En una democracia, el dinero de las elecciones es dinero del pueblo. Cada boleta, cada urna y cada mampara se pagan con recursos públicos. Por eso, nadie debería beneficiarse de privilegios, contratos simulados o prácticas que limiten la competencia.
Lo documentado en las últimas semanas obliga a revisar una historia que durante años permaneció lejos del escrutinio público: la presunta red de intereses y complicidades conocida como la “mafia electoral”.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó una investigación basada en fuentes abiertas que reconstruye el origen de una red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas, cuyos antecedentes en la contratación de materiales electorales se remontan a al menos 27 años.
Las cifras son contundentes. Entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con esta red obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 organismos electorales estatales. Entre 2024 y 2025 se identificaron otros 646.3 millones de pesos en contrataciones con 15 organismos locales, para un total de más de 2 mil 740 millones de pesos.
La investigación señala posibles simulaciones de competencia entre empresas relacionadas, intermediarios que no necesariamente fabricaban los materiales que comercializaban y mecanismos de contratación que pudieron favorecer la concentración del mercado.
Pero este asunto no puede analizarse únicamente desde los contratos. También exige revisar las decisiones políticas e institucionales que pudieron facilitar esa concentración.
Con la reforma electoral de 2014, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a partir de los acuerdos del Pacto por México, el INE asumió la facultad de designar a los integrantes de los consejos de los organismos electorales estatales.
Durante los nueve años en que Lorenzo Córdova Vianello presidió el INE, 23 organismos locales contrataron a empresas vinculadas con esta red por más de 2 mil millones de pesos. La presidenta ha cuestionado las omisiones de supervisión y la falta de lineamientos claros de contratación durante ese periodo. Son señalamientos que deben examinarse con rigor y pleno respeto al debido proceso.
La investigación también reconstruye los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población y el antiguo CISEN, donde trabajaron con Juan Carlos Padilla Aguilar, hoy vinculado con el partido SOMOS. En ese espacio también participan antiguos funcionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
Estos antecedentes hacen necesaria una revisión que no se limite a una sola administración ni a determinadas personas. Los vínculos documentados deben analizarse sin prejuzgar responsabilidades.
Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara: es necesario investigar a fondo, sin encubrir a nadie y sin importar cuándo hayan ocurrido las posibles irregularidades.
En esa misma dirección, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ha insistido en investigar tanto la gestión reciente del INE como las anteriores. Nadie debe quedar al margen de la revisión, incluida la administración de Guadalupe Taddei. Las responsabilidades son individuales y deben establecerse por las autoridades competentes.
Para Zacatecas, este tema no es ajeno; en el año 2024, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) adjudicó aproximadamente 10.4 millones de pesos a Formas Finas y Materiales, una de las empresas señaladas en la investigación federal. En ese procedimiento también participaron Cajas Graf y Corporativo ZEG, que fueron descalificadas. Estos hechos ameritan una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación, sin que la adjudicación constituya, por sí misma, prueba de una irregularidad.
La investigación ya tiene consecuencias institucionales. La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a su Lista de Personas Bloqueadas, como medida preventiva, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Estas acciones no constituyen una determinación definitiva de culpabilidad; serán las investigaciones las que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.
Por eso resulta importante la propuesta de la presidenta de fortalecer Talleres Gráficos de México, transparentar los costos de producción de materiales electorales, eliminar intermediarios innecesarios y abrir la competencia a empresas mexicanas capaces de fabricar urnas y mamparas.
La autonomía de las instituciones electorales debe garantizar su independencia, pero nunca convertirse en un obstáculo para la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
La democracia no puede ser un negocio para unos cuantos. Su fortaleza depende de instituciones confiables, recursos públicos bien administrados y autoridades que respondan ante la ley.
Por encima de la ley, nadie. Por encima del interés del pueblo, ningún privilegio.
