Este martes, docentes de la Secundaria Técnica No. 1 suspendieron clases y cerraron los accesos al plantel en apoyo al director y a la trabajadora social removidos temporalmente de su cargo tras las denuncias de violencia digital en las que se habrían manipulado con inteligencia artificial imágenes de alumnas para generar contenido sexual falso. En un mensaje firmado por la Delegación D-II-8, los sindicalizados calificaron la actuación de las autoridades como “injusta”.
En un comunicado difundido en Facebook y firmado por el Comité Seccional 34 del SNTE, se informó que hay comunicación con los trabajadores del plantel “injusta e involuntariamente involucrados” y que el acompañamiento continuará hasta que el caso se esclarezca. El texto advierte que por prudencia no se darán detalles públicos, pero garantiza que “los compañeros no están solos”.
Por su parte, el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) exigió, a través de un posicionamiento público, que las autoridades estatales garanticen justicia, reparación del daño y medidas urgentes de protección para las alumnas, calificando los hechos como violencia sexual y violación a la intimidad digital, tipificados en el artículo 232 Ter del Código Penal del Estado. El MFZ advirtió que el material podría incluso configurar delitos federales de pornografía infantil.
Demandó a la Fiscalía actuar con debida diligencia reforzada, preservar la evidencia digital y ofrecer atención psicológica inmediata a las víctimas. También instó a la Secretaría de Educación a activar de forma urgente los protocolos escolares de prevención y atención de la violencia de género, capacitar a docentes y garantizar acompañamiento especializado a las familias.
Renata Ávila Valadez, diputada local que preside la Comisión de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, coincidió en que el caso evidencia vacíos legales y recordó que desde enero presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar la manipulación de imágenes con inteligencia artificial con fines sexuales no consentidos, ampliando la Ley Olimpia. Lamentó que la propuesta siga detenida en la Comisión de Justicia, pese a que busca sancionar también el ciberespionaje y el robo de bases de datos.
A través de una transmisión en Facebook, la abogada feminista Cristela Trejo Ortiz reflexionó que el caso evidencia cómo la sociedad está “creciendo en la deshumanización”. Señaló que, cuando los agresores también son adolescentes, debe hablarse de una doble dimensión de la infancia: jóvenes que, al no haber recibido contención ni educación emocional, reproducen violencias que también los atraviesan.
Consideró que la justicia debe ser reparadora y educativa, no punitiva, y que tanto víctimas como agresores necesitan acompañamiento integral del Estado. Reconoció que quizás no haya justicia penal en este caso, pero advirtió que “lo punitivo no es lo único que nos va a dar justicia”.
Cristela Trejo llamó a una reflexión colectiva y a un cambio cultural que detenga las violencias, al señalar que aunque la negligencia institucional tiene en este caso nombre y apellido, la responsabilidad “no es solo de un director o una trabajadora social, sino de toda una comunidad adulta que, por evitar conflictos, permite que el problema crezca”.
“No es suficiente un despido de una persona, pero sí vamos a darle responsabilidad a esa negligencia que es institucional”, señaló la activista.
Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación (Sezac), afirmó que la separación del director y de la trabajadora social fue una medida temporal para garantizar la tranquilidad en el plantel mientras se realiza la investigación administrativa correspondiente. Anunció la implementación de pláticas en coordinación con la Fiscalía.
Subrayó que este tipo de situaciones “no pueden resolverse solo desde la autoridad”, pues también involucran la responsabilidad de las familias y de la comunidad educativa.
Mientras tanto, el dirigente magisterial Víctor Manuel Fernández, conocido por encabezar acciones de protesta como huelgas de hambre, expresó en redes sociales su solidaridad con los trabajadores de la Técnica 1 y calificó como arbitraria la medida adoptada por la Sezac. Llamó a “apoyar sin titubeos” a los trabajadores y a revertir la decisión, al considerar que antes de cualquier separación “debió investigarse con seriedad” y sancionar a quienes cometieron las agresiones o las solapan desde casa.
