Los derechos a los que tienen acceso las personas se han ampliado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) toda persona tiene derecho a una alimentación digna y a no padecer hambre. Entre los principales aspectos que contempla este derecho está la suficiencia de alimentos para toda la población; la accesibilidad, es decir, la posibilidad de producir o adquirir comida; la permanencia de acceso, incluso cuando haya situaciones extraordinarias y, además, la higiene y salubridad de los alimentos.
El acceso a alimentos saludables se ha vuelto un reto en últimos tiempos en nuestro país y en otros en el mundo. La abundancia de comida chatarra a edades tempranas limita la posibilidad de desarrollo físico y cognitivo de niños y niñas. Asimismo, los fenómenos meteorológicos que son consecuencia del cambio climático han puesto en peligro la posibilidad de acceso permanente a los alimentos para poblaciones enteras. Estas condiciones que vulneran el derecho a la alimentación no necesariamente afectan a todos por igual, los más afectados suelen ser quienes están en condición de pobreza.
La llamada pobreza alimentaria es una de las carencias sociales que se utiliza para medir la pobreza multidimensional. Según datos de la FAO, a raíz de la actual pandemia por Covid-19, para finales del 2020 el hambre crónica en el planeta pudo alcanzar los 130 millones de personas. Las regiones del mundo con mayor cantidad de individuos subalimentados son Asia, África y América Latina y el Caribe. Según datos de The Hunger Project México, en nuestro país 27 millones de personas se encuentran en condición de pobreza alimentaria, en tanto que el 12.5% de la población padece desnutrición crónica.
En este contexto, la intervención del Estado aún tiene un reto importante, no sólo para crear las condiciones de trabajo digno que posibilite adquirir alimentos de buena calidad, sino también la producción y distribución de los mismos en el marco de un proyecto de seguridad alimentaria. En tanto esto se logra, adquieren relevancia organizaciones como el Banco de Alimentos de Zacatecas.
Según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 16.6% de la población en Zacatecas (casi 300 mil personas) muestra carencia por acceso a la alimentación, lo que evidentemente vulnera el derecho a la alimentación digna. De ahí que la labor del Banco de Alimentos es indispensable. A través del rescate de alimentos se identifican los posibles beneficiarios –con base en un estudio socioeconómico– y se les entrega a quienes lo requieren. El Banco cuenta con seis programas y más de 20 mil beneficiados en once municipios del estado. Se trata de un esfuerzo valioso en pro de los derechos de quienes más lo necesitan. En suma, necesitamos que el Estado y la sociedad civil activen estrategias para garantizar el derecho a la alimentación, que, en términos rigurosos (para ser un derecho) debería estar desmercantilizada. Sin embargo, lo mínimo es garantizar el acceso de toda persona a la alimentación. No debería haber nada por debajo de esa expectativa. Es inconcebible que haya personas con hambre: in-con-ce-bi-ble.
