Sobre los subsidios de vivienda otorgados a 63 funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas con servidores públicos mediante el programa Construyendo Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), el gobernador David Monreal defendió la entrega al afirmar que no existe nada “ni de [opaco] ni de privilegio”, al tratarse, dijo, de un programa público y transparente.
Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa semanal “La Informativa”, el mandatario explicó que una “especie de comité” revisa las solicitudes y que la capacidad de financiamiento depende de los ingresos de cada trabajador y de la institución que otorgue el crédito.
Monreal Ávila subrayó que el programa no está limitado a los beneficiarios incluidos en la lista difundida y anunció que todavía existen cerca de 20 viviendas sin asignar en una segunda etapa de aproximadamente 60 unidades. Además, adelantó que buscará ampliar el esquema con otras 200 o 300 viviendas, dependiendo de la demanda, y anunció que pedirá a la titular de Seduvot acudir a una próxima conferencia para explicar las reglas de operación y el funcionamiento del comité de selección.
El mandatario no precisó cuáles fueron los criterios de selección de beneficiarios. Señaló que existen reglas de operación, un estudio y un comité para revisar solicitudes, pero no aclaró cómo se acreditó la necesidad de vivienda de funcionarios de alto nivel.
Tampoco mencionó si se revisaron posibles conflictos de interés por la inclusión de integrantes de su gabinete y familiares de funcionarios; si alguno de los beneficiarios ya poseía otras viviendas; ni si la Secretaría de la Función Pública auditó o verificará las asignaciones.
En su lugar, el gobernador dio una amplia exposición sobre otros programas de la Seduvot y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como el de Viviendas para el Bienestar; la entrega de paquetes de materiales para autoconstrucción; las losas y techos de concreto y la construcción de cuartos adicionales, del cual destacó que el subsidio es del 100 por ciento, con un valor promedio de 120 mil pesos. “Estoy haciendo una gran exposición porque luego no se alcanza a dimensionar todo lo que se está haciendo en vivienda”, dijo.
Sobre el programa de Acceso a la Vivienda Social (Construyendo Bienestar), agregó que en algún momento planteó que se privilegiara a quienes no tienen acceso al crédito, aunque reconoció que no podía decir si ese criterio fue considerado en la asignación de los subsidios cuestionados.
Respecto al tema, el abogado Jorge Rada Luévano anunció este lunes que su despacho emprenderá acciones legales para conocer si el programa de Acceso a la Vivienda Social de Seduvot asignó subsidios de vivienda a funcionarios con apego a principios de legalidad, igualdad, imparcialidad y transparencia, así como a los fines sociales para los que fue diseñado.
A través de un comunicado publicado en la página de Facebook del despacho, Rada Luévano detalló que ha recibido información del mismo programa por parte de servidores públicos y que ha sido formalmente contratado para emprender acciones legales.
“En los próximos días presentaremos las denuncias correspondientes, así como un amplio paquete de solicitudes de acceso a la información pública, con el propósito de documentar integralmente el procedimiento de selección de beneficiarios, los criterios de elegibilidad, los padrones, los expedientes administrativos, los subsidios otorgados y el destino de los recursos públicos”, señaló el comunicado.
El despacho subrayó que los programas sociales deben destinarse prioritariamente a quienes enfrentan mayores condiciones de necesidad.
