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domingo, 28 noviembre, 2021

Hablarle al desierto

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Por: René Fernando Lara Cervantes •

Poco tiempo después de haber entrado en vigor, la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por el Congreso fue suspendida luego de que Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y quien ha  concedido suspensiones similares en ocasiones anteriores como en el caso del Acuerdo sobre la Política Pública de Confiabilidad del sistema eléctrico de la Secretaría de Energía, otorgara ésta a través de la demanda de amparo interpuesta por dos empresas. La medida se estimó adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y se fijó una audiencia para el próximo 27 de abril, donde previamente el 18 de marzo el juzgado deberá determinar si da la suspensión definitiva las empresas mientras se resuelve el asunto de fondo. Esto marca el inicio de la batalla legal para detener las modificaciones a la LIE, donde además de las empresas afectadas es posible que se sumen organizaciones ambientalistas para presentar amparos relacionados al derecho a un medio ambiente sano, el cual está contenido en la Constitución.

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Los amparos eran un riesgo que advirtieron expertos en caso de que se aprobaran los cambios a la LIE, por ejemplo, en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde participaron especialistas, académicos y ambientalistas; el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, refirió que el gobierno mexicano podría enfrentar acusaciones en paneles internacionales por reclamos de violaciones a las condiciones de inversión, principalmente en el marco de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se prohíbe al Estado favorecer a sus empresas. Asimismo, David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México, estima que se avecina un problema serio para el país ya que la tensión aumentará con los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que puede culminar en la promoción de un  alto número de amparos por el sector privado y ONG, controversias constitucionales por los entes competentes, y los arbitrajes internacionales relacionados a los diferentes tratados internacionales que ha celebrado México; esto a su vez podría tener un impacto económico como el de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. En este tenor, de acuerdo con datos publicados por El Economista, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el gobierno federal debería pagar más de 70 mil millones de dólares para indemnizar a los inversionistas afectados por la reforma eléctrica, lo cual es aproximadamente un .07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, monto que es insostenible para las finanzas públicas del país.

Ante la suspensión de la aplicación de la LIE, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refirió que su gobierno acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJC) para defender la reforma y que solicitará al Poder Judicial con el fin de que se revise la actuación del juez que responsable de la decisión. Asimismo, el mandatario declaró que este tipo de jueces se crearon para dar protección a empresas particulares extranjeras y no para proteger los intereses nacionales, a lo que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF respondió que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los juzgadores, estos únicamente están comprometidos con la Constitución y la independencia para hacer efectivo el estado de derecho.

El tema energético es solo uno de tantos en donde se ha omitido deliberadamente la ley y donde prevalece una mala calidad de las decisiones y la necesidad de controlar la agenda, está claro que el presidente no se informa a fondo, no escucha a especialistas, sectores productivos, es intolerante a otros puntos de vista, empero, tiene la fuerza para imponer lo que ordena al punto de que la reforma a la LIE se aprobó como lo solicitó, sin cambiarle ni una coma. Si bien el presidente debería ser la persona mejor informada, esto no ocurre si no existe la disposición a escuchar y menos si se etiqueta de enemigo a cualquiera que mantenga una postura contraria a la oficial, asimismo, el rechazo a las instituciones crea una combinación que deriva en un presidencialismo exacerbado que nos afecta a todos. En este sentido, regresar a la centralización mediante monopolios estatales no es la mejor alternativa en un país donde la construcción de alianzas es fundamental para encaminar una verdadera transformación, por ello se debe dar su debida importancia a los contrapesos institucionales y al uso de datos e información pública para justificar las observaciones sobre los riesgos y errores de la toma decisiones, manteniendo la esperanza de que dicho ejercicio un día deje de ser equivalente a hablarle al desierto.

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