El año de 1965 debido a las necesidades económicas del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas (ICAZ), el Rector informó al Consejo Directivo sobre varios servicios como la expedición de títulos profesionales, el registro de títulos, los exámenes de admisión y las prácticas de laboratorio, que hasta ese momento no reportaban ningún gravamen para los interesados, propuso a los consejeros su cobro. Se aprobó la moción para que a partir del siguiente ciclo escolar se incluyeran en el arancel para su cobranza.
Otro de los problemas que enfrentaban quienes dirigían al Instituto en esa época, estaba relacionado con el contrato de donación del Teatro Fernando Calderón, según el cual el inmueble debía facilitarse para uso político o de cualquier otra índole, cuantas veces fuera requerido por el Gobierno del Estado a través del Poder Ejecutivo. El Rector informó al Consejo Directivo que en ocasiones se llegaba a solicitar por el término de seis meses, prorrogable por otros seis más. Esto significaba que el Teatro no podía ser utilizado por el Instituto para obtener algún beneficio económico, a fin de que no constituyera una carga como lo era hasta ese momento, por las fuertes erogaciones de salarios, pago de energía eléctrica y por concepto de conservación y mantenimiento.
En breve el Instituto contaría con una sala de magnitud similar a la del Teatro, por lo que podría ser utilizada con mejores y mayores posibilidades, razón por la cual era viable renunciar a la donación o tratar de encontrar una solución satisfactoria, si el inmueble se conservara dentro de su patrimonio. El Consejo Directivo acordó entrevistarse con el Gobernador del Estado a través de las comisiones que se habían designado para encontrar una solución.
Un punto crítico para las autoridades del Instituto era la reglamentación en los Estatutos vigentes sobre las obligaciones y derechos de los maestros de Tiempo Completo, así como el desarrollo de sus actividades y estudios. En una reunión previa del Consejo Directivo se conformó una comisión para atender el asunto, integrada por los licenciados Magdaleno Varela Luján, José Abraham Torres Viramontes y Uriel Márquez Valerio. El Consejo acordó solicitar a la comisión la entrega de un proyecto de reglamento en un plazo de quince días, contados a partir de la fecha (8 de noviembre de 1965).
Un asunto relacionado con la rigurosidad de los cursos en el Instituto (entendida como el cumplimiento ético de las acciones que se realizaban para formar carácter, disciplina y constancia en los estudiantes), fue el que se presentó con dos alumnos de la Escuela Preparatoria que reprobaron una materia, para la cual solicitaron examen a título de suficiencia en una escuela Preparatoria foránea y aprobado el examen, solicitaron la revalidación correspondiente. El Rector puso a consideración de los concejales si los exámenes presentados en esas condiciones eran válidos o no.
Al respecto el Lic. Márquez Valerio expresó que no se le debía dar valides a esos exámenes, porque de hacerlo, se convertiría en un juego el estudio en el Instituto. Así cualquier reprobado de la Institución, fácilmente retornaría con una boleta o certificado aprobatorio y continuar cursando sus estudios en el Instituto. Por su parte el consejero alumno Antonio Valdez Maciel, comentó que, si bien es cierto que algunos alumnos presentan exámenes fuera del Instituto, es por la necesidad que tienen de salir a otros estados a continuar sus estudios. El consejero alumno Guillermo Rubio planteó que si no estaba prevista en alguna disposición del Estatuto vigente, en principio, no se podía rechazar la revalidación solicitada y desde luego, había que proceder a su reglamentación.
El Rector destacó que el argumento del alumno Valdez Maciel podía ser justo, porque el periodo de exámenes a título de suficiencia se extendió a los meses de febrero y septiembre, por lo que los alumnos que desean continuar sus estudios en otras instituciones, se encuentran con la imposibilidad de hacerlo por faltarles algunas materias, las que no pueden presentar a título. Es por ello que solicita a los consejeros autorización para establecer un período extraordinario de exámenes a título de suficiencia durante el mes de enero del próximo año. El Consejo aprobó la petición del Rector, el Lic. Márquez Valerio solicitó se aperciba a los alumnos que se verían beneficiados al tratar de regularizarse en tal oportunidad.
Por el mismo período en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo en el salón de actos de la Escuela de Derecho, el Rector informó que el Gobierno del Estado posiblemente se haría cargo de la Escuela Secundaria del Instituto, atendiendo las recomendaciones del Plan Federal de Educación que pretendía desvincular los estudios del nivel de secundaria de las Universidades e Institutos de Educación Superior, para que dependieran exclusivamente de los Estados.
Tal medida implicaría una reducción del subsidio y por otra parte la situación de los maestros tendría que cambiar. Además, notificó que había una promesa de las autoridades correspondientes, de que las plazas de los maestros se respetarían, es decir, pasarían a formar parte de la Escuela Secundaría del Estado y además el Gobierno Federal aportaría un subsidio especial para incrementar la planta de maestros hasta completar los tres años de secundaria y para el establecimiento de diversos grupos escolares hasta con un sueldo de cuatrocientos pesos por tres clases a la semana.
El Gobierno del Estado construiría un edificio para la Escuela Secundaria del Estado, por lo que el Rector planteó la posibilidad de facilitar la planta baja del Instituto para que funcionara la Escuela Secundaria del Estado, con una administración independiente. Al concluir su exposición el Rector solicitó a los consejeros su opinión al respecto. El Lic. J. Jesús Gutiérrez propuso solicitar al Gobierno del Estado el respeto irrestricto a las plazas de los maestros, dado que existía el antecedente de un convenio entre la dirección de la Escuela Normal del Estado y el Gobierno, cuando las plazas de maestros se incrementaron.
El Lic. José A. Pino Cámara manifestó que sería conveniente solicitar la celebración de un convenio entre las autoridades federales y estatales, que se formara una comisión con la finalidad de entrevistar al Gobernador y al Director de la Escuela Normal y elaborar un anteproyecto del convenio para aplicarlo conjuntamente con los maestros de la Escuela Normal. Era evidente que al crear la Escuela Secundaria del Estado el Sindicato de Maestros solicitaría esas plazas para sus agremiados; el Consejo designó al Lic. José A. Pino Cámara y profesor Heriberto Campos para la elaboración del anteproyecto auxiliados por el Director de la Escuela Secundaria del Instituto Lic. Jesús Gutiérrez y el propio Rector.
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1Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
