El Poder Judicial del Estado de Zacatecas prohibió la compra de vehículos de lujo, remodelaciones estéticas de oficinas y el consumo de comida chatarra con recursos públicos, al entrar en vigor este domingo los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal, publicados un día antes en el Periódico Oficial del Estado.
Las nuevas disposiciones obligan a todos los tribunales, juzgados y áreas administrativas a sujetarse a un gasto más estricto, que busca eliminar privilegios y garantizar que “los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, según el documento firmado por las consejeras Norma Esparza Castro y Martha Elena Berúmen Navarro, y el consejero Miguel Eliobardo Romero Badillo.
Entre las restricciones más destacadas se encuentra la prohibición de adquirir o rentar automóviles con valor superior a 4 mil 343 Unidades de Medida y Actualización (equivalentes a unos 491 mil pesos), así como limitar los gastos en eventos institucionales a un máximo de 100 UMA, alrededor de 11 mil pesos.
También se impide contratar consultorías externas, duplicar funciones administrativas, remodelar espacios por motivos estéticos o comprar mobiliario y equipos suntuarios.
El reglamento prohíbe además facturar comidas en restaurantes o adquirir alimentos con alto contenido calórico —como dulces, chocolates, pan industrializado o refrescos— con cargo al erario.
Las medidas se extienden a cualquier gasto innecesario en gasolina, telefonía, papelería o propaganda institucional, la cual deberá reducirse a lo “estrictamente indispensable” para fines informativos o educativos.
Los servidores públicos del Poder Judicial tampoco podrán recibir regalos, dádivas o viajes, ni usar su posición para contratar familiares hasta el cuarto grado. Asimismo, queda prohibida la contratación de seguros médicos privados, seguros de vida, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro que no estén contemplados por ley.
El Órgano Interno de Control será responsable de vigilar el cumplimiento de los lineamientos y aplicar sanciones administrativas. Según el texto, estas medidas buscan “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos”.
La entrada en vigor del reglamento ocurre a menos de un mes de que asumieran funciones los nuevos magistrados y jueces del Poder Judicial, y en medio de una controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la integración del Órgano de Administración Judicial, cuya designación fue impugnada por diputados locales de oposición.
