Este fin de semana, en Baja California, ocurrió una escena que, de no atenderse con inteligencia política, podría volverse paisaje común en los próximos años.
Al concluir la inauguración de un hospital del IMSS, un grupo de activistas de “Ensenada Digna” bloqueó por unos minutos la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le exigían frenar la ampliación del Puerto de El Sauzal, un megaproyecto federal que, según argumentan, pone en riesgo el ecosistema y la vida comunitaria de la zona costera. La escena se ha vuelto viral, pero más allá de la anécdota, la pregunta que está flotando es preocupante: ¿qué pasa cuando los proyectos del Estado se topan con un muro social, incluso antes de arrancar?
Durante su campaña para la presidencia, la Dra. Sheinbaum recorrió las 32 entidades federativas y, con el apoyo de gobernadores y autoridades locales, armó una carpeta de proyectos estratégicos para cada estado. Algunos ya estaban en el tintero y otros se diseñaron por primera vez. El problema es que muchos de estos proyectos están encontrando resistencias anticipadas, sobre todo por la falta de diálogo con las comunidades afectadas o beneficiadas.
En Zacatecas no somos ajenos a este fenómeno. Uno de los proyectos emblemáticos para el estado es la construcción de la Presa Milpillas, incluida en el Plan Hídrico Nacional 2024-2030 y promovida en coordinación con el gobierno local. La obra podría resolver el problema histórico del abasto de agua en el corredor urbano Fresnillo-Calera-Zacatecas-Guadalupe, uno de los más críticos del país. Sin embargo, el proyecto se ha empantanado por el rechazo de un puñado de ejidatarios que señalan las amenazas de despojo, desplazamiento y afectación ambiental.
Frente a ambos escenarios, me llama la atención la respuesta, tanto de la Presidenta como del Gobernador: «Si la gente no quiere, no se hará.»
La frase suena democrática, pero abre un dilema más complejo. ¿Qué hacemos si cualquier obra pública puede ser vetada por un grupo, legítimo o no, organizado o espontáneo? ¿Corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la parálisis, donde el beneficio de los muchos se pierde por la resistencia de los pocos?
No es el interés de este texto discutir quién tiene la razón, más bien señalar que la raíz del problema está en el proceso, no en los proyectos. Los gobiernos están saltándose un paso clave: el del diálogo y la consulta previa, real y vinculante. No basta con socializar planes ya hechos, de lo que se trata es de abrir espacios donde las preocupaciones legítimas se escuchen, se discutan alternativas y se construyan consensos antes de iniciar.
No es un invento nuevo. Durante el gobierno de López Obrador, la Secretaría de Gobernación creó una Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social, encargada de organizar consultas previas y foros públicos sobre temas sensibles. A nivel estatal, en Zacatecas la función de concertar y atender a la ciudadanía es de la Secretaría General de Gobierno. ¿Por qué no ponerla al centro de este tipo de procesos? No sólo como ventanilla de quejas, sino como plataforma para deliberar, acordar y legitimar las decisiones públicas.
Hace poco revisé un texto del profesor Archon Fung, de la Universidad de Harvard, que me ayudó a entender mejor este dilema. Fung propone el concepto de «autonomía responsable», una forma de participación ciudadana que no sea ni decorativa ni paralizante.
Según Fung, el gobierno tecnocrático puro –donde las obras se deciden en oficianas cerradas– está condenado al fracaso en sociedades democráticas. Pero también lo está el veto absoluto, donde cualquier grupo puede frenar proyectos sin asumir responsabilidad sobre las consecuencias colectivas.
La solución, dice el profe, está en el medio: crear espacios institucionales donde ciudadanos y gobierno co-produzcan las decisiones. Donde se escuchen las preocupaciones, se ajusten los proyectos si es necesario, pero también se asuma, en conjunto, el costo de avanzar o de detenerlos. Eso es gobernar con participación real.
El movimiento político que hoy gobierna el país y nuestro estado prometió una nueva manera de hacer política: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Pero gobernar con el pueblo no significa renunciar a decidir, sino decidir mejor, con más diálogo, con información compartida y con responsabilidad colectiva.
Esta forma de gobernar requiere corresponsabilidad ciudadana, pero principalmente voluntad política traducida en recursos y capacidades. ¿Estamos listos para construir consensos o nos sentamos cómodamente en el si no quieren, no se hace?
