El contexto de complejidad que hoy caracteriza a nuestra vida pública, además, acosada por la constante tentación de la simplificación, ha complicado aún más nuestros problemas públicos. El Estado, en todas sus dimensiones, es cada vez más incapaz, de enfrentar los fenómenos que hoy acosan su legitimidad: la corrupción, la imperante desigualdad, el cambio climático y en el caso mexicano, la violencia imbatible. En todos ellos, el esfuerzo de las instituciones resulta insuficiente. Requiere cada vez más de un involucramiento ciudadano que colabore desde su esfera, que aporte su perspectiva, pero que, además, se apropie de la problemática, desde la configuración de las decisiones públicas, y con ello, los gobiernos puedan reconstruir la confianza que requieren sus políticas, en sentido amplio.
Todo lo anterior no es ninguna novedad, y pareciera incluso, a la luz de cualquier análisis superficial, una obviedad. Sin embargo, seguimos enfrascados en cómo pasar de la problematización y de la conceptualización de una prometedora solución, a los diseños e implementación de estrategias precisas para consolidar esta perspectiva. En el conjunto de esfuerzos, en lo que toca a la tarea anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han elaborado el Modelo de gestión de riesgos de Corrupción en el Sector Público, como mecanismo de prevención de actos o conductas que pudieran constituirse en una dimensión del fenómeno de corrupción, a partir del diagnóstico y gestión de riesgos de dichos hechos, desde las instituciones públicas, pero no a puertas cerradas, ni como un proceso interior o endógeno, sino “transitando de la gestión pública tradicional a una gobernanza colaborativa”. Lo anterior, asignando roles de participación activa en el proceso de identificación de estos riesgos a organizaciones de la sociedad civil, a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción y a los Comités de Participación Ciudadana Locales. Esto es, además del ya mencionado paso hacia la gobernanza colaborativa, un ejercicio de transparencia proactiva y rendición de cuentas, en clave gobierno abierto: es decir, a partir de información seria, verídica y confiable, con el apoyo de un sistema que permita el uso y manejo de dicha información y con la participación ciudadana, a través de diversos canales y roles específicos en el desarrollo de la política de diagnóstico, identificación, prevención y gestión de los riegos de corrupción.
Cabe destacar, para las instituciones, que el modelo, además, facilita su adopción a través de un enfoque flexible, que atienda “la complejidad y heterogeneidad en canto a estructura funcional, contexto organizacional y operación del sector público”.
El instrumento, como política pública, permite una oportunidad para alcanzar en concreto, con metodología, objetivos y pasos precisos, la incidencia ciudadana en la tarea anticorrupción, y con ello, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción en su novedoso diseño que integra la participación ciudadana, así como a todas las instancias del mismo, desde las instituciones fiscalizadoras hasta los órganos garantes del derecho de acceso a la información, con la oportunidad de que, con la flexibilidad que el modelo ofrece, se pueda insertar como estrategia de prevención en cualquier institución pública.
La propuesta es, pues, oportuna en el contexto que se describió al principio: frente a la complejidad, la corresponsabilidad colaborativa; para no caer en la simplicidad, sensibilidad y voluntad política para la apertura institucional y la deliberación conjunta; como respuesta a la crisis de legitimidad: el modelo de gobernanza en clave gobierno abierto.
@CarlosETorres_
