En la espiral de la discriminación y la falta de oportunidades en este país, se encuentran las niñas y mujeres indígenas. Los retos comunes que afectan al sector femenino se agudizan cuando se tiene la cualidad de pertenecer a los pueblos y comunidades originarias, condición que debiera ser motivo de orgullo y reconocimiento en cada rincón de nuestra Nación y que, por el contrario, representa una pesada loza que históricamente se ha cargado en las espaldas de nuestras hermanas indígenas por generaciones y generaciones. Ya de por sí en algunas etnias tienen que soportar matrimonios prematuros, venta o cambio por cosas, terrenos o animales, qué decir en el tema de la inseguridad, la falta de alternativas para estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente en esta sociedad que se supone modernista. Es el caso de que Reem Alsalem en su Informe de la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, establece que las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a formas de violencia complejas e interseccionales, vinculadas a las estructuras patriarcales, la discriminación racial y étnica y, la situación socioeconómica; haciendo un análisis global se tiene que las mujeres indígenas han estado especialmente expuestas a graves formas de violencia de género, como la esterilización forzada, la trata y la violencia sexual en el contexto del desplazamiento o la migración, las prácticas tradicionales nocivas y la violencia de género en el contexto de los conflictos. Dichas manifestaciones, señala Alsalem, son perpetradas por agentes estatales; agentes no estatales, como empresas privadas y grupos armados; miembros de su propia comunidad, y otros, sentencia además que los casos de violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas, muy frecuentemente no se denuncian, por lo que generalmente los agresores gozan de impunidad. Aunado a lo anterior y, a pesar de que enfrentan un mayor riesgo de padecer violencia, las mujeres y niñas indígenas desafían importantes obstáculos para acceder a la justicia, tanto en su comunidad o a través de las instituciones estatales, debido a la discriminación, los prejuicios, el miedo a la estigmatización, las barreras lingüísticas y los riesgos de revictimización, por lo que no reciben reparación por la violencia que han sufrido y afrontan las consecuencias de un trauma intergeneracional que, al no abordarse, se transmite de generación en generación. Por su parte, ONU Mujeres señala que la violencia de género, que ya era una crisis mundial antes de la pandemia, se ha intensificado desde el brote de COVID-19, ya que los confinamientos y otras restricciones en la circulación, han obligado a las mujeres a quedar atrapadas con sus agresores, aisladas del contacto social y redes de apoyo, lo cual se complica todavía más con la crisis económica, pues restringe la capacidad de muchas mujeres para abandonar situaciones abusivas. Para ONU Mujeres, tanto la inestabilidad social como la económica, generada por la pandemia de COVID, aumentará el riesgo de matrimonio infantil, mutilación genital femenina y trata de personas. De igual forma, la citada organización dispone que la pandemia ha expuesto a las mujeres líderes a reacciones violentas, amenazas, abusos y acoso en línea y fuera de ella por lo que puede provocar que éstas lleven a cabo sus tareas, independientemente del cargo que ocupen. Ante este escenario, se recomienda a las autoridades, incrementar los recursos destinados a refugios, líneas de atención y otros servicios de modo de satisfacer la creciente demanda en materia de violencia de género; de igual forma, se exhorta tomar en cuenta las necesidades de comunicación de las adultas mayores y de mujeres con acceso limitado a este tipo de tecnologías, por ejemplo, estableciendo sistemas de notificación de emergencias en farmacias y tiendas de alimentos, también se considera importante difundir campañas públicas de sensibilización, en especial, las destinadas a hombres y niños. Finalmente, ONU Mujeres considera fundamental el incremento de la financiación destinada a la organización de las mujeres; lo anterior, para hacer posible los cambios positivos mediante políticas públicas orientadas a poner fin a la violencia contra las mujeres tanto mestizas como indígenas, por lo que si se consolida la independencia económica de ellas, permitiendo el acceso y el control sobre ingresos periódicos, seguros y a largo plazo, estaremos empoderando y generando factores importantes para la superación de los grandes retos que hemos citado y la reducción de las amplias brechas que no dejan consolidar el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos Fundamentales.
