Ya conocemos la iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta de la República al Congreso. Semanas de especulación y debate (motivados en parte por las propias actitudes de la Comisión encargada de diseñar dicha iniciativa), han culminado en una propuesta que, quizá por lo mismo, no ha gozado de la seriedad en el análisis que requiere la expectativa provocada.
A estas alturas, ya se conoce también el contenido de la misma. La mayor atención parece estar centrada, en la conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión respecto a la representación proporcional; el financiamiento y la fiscalización de las elecciones; y, finalmente, la regulación constitucional de la inteligencia artificial en las campañas electorales.
La deliberación pública se ha centrado en la modalidad propuesta para la selección de quiénes se incorporarán a la Cámara de los Diputados por la vía de representación proporcional, en una muy interesante propuesta, que, en lo particular, sigo sin entender qué se le objeta: de los doscientos legisladores actuales, cien obtendrán su lugar derivados de sus resultados como candidatos de mayoría que no obtuvieron el triunfo en sus respectivos distritos, respetando el número que corresponde a cada partido según la fórmula vigente. Es decir, no se reducen ni se amplían las curules de las expresiones políticas, sino solo la forma en que estos espacios se definen. Respecto a los otros cien, la propuesta consiste en crear lo que se conoce como “listas abiertas”, para que sean los votantes de los partidos quienes definan qué personajes representan a la opción política por la que votaron. Esto haría mucho más democrática la elección que la que tiene lugar actualmente, basada en una sola boleta y una lista cerrada diseñada a puerta cerrada por las dirigencias partidistas. Salvo que mi comprensión lectora sea errónea (cosa que puede suceder) me parece una oportunidad para la democratización de la vida interna de los partidos mediante una práctica poco invasiva. Y aunque pudiera desearse más, la propuesta tampoco parece romper con los acuerdos fundamentales que dieron forma a nuestra democracia electoral vigente, respetando, tanto la esencia de la reforma reyesheroliana de 1977, como la fundante del pluralismo competitivo de 1996.
Por otro lado, poca atención han merecido por su parte las reformas que se proponen al artículo 115 constitucional que regula la figura del municipio. Se propone agregar mecanismos de participación ciudadana que, si bien es existen en distintos ordenamientos jurídicos a nivel subnacional, no así en todos los estados, y no con la misma batería de derechos para que las personas puedan incidir en el ámbito público con impactos directos en su calidad de vida cotidiana, es decir, el de la comunidad en que se desarrollan.
La iniciativa propone, por ejemplo, agregar el siguiente párrafo al citado artículo 115: “Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa”. Esto implica integrar a los derechos políticos del ciudadano el de la incidencia en todos los municipios del país.
La reforma atiende, pues, dos puntos fundamentales en la construcción de una democracia representativa y participativa moderna: la democratización de la representación en la Cámara de los Diputados, y la participación ciudadana en la toma de decisiones desde lo local.
Desde luego la reforma es mejorable, y no pierdo de vista las propuestas que durante años en este mismo espacio he reiterado. La expectativa provocó una avalancha de ideas que se vieron acotadas en el texto final que se envió al Congreso, sin embargo, tampoco se trata de una reforma que socave los cimientos del acuerdo plural que dio origen a nuestro actual pacto democrático (salvo por la forma de la Comisión, que ha sido criticada por propios y extraños). Creo que, por el contrario, da lugar a una agenda pendiente: la recuperación del poder de incidir, opinar e incluso decidir, desde y en comunidad.
@CarlosETorres_
