La salud mental no puede reducirse a un asunto de psicología ni resolverse exclusivamente en el consultorio. También es resultado de las condiciones materiales en que transcurre la vida: el acceso a una vivienda digna, un empleo estable, educación de calidad, seguridad económica y relaciones sociales libres de violencia y discriminación. Por ello, no es casual que, en medio de la crisis del modelo neoliberal y de las dificultades para garantizar derechos básicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraye el peso de la desigualdad, la pobreza y la exclusión en el bienestar emocional.
La advertencia obliga a cuestionar una visión que individualiza el sufrimiento y atribuye a cada persona la responsabilidad de sobreponerse a circunstancias adversas. ¿Cómo exigir tranquilidad a quien vive endeudado, teme perder su empleo, carece de vivienda propia o enfrenta jornadas laborales extenuantes? La angustia no siempre nace de una alteración individual: también puede ser respuesta a una realidad que deteriora las condiciones de existencia.
En las Américas, más de 185 millones de personas viven con algún trastorno mental y la mayoría no recibe la atención necesaria, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Apenas 2.1 por ciento del presupuesto sanitario regional se destina a este campo, mientras 42 por ciento de esos recursos se concentra en hospitales psiquiátricos. La insuficiencia presupuestaria y el predominio de la atención institucional revelan la urgencia de fortalecer la prevención, los servicios comunitarios y la atención oportuna.
En Zacatecas, el problema adquiere dimensiones particularmente preocupantes: 16.6 por ciento de la población adulta presenta indicios de depresión, la proporción más alta del país, frente a 10.9 por ciento del promedio nacional, de acuerdo con la ENBIARE 2025 del Inegi. La entidad también figura entre las cinco con menor satisfacción con la vida.
Estas cifras exigen políticas públicas sostenidas, no campañas conmemorativas ni exhortaciones a la resiliencia individual. Es indispensable ampliar los servicios psicológicos y psiquiátricos gratuitos, pero también combatir la precariedad laboral, garantizar vivienda accesible, fortalecer la educación pública y prevenir las violencias.
La salud mental requiere coordinación entre gobiernos, escuelas, centros de trabajo y comunidades, como plantea la OPS. Escuchar a quienes enfrentan estos padecimientos debe acompañarse de decisiones presupuestarias y transformaciones sociales concretas.
Una sociedad más justa no elimina todo sufrimiento, pero reduce las condiciones que lo producen y evita que pedir ayuda sea un privilegio. Defender la salud mental implica, en última instancia, defender el derecho colectivo a vivir con dignidad.
