■ Señala que es “muy grave” el que al interior de la UAZ se cometan este tipo de delitos
■ Datos en redes sociales y medios de comunicación revictimizan, criminalizan y estigmatizan a las víctimas directas, advierte Luz Domínguez
■ “Observamos la vulneración del derecho a la información de la ciudadanía”, que debe conocer los hechos con datos verídicos”
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), su titular, María de la Luz Domínguez Campos hizo “un llamado enérgico” a las autoridades de procuración de Justicia en el estado para que informen oficialmente de manera “directa, clara y oportuna”, a efecto de garantizar tanto a la sociedad como a las propias familias de las víctimas el derecho a la información respecto de los hechos del pasado miércoles que derivaron en la muerte de tres personas, dos de ellas dentro de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
Y por otro lado, a que tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales se evite la especulación que revictimiza y criminaliza no solamente a las víctimas directas que ya perdieron la vida, sino a sus familias, así como la difusión de datos personales que ponen en peligro la integridad física de las personas en tanto no haya concluido una investigación imparcial y objetiva.
Domínguez Campos externó así la postura del organismo respecto del asesinato del abogado Juan Manuel Rodríguez González, la estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Derecho, Nallely Nohemí, otro hombre capturado en el mismo centro de estudios y que perdió la vida presuntamente por problemas de insuficiencia respiratoria durante su aprehensión, y la revelación del nombre del juez que habría girado la orden de aprehensión de quien ahora se presume asesino de las dos primeras personas.
La comisionada presidenta de la CDHEZ expuso en principio como “muy grave” el que al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas se cometieran delitos que vulneran no solamente a la comunidad universitaria sino a la sociedad zacatecana, ya que este espacio debe dedicarse a la transmisión de conocimientos y habilidades así como al desarrollo de aptitudes en los jóvenes hombres y mujeres.
“Y ahora encontramos que hasta estas instancias llega el crimen que lacera y afecta” la vida de personas y en general a toda la Universidad.
Estos hechos deben implicar la intervención inmediata de las propias autoridades universitarias, pero fundamentalmente las de seguridad pública y procuración de justicia del estado, pues es su responsabilidad garantizar tanto dentro de la UAZ como fuera de ella “un ambiente de tranquilidad y paz”.
Expuso también como “sumamente grave” el manejo de datos que se han difundido tanto en redes sociales como en medios de comunicación los cuales revictimizan, criminalizan y estigmatizan a las víctimas directas, y ponen en peligro la vida y la integridad física de otras personas, lo que “pareciera una justificación de las propias autoridades al no tener un resultado concreto y evidente de una investigación”.
María de la Luz Domínguez se refirió a entre otras cosas, el señalamiento de presuntos vínculos sentimentales de la joven con diferentes personas involucradas en los hechos, y al tratamiento que se ha dado al abogado respecto de su actuación como profesional de derecho al defender a un cliente, sobre el que dijo, independientemente de los asuntos en que estuviera inmiscuido, el deber de su representante legal es hacer todas las instrumentaciones jurídicas para su defensa.
“Por lo tanto, los están revictimizando a los dos, y ejerciendo violencia de género contra la joven, lo que la estigmatiza gravemente frente a la sociedad” porque se están haciendo presuntos señalamientos sobre su vida personal; elementos que trascienden a sus familias, compañeros y/o amigos cercanos.
“Esto es una forma de violentarla porque efectivamente ya no puede ella a salir a defenderse”, como es también el caso del abogado Rodríguez González.
En el caso concreto del juez, del que se ha revelado el nombre, se le está poniendo en una situación de vulnerabilidad para su integridad física y su vida, pero también la de su familia.
Y aunque medios de comunicación han manejado esta información citándola como “oficial”, las autoridades competentes no han emitido una aclaración o posicionamiento sobre la misma.
Al respecto la ombudsperson agregó que desde la CDHEZ “hemos sido reiterativos con las autoridades de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y otras, en que no deben criminalizar y estigmatizar a las víctimas y que cuando tengan información obtenida mediante un proceso de investigación imparcial, objetivo, pronto y expedito, den a conocer la información “pero de manera oficial”.
“Por lo tanto también observamos la vulneración del derecho a la información de la ciudadanía”, que debe conocer los hechos con datos verídicos, dijo.
