■ Sería una herramienta más eficaz de combate a la corrupción, advierten promoventes
■ Auditoría Superior del Estado seguiría haciéndose cargo de la fiscalización: Soledad Luévano
Movimiento Ciudadano, PRD y PT se pronunciaron por retomar la iniciativa de un Tribunal de Cuentas a fin de tener una herramienta más eficiente para combatir la corrupción. Mediante una iniciativa de decreto leída ayer en sesión del Congreso, la oposición avaló la propuesta hecha en 2010 por el gobernador Miguel Alonso Reyes y solicitaron a las fracciones afines a gobierno se sumen, aunque no la suscribieron.
La propuesta elaborada por la legisladora Soledad Luévano plantea que no desaparezca la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que ella se siga haciendo cargo de la fiscalización, sin embargo, un Tribunal de Cuentas, dependiente del Poder Judicial sería el encargado de resolver los procesos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios y trabajadores de la administración pública estatal, a fin de garantizar que las sanciones se apliquen.
Luévano apeló a que la iniciativa se sustenta en la misma exposición de motivos que utilizó el gobernador cuando la presentó, y que pese a estar en la congeladora, las condiciones de corrupción y opacidad no han cambiado. Hizo por tanto un llamado al jefe del Ejecutivo para que permita a “sus diputados” la aprueben, así como también haya una nueva Ley de Adquisiciones, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obras y Servicios, de modo que fortalezcan las leyes anticorrupción.
La propuesta de la oposición establece que el Tribunal de Cuentas se integraría por un magistrado propietario y los supernumerarios que se requieran, los cuales serán designados por unanimidad de la Legislatura y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los magistrados del Poder Judicial.
En tanto, la ASE tendrá a su cargo fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, custodia y aplicación de los fondos y los recursos de los Poderes del estado y municipios, así como sus entes públicos, además realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales.
De aprobarse la iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales presidida por la priísta Erica Velázquez, en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto, la Legislatura deberá aprobar la ley del Tribunal de Cuentas, hacer las adecuaciones necesarias al Código Penal, tener nuevas leyes de Adquisiciones y Prestación de Servicios, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obras Públicas y Servicios.
Para evitar un Guerrero, presupuesto participativo en 2015
También en la sesión, la oposición en voz del PT se pronunciaron porque los 30 diputados se den cuenta de la realidad del país y Zacatecas, y en la aprobación del presupuesto de egresos 2015 se abran a la ciudadanía para atender sus necesidades y haya un presupuesto ciudadano.
Alfredo Femat aludió al hecho de que cayó un gobernador (Ángel Aguirre en Guerrero), hay uno interino y la violencia no baja la intensidad, por el contrario, en ese estado se quema el Congreso y la gente va en contra de todas las instituciones y partidos, lo cual debería de poner a pensar a sus homólogos zacatecanos.
Junto con José Luis Figueroa y Guadalupe Hernández, el PT se pronunció porque Legislatura en la coyuntura de la aprobación de la ley de egresos, entienda que tiene la responsabilidad de construir un presupuesto participativo e incluyente. “Que se aprenda de Guerrero, para que eso no llegue a suceder en Zacatecas”.
Cuestionaron que pese a haber aprobado por unanimidad 12 millones de pesos para los ex braceros en este 2014, los señores todavía van al Congreso a exigir el pago porque no les han dado nada. En ese tenor, pidieron que cuando se hagan llamados a la unidad, se muestren en acciones concretas, no palabras.
700 fraccionamientos, sin certeza jurídica
Una iniciativa más leída ayer es del priísta Rafael Gutiérrez, quien exhortó a los tres niveles de gobierno a que cumplan con la normatividad en materia de desarrollo de vivienda, regulen y promuevan el crecimiento ordenado de las zonas urbanas de Guadalupe y Zacatecas.
Ya que agregó, existen alrededor de 700 fraccionamientos sin certeza jurídica, que se concentran en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe, y con incidencia en Fresnillo- Jerez.
Tan sólo en Guadalupe, las colonias y terrenos irregulares han representado un grave problema para la administración municipal en varios sentidos, como lo es el tema de venta y reventa de predios, el suministro de servicios básicos y la planeación urbana, así como la invasión en áreas de donación, lo cual deriva en la falta de servicios para los habitantes.
Se habla incluso que en promedio 150 colonias carecen del servicio de agua potable por la ausencia de certeza jurídica de cerca de 10 mil familias.
