Tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, fue presentado formalmente desde Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, como una estrategia integral con más de 100 acciones y una inversión de 57 mil millones de pesos. Parte de la convicción profunda de que la seguridad se sostiene garantizando los derechos del pueblo: a la educación, a la vivienda y al empleo digno para el desarrollo con justicia y bienestar. Además, señaló que en 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas para el bienestar, en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos.
El Plan consta de 12 ejes. enumero de forma abreviada:
- 1.- Seguridad. Fortalecimiento de la estrategia de seguridad nacional. Atención a las causas, con el impulso a la educación, empleo, programas sociales y bienestar.
- 2.- Desarrollo económico con bienestar.
- 3.- Infraestructura carretera.
- 4.- Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento.
- 5.- Programas para el bienestar.
- 6.- Educación.
- 7.- Salud.
- 8.- Vivienda.
- 9.- Cultura.
10.- Mujeres.
11.- Jóvenes.
12.- Planes de justicia para pueblos indígenas.
De todos, comentaré lo que se refiere en “atender a las causas”.
Uno de los ejes principales de la estrategia de seguridad en la administración de López Obrador fue la atención a las causas del delito. Este eje, también estuvo presente en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y ahora, como presidenta, lo ha tomado con el mismo carácter, en una clara lógica de continuidad de su antecesor. Por las causas del delito, ambos se refieren centralmente a la pobreza y a otros factores de índole socioeconómicos que denotan precariedad y están fuertemente asociados a la necesidad como la falta de acceso a servicios adecuados de salud, educación de buena calidad, vivienda, un trabajo digno y bien remunerado. Ellos han señalado que los programas encaminados a atender estas presuntas causas del delito, particularmente entre los jóvenes, incluyen el programa “jóvenes construyendo el futuro” a nivel federal. Los Puntos de innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes en la ciudad de México.
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), ofrece una beca a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, además de que los involucra con empresas y centros de empleo. En cambio, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), entre otras actividades, se ofrecen actividades educativas, como la oportunidad de concluir la preparatoria.
El debate público sobre la inseguridad y la violencia letal en México, exacerbado por promesas de pacificación incumplidas, se ha centrado en el eslogan político de “atender a las causas”.
La estrategia de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación, sugiere que la pobreza y la desigualdad, son los motores casi exclusivos de la delincuencia. Este enfoque, generalmente aceptado sin discusión, resulta simplista en lo criminológico y éticamente discriminatorio contra los casi 40 millones de mexicanos que viven en la precariedad.
Sin embargo, la complejidad del fenómeno criminal no admite explicaciones lineales Si bien el aspecto sociológico reconoce que la desigualdad impacta en las tasas del crimen, el discurso oficial incurre en un determinismo peligroso que estigmatiza. Al afirmar que la falta de oportunidades conduce intrínsecamente a matar, desmembrar o desaparecer personas, se convierte el hecho de ser pobre en una etiqueta que criminaliza a millones de personas honestas y pacíficas.
Esa idea ignora una realidad esencial, la población en situación de pobreza no es la fuente principal del peligro sino su víctima más frecuente. Los individuos en contexto de marginalidad, sufren el mayor número de situaciones violentas y delitos. El error fundamental de este enfoque es la omisión de la dimensión psíquica y la independencia de la agresividad de factores socioeconómicos. La criminología y la psicología forense, demuestran que las conductas antisociales y perversas, por lo general son independientes de la condición social.
Desde hace 7 años los gobiernos de la 4T, han afirmado que la comisión de delitos de alto impacto, están ligados exclusivamente “a causas” socioeconómicas, por eso, su única estrategia ha sido atacarla con las transferencias llamadas “programas sociales”. Este podría ser uno de los motivos por el que la criminalidad va en aumento.
Hay que decir, que la motivación del crimen organizado en México, no es sólo la necesidad económica. La violencia criminal es generada por el lucro, por el poder territorial y la economía ilegal globalizada como factores del crimen transnacional. Las causas de fondo que transforma esos impulsos y estructuras delincuenciales, es el colapso del límite legal.
Únicamente el límite frente a la perversión es el miedo al castigo. Pero en México, ese miedo ha sido aniquilado por la impunidad.
Atribuir a la pobreza los índices de violencia y criminalidad, desvía la atención de la debilidad del Estado de derecho. El discurso de “atender a las causas”, se usa como justificación para la inacción para la aplicación de la ley, el peligro es la perpetuación de la impunidad y una descomposición profunda que disuelve el pacto social.
