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miércoles, 10 agosto, 2022
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Los dictámenes y recomendaciones de las Calificadoras internacionales nos han llevado al estancamiento con inflación

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Por: ARTURO HUERTA GONZÁLEZ •

La calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación crediticia de México, al pasarla de negativa a estable, debido a que espera que el gobierno mantenga la política de austeridad fiscal y deuda estable, donde esperan que esté en torno al 47% del PIB para el resto del sexenio. A ellos y al gobierno no les importa que esas políticas sean las causantes de la fuerte caída de la actividad económica, de las altas tasas de desempleo y miseria que enfrenta el país.
El presidente del país dijo que la decisión de Standard & Poor’s, “representa un reconocimiento internacional a la estabilidad económica del país”, pero lo que hay que aclarar es que es un reconocimiento que hace el sector financiero, al cual ha respondido la política económica y, además, ¿de qué estabilidad económica nos habla?, si el PIB de inicios del 2022 está en los niveles del PIB del 2016, aunado a fuertes presiones inflacionarias.
Dicha calificadora internacional en su comunicado reconoció que su decisión también se sustentó en el contrapeso legislativo que permite anticipar que no habrá cambios constitucionales en lo que resta del año. Ello evidencia que están felices por la no aprobación de la Iniciativa de la Reforma Eléctrica presentada por el gobierno, pues así se asegurará que seguirá la participación de la cúpula empresarial en dicho sector. Por lo tanto, el presidente debió haber dicho que la mejor calificación otorgada a México fue por la no aprobación de su Reforma Energética.
Standard & Poor’s espera que se mantenga en el país el “buen manejo fiscal y monetario” en lo que resta del presente gobierno. El problema es que de seguir dicha política continuará contrayéndose la actividad económica, la producción, la generación de empleo y proseguirán las presiones sobre precios, el mayor déficit de comercio exterior, el mayor endeudamiento que comprometerá la estabilidad financiera y económica.
También señalaron que la autonomía de Banxico “se mantiene como una de las fortalezas para la calificación”. Es decir, se califica al país en función de que mantenga las políticas neoliberales a favor del sector financiero, pues dicha autonomía no responde a las necesidades de crecimiento económico que requiere el país. Hay que recordar que la política económica debe responder a los propósitos nacionales y no de un sector específico como ha acontecido, donde ha sido el sector bancario-financiero el único favorecido.
Para Standard & Poor’s “el pago de intereses representará un promedio de 11.5% de los ingresos del gobierno general, también en esos mismos tres años”. Lo más probable es que sea mucho mayor. La SHCP informó que, de mayo del 2021 a mayo del 2022, el pago del servicio de la deuda aumentó 96.3%, y ello continuará aumentando debido a que Banxico y la Reserva Federal en EUA seguirán aumentando la tasa de interés. Lo que no dice dicha calificadora es que ello se traducirá en mayores recortes presupuestales que disminuirán más la actividad económica, como la recaudación tributaria, lo que presionará sobre las finanzas públicas y el monto de la deuda, por lo que ésta rebasará lo esperado por ellos y el gobierno.
De hecho, el monto de la deuda no es problema si ésta se canaliza a impulsar la actividad económica, pero en este caso, aumentará por las mayores tasas de interés, que solo favorece a los acreedores.
Los sólidos equilibrios macroeconómicos, a los que hizo mención Standard & Poor’s, no están presentes ante las presiones que enfrentan las finanzas públicas y el sector externo. Además, en el entorno de desaceleración de la economía nacional y mundial, el país no tiene asegurado flujos de capital, ni acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que el país no podrá hacer frente al pago de su deuda externa en los próximos años.
La Calificadora Moody’s, por su parte, “espera que la actividad económica continúe siendo afectada por débiles perspectivas de inversión y rigideces estructurales, factores que impedirán revertir el impacto que la pandemia tuvo sobre la actividad económica”. Y añadieron que “la falta de medidas para enfrentar desafíos estructurales, como el bajo crecimiento de la productividad, la débil participación femenina en la fuerza laboral y la expansión de la informalidad, continuará limitando las perspectivas de crecimiento de mediano plazo». Lo que no reconocen es que ello ha sido consecuencia de las propias políticas de austeridad fiscal y baja relación de endeudamiento que ellos recomiendan para dar buena calificación al país. Ha sido la austeridad fiscal la que ha restringido la inversión pública, la actividad económica y la inversión privada y el porque estemos por debajo de los niveles de actividad económica antes de la pandemia. Ello evidencia las contradicciones y la inoperatividad de las políticas económicas con que evalúan a los países, que en vez de configurar condiciones de crecimiento económico y de pago de la deuda, llevan a las economías al estancamiento que terminará comprometiendo el pago de la deuda externa.
El sujetarse el gobierno a los dictámenes y recomendaciones de las Calificadoras internacionales nos ha llevado a ser incapaces de encarar los problemas estructurales y los embates externos, conduciéndonos ello al contexto de estancamiento con inflación, alto desempleo y miseria que terminará en otra crisis recurrente en las que hemos estado.

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