Zacatecas registró en 2023 una tasa de 18.9 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas por cada mil personas servidoras públicas, ubicándose en la posición 17 a nivel nacional. En cuanto al personal sancionado, el estado reportó 20.6 personas sancionadas por cada 10 mil servidoras y servidores públicos, lo que lo colocó como la octava entidad con mayores sanciones.
En el primer semestre de 2025, 45.2 por ciento de las personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, fue víctima de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta incidencia se presentó en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, establecido en 2003 por Naciones Unidas y conmemorado cada 9 de diciembre con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este problema y destacar la importancia de su prevención y combate.
Como parte de esta conmemoración, el INEGI puso a disposición del público información sobre la prevalencia de actos de corrupción en personas y empresas, basada en diversas fuentes estadísticas: la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020-2025; la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), 2014-2024; el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 2019-2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2024.
De acuerdo con estos datos, de enero a junio de 2025, 8.9 por ciento de las personas de 18 años y más, residentes de zonas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. En este caso, la prevalencia fue mayor en hombres (10.2 por ciento) que en mujeres (7.9 por ciento).
Por otro lado, durante el mismo periodo, 45.2 por ciento de las personas de 18 años o más, de áreas urbanas, que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue víctima de corrupción. Por sexo, los datos indican que este porcentaje fue de 49.9 por ciento en los hombres y de 36.8 por ciento en las mujeres.
Asimismo, el INEGI destacó que, en 2023, las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción, hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. En cuanto al comportamiento por sector económico (comercio, industria y servicios) no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción.
El organismo también recordó que las faltas administrativas se presentan cuando personas servidoras públicas incurren en actos u omisiones que contravienen los principios y obligaciones establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). En este marco, los Órganos Internos de Control (OIC) son los responsables de llevar a cabo investigaciones por presunta responsabilidad administrativa y, en caso de comprobarse la falta, aplicar las sanciones correspondientes.
Durante 2023, en la Administración Pública Federal (APF) se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas, cifra equivalente a 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas.
A nivel estatal, ese mismo año se iniciaron 34.6 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas. Las tasas más altas se registraron en Quintana Roo y Chihuahua, con más de 130 investigaciones por cada mil personas adscritas a instituciones públicas estatales. En contraste, en seis entidades federativas la tasa fue inferior a 10 investigaciones por cada mil personas.
En este rubro, Zacatecas presentó una tasa de 18.9 investigaciones iniciadas por cada mil personas servidoras públicas, correspondiente al indicador “Investigaciones iniciadas por cada mil personas servidoras públicas, según entidad federativa, Administración Pública Federal (APF) y Administraciones Públicas Estatales (APE)”. Ubicándose en la posición 17 a nivel nacional.
Respecto al personal sancionado, a nivel estatal, México y Campeche registraron las tasas más altas en 2023, con 103.1 y 81.0 personas sancionadas por cada 10 mil personas servidoras públicas, respectivamente. En el mismo año, las APE de Baja California Sur y Colima no reportaron personas servidoras públicas sancionadas.
En este indicador, Zacatecas presentó un registro de 20.6 personas servidoras públicas sancionadas por cada 10 mil, conforme al parámetro “Personal sancionado por cada 10 mil personas servidoras públicas, según entidad federativa, Administración Pública Federal (APF) y Administraciones Públicas Estatales”, ubicándose en el lugar 23.
