarrollo económico, le siguen condiciones que fomentan el enriquecimiento ilícito: desinterés en las inversiones con excesiva carga regulatoria; débiles condiciones para el fomento de la competitividad e incertidumbre para las inversiones; en el siguiente plano o nivel, entre el Eje propiamente dicho, y se desdobla en los puntos siguientes: procesos de adquisiciones y obras públicas opacos, mala regulación en cuanto a cabildeo y conflictos de interés; dificultades y opacidad en la realización de trámites, acceso a servicios y programas sociales; problemas en las políticas sociales, de integración, sin catálogos, y sin registro en un patrón universal de derechohabientes, y por último, ineficiencias del flujo de información entre las áreas encargadas de los trámites, acceso a servicios públicos y programas sociales.
Estos tres ejes, junto con el cuarto y último Eje: Involucramiento y responsabilidades ciudadanas, cuyos principales problemas causales, siempre de acuerdo con Quintana Roo, que ya enumeramos en nuestra colaboración anterior, y no repetiremos ahora, dan cuenta en términos generales del panorama general con una consciente aspiración a presentar una visión global –sistémica, tienen un gran valor, porque nos permiten analizar la conceptualización y el cuadro diagnóstico elaborado, junto con las propuestas de política pública, que sirvieron como línea de base, y como criterios para definir toda la arquitectura de las políticas anticorrupción nacional y estatales, vigentes en México.
Las comparto en este espacio, por considerar que permiten el debate y la reflexión pública informada, para analizar otros componentes muy importantes de la estructura y funcionamiento de estas políticas públicas, así como para comenzar a analizar las dificultades para su implementación y las razones de sus posibles limitaciones (aunque serán ya motivo de próximas colaboraciones).
