Hilary Clinton durante la campaña electoral para la Presidencia de Estados Unidos no mostró ser una estadista del nivel de Barack Obama. No hizo propuestas estratégicas sobre la economía y la política. Pero, independientemente de ello, de haber ganado las elecciones el contexto iba a condicionar toda su política de estado. En efecto, tal y como le sucedió al Presidente Obama, la Cámara de Representantes no le iba a autorizar fácilmente la regularización de los inmigrantes; además, la propia campaña de Hilary Clinton y de Donald Trump ya había radicalizado los sentimientos nacionalistas de persecución y discriminación en contra de los inmigrantes, lo por decir lo menos, a partir de ese momento difícilmente podrían ser ignorados. Sin embargo, los electores solo podían elegir entre uno y otro, pues el precandidato Bernie Sanders aunque mostró un gran respaldo de los jóvenes dentro del Partido Demócrata, finalmente fue desplazado con todo y propuestas por Hilary Clinton.
Después de la sorpresa de los resultados electorales, se publicaron dos ideas sobre este asunto:
- «Trump tenía un discurso incendiario de campaña, pero, eso ya pasó; ahora opina como Presidente»;
- «Trump llamó a la sociedad norteamericana la unidad después de las elecciones y ahora está muy callado; sus amenazas van a quedar atrás».
Esas afirmaciones más bien representan sólo el deseo de que no pasará nada. Pero, ambas afirmaciones son infundadas: las ideas de Trump levantaron en amplias capas de la sociedad el sentimiento radical y nacionalista inspiradas en el pensamiento de Samuel Huntington (¿Who Are We?), y esa fuerza subjetiva es la que se ha convertido en un PODER SOCIAL Y MATERIAL que no se puede frenar fácilmente (aunque lo quisiera el nuevo gobierno), porque opone resistencia como fuerza y porque exigirá su cumplimiento como política de estado. Parafraseando un texto de Wilhelm Reich (Psicología de Masas del Fascismo) el autor afirma que cuando la ideología logra movilizar la conciencia de las masas se convierte en un poder material que es difícil de detener. Ese poder social es el que se simboliza la propuesta de campaña de levantar el muro entre México y Estados Unidos. De esta manera el muro es una imagen social que está más allá de lo material e incluso que funcionará independientemente de que se construya o no. Lo que Trump en campaña levantó ideológicamente es un muro social que separa a nativos de inmigrantes y que ha dejado dividida a la sociedad. Por supuesto, esto no es aún un muro material, esa división social que ya existía, pero, como resultado de la campaña electoral que crispó los sentimientos opuestos. No quiero imaginar lo que esto puede acarrear. Entonces, no están lejos sus consecuencias. Un ejemplo de ello son los insultos que desde décadas atrás ya se oían en contra de los inmigrantes, tales como “mugrosos”, “sudacas”, “muertos de hambre”, “lárgate a tu país”, etc. Por supuesto, todo esto produce en nuestros connacionales sentimientos de impotencia y paranoia
El clima social ya está enrarecido y va a cambiar tanto que se transformará en mayor exclusión y persecución, no solo por parte del Estado, sino por la sociedad misma; y esto último es lo que no se puede detener en el corto y mediano plazo. Dijéramos que este es el principal reto a enfrentar. Entonces, desde México, cada quien desde sus responsabilidades, tenemos que prepararnos para un crecimiento de los deportados y retornados, pues no podemos ignorar que existe toda una infraestructura legal y policiaca para hacer efectivas las deportaciones.
La legislación estadounidense distingue entre inmigrantes deportados y devueltos. Los inmigrantes deportados son expulsados del país a través de la orden de un Juez de Inmigración; en cambio, los devueltos son simplemente expulsados de manera expedita sin que medie una orden legal. Estos casos son llamados asimismo deportaciones voluntarias.
Si revisamos las cifras de las deportaciones considerando un periodo largo se observa que a partir de 1985 y hasta 2006, con excepción de tres años, la captura de indocumentados y la deportación expedita o voluntaria supera el millón de eventos; es decir, esto era lo ordinario.
En efecto, de 2000 a 2006 y en comparación con las deportaciones expeditas, el porcentaje de las deportaciones formales ordenadas por un juez pasó de 10.1 a 21.2%, mientras que de 2006 a 2013 aumentó de 21.2 a 71.08%; se trata de deportaciones mayoritariamente de inmigrantes indocumentados ya establecidos desde años atrás, la mayoría de ellos cuentan con familia; es decir, las actuales intercepciones, aprehensiones y deportaciones de inmigrantes se hacen principalmente en el interior del país cuando antes se ejecutaban durante el proceso de internación. La explicación inmediata está en la mayor agresividad por parte del gobierno estadounidenses en la aplicación de las leyes ya existentes y en el establecimiento de nuevos programas. Por lo menos, esta política va a mantenerse.
Los datos y la información que de ellos se extrae indican un hecho aberrante que es necesario denunciar: a partir de 2010 las llamadas deportaciones “criminales” aumentaron, mientras que las deportaciones no criminales disminuyeron proporcionalmente. Esa clasificación conduce erróneamente a suponer que Estados Unidos está expulsando inmigrantes peligrosos; pero, la información oficial del Immigration and Customs Enforcement (ICE por sus siglas en Inglés, creado en 2003) desmiente contundentemente los hechos. En efecto, el ICE considera criminales a los inmigrantes capturados que realmente lo son, pero se ha agregado indistintamente a quienes cruzan la frontera sin documentos, a los reincidentes, a los que utilizan documentos falsos o han cometido faltas de tránsito y delitos menores (Castañeda, 2012: 321). En esta manipulación de los hechos desde el Estado se esconde la explicación del por qué han aumentado tan rápidamente las denominadas “deportaciones criminales”. Por supuesto, según estos datos se trata de una auténtica política de Estado que fabrica delincuentes y que algunos incautos aceptan sin cuestionamiento. La prueba de que las deportaciones por delitos realmente graves constituyen una proporción baja la aporta el mismo ICE quien registró en el año fiscal de 2013 solo un 15.8% de inmigrantes deportados por delitos “agravados”.
El drama para los inmigrantes es que, a diferencia del pasado inmediato, con la implementación de los programas mencionados desde las administraciones de los Presidentes George W. Bush y Barack Obama con frecuencia las deportaciones son antecedidas por redadas en las avenidas, el trabajo e incluso en los hogares. Por supuesto, esto antes no se hacía. La implementación de estos programas requirió de una justificación social que terminó convertida en una auténtica política de estado que echó raíces en la conciencia social y que Donald Trump supo despertar y movilizar.
La postura de los políticos mexicanos de que «somos un país soberano e independiente; y no una Colonia de Estados Unidos», y por tanto no va a pasar nada, representa un discurso formalista y anticuado; por lo menos, es la visión del Estado Nación de mediados del Siglo pasado e incluso de mucho antes.
En efecto, Estados Unidos no podrá cerrar sus fronteras porque requiere del funcionamiento de un modelo global para su economía, pero, como dice Saskia Sassen: mientras el actual modelo permite abrir las fronteras de par en par para la libre circulación de insumos, bienes y servicios (economía), al mismo tiempo se cierran las fronteras y se renacionaliza la política (inmigración). En efecto, la globalización puede seguir libremente su curso y al mismo tiempo fomentar la cultura más radical del nacionalismo, como seguramente se hará más claro con la toma de posesión de la Presidencia de Estados Unidos por Donald Trump.
Escenarios y propuestas:
- Empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos
- Fomentar la adquisición de la residencia permanente y la adopción de la ciudadanía estadounidense en aquellos casos en los que se cuenta con inmigrantes mexicanos que reúnen los requisitos de ley para ello. El cambio de estatus legal de los inmigrantes les reconoce derechos diferenciados que deben ser aprovechados para hacerse valer ante la ley y en el peso de votantes.
- Llevar a cabo una intensa campana de cabildeo impulsada por los representantes del país, estados y organizaciones de migrantes con aquellos sectores que demandan de mano de obra mexicana, como lo es en la agricultura y los servicios vinculados a la economía étnica de los mexicanos, sobre todos en ciertas zonas rurales y urbanas de Estados Unidos. Aquí es importante recoger la experiencia que se tuvo con la expedición de la Tarjeta Consular Mexicana que permitió abrir cuentas bancarias y emprender negocios en Estados Unidos por parte de los connacionales en aquel país. Esta y las siguientes propuestas que siguen también son aplicables para el retorno de los países centroamericanos.
- Fomentar la actividad de las organizaciones de migrantes hacia el territorio estadounidense. Esto pasa por lo que el Dr. Rodolfo García Zamora, colega de nuestro Programa de Doctorado ha llamado la inversión en su profesionalización y capacitación, lo cual no tiene por qué llevar a la renuncia de la inversión comunitaria a través del envío de las remesas colectivas.
- Deportación y retorno de migrantes
- Exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dejen de llamar “repatriados” a los migrantes deportados cuando son interceptados y aprehendidos cruzando la frontera con Estados Unidos y devueltos a las ciudades fronterizas con México. Cuando han sido expulsados y están en algún albergue de cualquier ciudad fronteriza ya están en su patria. De la misma manera dejar de llamar menores migrantes “no acompañados” a quienes van con sus familiares o con redes familiares y son separados violentamente de los mayores con el argumento de que si van juntos es porque uno de ellos es traficante de indocumentados.
- Levantar un registro sobre la experiencia laboral y las habilidades productivas de los migrantes deportados o de retorno por entidad, que llegaron desde 2008 y que seguirán arribando al territorio nacional a fin de contar con un catálogo de opciones laborales que puedan ser ofertadas a las empresas que recién se instalan en en México. Esto también es válido para países como El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Crear un programa piloto de educación intercultural y transnacional en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca destinado a los menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes (binacionales mexicanos), que actualmente se encuentran en las escuelas públicas, principalmente del Nivel de Primaria; es decir, un programa donde se conserve el Inglés, se aprenda el Español, haya espacios de interacción regional entre los estudiantes y se cuente con un amplio intercambio de docentes entre nuestros países y Estados Unidos. En aquellos sitios donde se habla otro idioma, como el mixteco en Oaxaca o el purépecha en Michoacán es conveniente implementar un modelo intercultural y lingüístico que a su ves sea étnico. A partir de este programa piloto es posible suscribir convenios de colaboración con las autoridades estadounidenses, pues se trata de menores que tienen el derecho de ley de recibir educación y otros servicios por ser ciudadanos de ese país.
- Impulsar un paquete de pie de casa para los migrantes que retornan al territorio nue4sytros territorios y llegan a hacinarse en los hogares y viviendas de sus padres y amigos. Aspecto que se comprueba al observar en el Censo de Población y Vivienda de 2010 y de la Muestra Censal de 2015, la transformación de los hogares nucleares formados por padre, madre e hijos, en hogares ampliados al incorporar a otros familiares, en este caso a los retornados y deportados.
- Separación familiar y derechos de los menores
- Informar a los inmigrantes que con el encarcelamiento y la deportación a México o Centroamérica pueden ser separados de la custodia de sus hijos y entregar éstos a terceros en calidad de adopción. Prever que en caso de ser necesario un familiar cercano los pueda reclamar; además de tramitar la nacionalidad mexicana, salvadoreña, guatemalteca u hondureña de estos menores en los consulados respectivos a fin de poder ser reclamos legalmente por nuestros países.
- Abrir un debate a nivel internacional sobre el derecho a la protección y cuidado de los niños y niñas, principalmente desde el concepto de justicia social que está implícito en el modelo del estado liberal. Es decir, mientras que Estados Unidos no firme y suscriba las Convenciones Internacionales no podrá ser obligado invocando el respeto a los derechos de los niños; sin embargo, desde el modelo de Estado liberal al que se sujeta la sociedad norteamericana, es posible invocar la obligatoriedad de la protección que ese Estado tiene sobre las personas, específicamente sobre los menores, quienes, en términos de justicia plena tienen derecho a recibir protección, cuidado y amor de sus padres. Un Estado que arrebata a los menores de sus padres se transforma en un Estado secuestrador. Esto lleva a establecer convenios entre la SRE y SEP con UNICEF para demandar el cumplimiento de los derechos de educación, salud e independientemente del territorio en el que se encuentren, son ciudadanos estadounidenses con plenos derechos respecto de ese país.
- Proporcionar el apoyo profesional y terapéutico a las familias y a sus descendientes con el objetivo de superar la incertidumbre del cambio de residencia que implica el duelo y la necesidad de reintegración social en el caso de los migrantes retornados o deportados y de integración y adaptación cuando se trata de menores nativos de Estados Unidos, más cuando ya son adolescentes.
- Envío/Recepción de remesas familiares
- Ante la amenaza de Donald Trump de impedir el envío de las remesas familiares a México o simplemente de gravarla con mayores impuestos es importante recomendar la apertura de cuentas bancarias binacionales, lo cual permitirá que los depósitos de los migrantes en Estados Unidos se puedan retirar fácilmente en territorio nacional, siempre y cuando se cuente simultáneamente con tarjetas de débito, lo que evitará pagar impuestos por el uso sistema tradicional de envío recepción.
- Ante la eventualidad de la reducción de las remesas en la entidad, es también importante recomendar el ahorro como una medida de prevención ante dificultades en el envío recepción.
- Responsabilidades institucionales
- Sobre las responsabilidades de todas las instituciones involucradas con el tema de la migración internacional, tales como, la Secretarías, Institutos Oficinas de Atención a Migrante, Diputados Migrantes donde los haya, Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos, Oficinas del DIF, La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus Delegaciones, El Instituto Nacional de Migración y sus Delegaciones e instituciones de Investigación del país y del extranjero, cualquiera que éstas sean, es importante promover urgentemente la realización Seminarios de Capacitación Intensiva cuyo objetivo deberá ser el intercambio de experiencias y decidir qué acciones deben de implementarse del lado mexicano y estadounidense sobre este importante asunto.
Miguel Moctezuma L.
Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas
