Desde hace más de una década los gobiernos tanto de la República como de los estados han elaborado e implementado algunos ordenamientos jurídicos para procurar prevenir, reconocer, atender y erradicar el acoso escolar a los que han denominado Protocolos de Convivencia Escolar. El propósito es noble y nadie puede estar en desacuerdo con él, se trata de cuidar la integridad de las y los estudiantes, tanto de las escuelas públicas como de las privadas.
El problema estriba en que en los últimos años esa normatividad se ha desvirtuado, tergiversado, al grado que han colocado a las y los trabajadores en una situación incómoda, de incertidumbre, al grado de verse en riesgo de perder su estabilidad laboral. Basta una acusación infundada para que se les separe del servicio, e incluso, pueden parar en la cárcel, sin previa averiguación, sin respetar su derecho a la presunción de inocencia. En los casos en que se demuestra que fueron acusados injustamente, se les restituye en su centro de trabajo, pero ya regresan con el lastre del estigma, una mancha en su reputación que difícilmente podrán borrar.
Como si fuese una plaga, esta preocupación recorre las escuelas de todos los niveles y de todo el territorio mexicano. El personal que en ellas labora lo hace en un ambiente de zozobra al estar presente en su pensamiento el riesgo del despido, de quedarse, de un día para otro, sin lo necesario para el sustento propio y el de su familia. Hay casos emblemáticos que dan sustento a esa angustia. Uno de ellos es el del maestro Esteban Canchola de Mexicali, Baja California, quien fue acusado por “omisión de auxilio” por el fatal accidente que sufrió uno de sus alumnos dentro de las instalaciones de la institución, aunque en horario extra clase, el cual fue trasladado a una clínica privada, en donde horas más tarde falleció. El maestro Canchola tiene el reconocimiento de sus conocidos por su compromiso hacia la educación y su responsabilidad profesional, sin embargo un acto circunstancial, ciertamente deplorable, estuvo a punto de frustrar sus expectativas de vida. Muy probablemente fue el respaldo de docentes, padres de familia, estudiantes, etc. de todo el país lo que evitó que el maestro Esteban perdiera su empleo y estuviera condenado injustamente a pasar muchos años en una fría celda de un reclusorio.
Desafortunadamente este no es un caso aislado, con frecuencia hechos en los que se criminaliza al docente se repiten en distintas geografías de nuestro país.
La revalorización docente ha quedado tan solo en un lugar común citado con mucha frecuencia con fines demagógicos en textos y discursos oficiales, pues con dichos protocolos punitivos, que no en pocas ocasiones han sido utilizados para perjudicar al maestro incomodo para autoridades o para algún padre de familia, se está más cerca de un cese que de un ascenso o mejoramiento económico.
Ante esta situación, como representación sindical estatutaria de la Sección 34, conjuntamente con la Sección 58 y el equipo jurídico de la Secretaría de Educación de Zacatecas, así como una representación de Derechos Humanos en el estado, hemos explorado la posibilidad de aprovechar los recursos que la propia legislación permite para elaborar un procedimiento jurídico que permita resolver, mediante la conciliación, las problemáticas y diferendos que se generan en las comunidades escolares para evitar que se judicialicen y terminen con sanciones desproporcionadas para los docentes.
De igual manera, hemos planteado a distintos funcionarios del gobierno del estado la necesidad de dar certezas jurídicas a las y los trabajadores de la educación de que no serán afectados injustamente y, algunos de ellos, han hecho el compromiso serio de buscar el apoyo de legisladores locales para elaborar e impulsar una iniciativa de ley que propicie la convivencia armónica en las comunidades educativas, que procure salvaguardar la integridad de las y los estudiantes y garantice el respeto a los derechos laborales de quienes se desempeñan en las instituciones educativas. De concretarse, con gusto haremos el reconocimiento público a quienes participen en esta necesaria tarea.
Estamos convencidos que erradicar del imaginario de los docentes la preocupación de una sanción que ponga en riesgo su estabilidad laboral favorecerá en su concentración en el tema central de su labor: promover la adquisición de aprendizajes, desarrollar distintas habilidades y formar en valores éticos a los estudiantes que tienen a su cargo.
Mejorar la educación en nuestro estado es un imperativo que demanda de la sinergia de los esfuerzos de todas y de todos: docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades y de la sociedad en su conjunto. Posibilitar que mejoren las relaciones entre alumno-alumno, alumno-docente, docente-directivo, docente-padres y madres de familia, es un paso importante.
*Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 34 SNTE-CNTE
