Tras el despido de 15 trabajadores por parte de la minera Peñasquito, luego de las protestas que protagonizaron a fin de buscar una renegociación de los precios de sus terrenos, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad, Gilberto Zapata Frayre, aseguró que ya varios de los afectados solicitaron la intervención de la dependencia.
En concreto, precisó, fueron a pedir los servicios de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) que es la instancia que ha dado seguimiento a sus casos.
“Algunos de los que estuvieron en esa situación recurrieron a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, entonces se ha estado atendiendo a los que han solicitado los servicios de parte de la Secretaría por medio de la Profedet”, explicó.
El funcionario federal comentó que el asunto relacionado con los habitantes de la comunidad de Las mesas, del municipio de Mazapil, y la minera Peñasquito, perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp, en un principio no correspondía a la STPS pues se trataba de un problema ejidal, que se suscitó entre particulares.
Sin embargo, al cambiar de ámbito y convertirse en un problema laboral entre patrones y trabajadores, la secretaría pasó a tener injerencia en el tema.
En este sentido, recalcó que “ya cuando obviamente se da el giro relativo a lo del despido, entonces ya entra la cuestión laboral, por esa razón la Profedet ha estado atendiendo a estas gentes”.
Aparte de las personas que ya solicitaron la intervención de la Procuraduría, Zapata Frayre comentó que el resto de trabajadores despedidos también puede acercarse a esta instancia de Gobierno Federal para tratar de dirimir los conflictos.
“Obviamente las personas que deseen y que estén en este estatus pueden acudir a la Profedet y se les puede orientar y dar la asesoría correspondiente conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, tanto en el asunto de la reinstalación, por una parte, o bien la liquidación correspondiente. Ahí proceden las dos cosas y obviamente que lleguen a un acuerdo y al entendimiento si es la cuestión de la reinstalación”, indicó.
Cabe recordar que en total fueron cesados 15 empleados, todos ellos habitantes de la comunidad de Las Mesas, de los cuales 4 ya fueron reincorporados a sus puestos de trabajo y 11 todavía continúan despedidos. Sin embargo, los afectados aún confían en poder regresar a sus empleos o, en caso contrario, recibir la liquidación que les corresponde por ley.
