Hemos constatado que la llamada “transición democrática” que se planteó desde los ochenta no surtió los efectos esperados; es decir, no cambió la precaria realidad social. Se propagó la hipótesis que la causa de la ineficacia del Estado para resolver los problemas sociales era el régimen autoritario porque contenía de origen un error decisional propio de todas visiones verticales y sin controles (una persona ve sólo una parte muy pequeña de la realidad). Junto al cambio del régimen autoritario, se planteó edificar una administración gerencial (llamada Nueva Gestión Pública) y controlar el déficit del gasto público con la liberalización de la economía. Pues bien, todo este cambio ocurrido con los ajustes estructurales de la relación Estado-mercado, junto a las condiciones de competencia electoral, no ha servido de nada: ni los fines (impactos en la sociedad), ni los medios (formas de operar de los gobiernos) han tenido mejora. La alternancia entre partidos de todos los colores en los tres niveles de gobierno y en las diferentes cámaras legislativas no han modificado las formas de gobernar; y la liberalización de la economía tampoco saneó las finanzas públicas ni generó crecimiento económico. Es decir, los cambios propuestos en las tres últimas décadas no han sido para nada efectivos: la pobreza, la desigualdad, los malos niveles de desempeño de la educación y la salud, son persistentes; es decir, el nivel y calidad de vida de los mexicanos ha empeorado. Y por el lado de la gestión pública, las deficiencias normativas, hacendarias y administrativas son igualmente persistentes. Por tanto, para lograr que se disminuya la pobreza y la desigualdad, debemos pensar en otro modelo de gestión pública para hacerlo. En otras palabras, debemos preguntar, ¿cómo lograr la efectividad del acto de gobierno? Expondré algunas ideas que constituyan agenda.
Primero, un Estado aislado de la sociedad es un Estado capturable. Hoy, gobiernan los llamados poderes fácticos y lo hacen como grupo de interés, por lo mismo observamos solamente actos de gobierno que apuntan al saqueo legalizado. La manera de resolver esto es lograr un Estado-relacional: atado a la sociedad en todas sus actividades. Es decir, el punto de partida es superar la dicotomía entre el Estado de bienestar o el neoliberal, y apostar al Estado social. Lo cual implica que debemos caer en la cuenta que los gobiernos (aun cuando fueran eficientes) han resultado constitutivamente insuficientes para resolver los grandes problemas públicos. En otras palabras, el Estado solo no puede darle solución a los grandes problemas nacionales: es impotente. Así, que para tener éxito debemos transitar a formas post-gubernamentales de gobierno. Coordinarse con los actores no-gubernamentales para ejercer los actos de gobierno: la planeación, la decisión, la implementación, la evaluación; todos los procesos de política pública deberán están estructurados con la sociedad civil, las instituciones académicas y las empresas. Conocimiento, participación y corresponsabilidad son los signos de la nueva gobernanza.
Pues bien, como primer conclusión, significa que en la agenda, más que estar centrados en quién debe gobernar, es cómo se debe estructurar el proceso de gobierno. Así las cosas, la agenda debe estructurase por un listado de nuevas formas de ejercicio gubernamental. Por tanto, quien asuma el mando lo haga, al menos, con la obligación de cumplir una serie de principios y procedimientos de gobierno, en los cuales un componente obligatorio sea la participación ciudadana. Entre los puntos detonantes de efectos en cadena que deben estar contemplados en la agenda para el cambio en el proceso de gobierno están los siguientes tres:
(1). Presupuesto participativo. Con esta medida, se organiza de otra manera la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. No sólo debe concebirse como un pequeño porcentaje a repartir en convocatorias a la sociedad civil, sino la definición social de las grandes líneas del gasto. Impacta directamente en la planeación del desarrollo del estado a partir de poner a consulta los “criterios de política”. El pivote de la decisión gubernamental está concentrada en el presupuesto, intervenirlo socialmente es la manera óptima de meter a los sectores sociales en la conducción gubernamental.
(2). Evaluación social y legislativa del ejercicio de gobierno. Con información debidamente sistematizada, la ciudadanía puede valorar si el gobierno está haciendo las cosas bien o no. A partir de un observatorio académico-ciudadano de política pública con una estrategia amplia de comunicación, la población a través de sus formas organizativas, puede aprobar o no el ejercicio de gobierno. Pero además, los resultados de las evaluaciones deben convertirse en criterios para la rendición de cuentas en el momento del informe anual: el momento para que la legislatura del estado emita modificaciones al presupuesto a partir de la evaluación objetiva del proceso de gobierno.
(3). Las campañas políticas con enfoque de política pública. Elevar la calidad de los procesos electorales es vital para lograr que aquellos que asuman los cargos de gobierno lo hagan en función de la solución de problemas específicos. La exigencia de que los candidatos hagan campaña sobre la base de un plan de gobierno y no de mera colocación de imagen, es una manera de elevar la calidad electoral que, de inmediato, impactara en la calidad de gobierno.
Ahora, ¿quién puede promover estas tres banderas para modificar los procesos de gobierno? Si se logra conformar una Asociación Político-Ciudadana plural, bien puede asumir la meta de promover la institucionalización de estas tres medidas, la cuales tendrán un efecto en cadena para modificar el proceso de gobernar, que a su vez, impacte en los resultados del mismo, es decir, en los esperados cambios de la realidad social zacatecana. ■
