La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de forma preventiva a todos los directivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tras detectar indicios de un posible esquema de corrupción en la resolución de juicios laborales.
Ernesto González Romo, titular de la SFP, explicó a través de redes sociales que durante meses se investigaron denuncias sobre colusión entre abogados y funcionarios para retrasar procesos, inflar montos de indemnización y dictar laudos pactados, sin que el trabajador recibiera la mayor parte del pago. Los recursos, dijo, se repartían presuntamente entre litigantes y personal de la Junta.
Se trata de una medida inédita en el estado que busca preservar pruebas, proteger la investigación y evitar nuevas irregularidades, explicó González Romo.
El funcionario recalcó que no todos los suspendidos son necesariamente responsables y que podrán reincorporarse quienes sean exonerados, mientras que otros serán sometidos a procesos administrativos y, en los casos más graves, a acciones penales.
Anticipó que podrían llegar incluso a “peces gordos” dentro de la estructura y pidió a los trabajadores afectados por la suspensión que se acerquen a la Secretaría de la Función Pública para aportar información, asegurando que “el que nada debe, nada teme” y ofreciendo beneficios legales a quienes colaboren.
La JLCA depende de la Secretaría General de Gobierno, pero cuenta con autonomía operativa. En ese contexto, González Romo agradeció la “responsabilidad y el trato respetuoso” del titular de esa dependencia.
