En estos días la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada ante el Congreso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador será sometida a discusión y en su caso a su aprobación. La iniciativa ha tenido previamente una amplia discusión en el Parlamento Abierto, donde pudieron participar los empresarios en sus diferentes ramos, los académicos e investigadores, las diputadas y diputados, las senadoras y senadores y todos aquellos interesados en el tema.
No es una reforma que se pretenda aprobar en “fast track”, como sucedió con la reforma eléctrica de 2013 de Peña Nieto, la cual fue aprobada sin discusión profunda y abierta en el Congreso, fue un compromiso derivado del supuesto “Pacto por México” suscrito por Peña Nieto con los líderes de los partidos políticos del PRI, PAN y PRD.
Esa reforma privatizadora trajo como consecuencia la entrega de la generación de energía eléctrica a empresas privadas, provocando el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), casi al grado de su extinción, al convertirla en una empresa fraccionada en nueve subsidiarias y cuatro filiales sin ninguna interconexión entre ellas. La reforma favoreció deliberadamente a los empresarios privados, los cuales se han apoderado del 62% de la generación de energía, mientras que la CFE participa solo con un 38%. Antes de esta reforma, la CFE producía el 64% de la energía eléctrica y el 36% restante lo hacían los privados.
El crecimiento acelerado de los privados con el menoscabo de la CFE se debe a que las empresas privadas son favorecidas en sus cuatro modalidades de generación de energía, tienen prioridad en el despacho para inyectar su energía en las redes de transmisión de la CFE y ésta debe comprar su energía a precios altos y garantizar su pago al 100 % mediante contratos a largo plazo a 25 años.
Asimismo, las sociedades de autoabastecimiento de energías limpias en manos de monopolios privados reciben subsidios del gobierno mediante certificados de energía limpia, por los cuales el pueblo de México a través de la CFE ha pagado 6,159 millones de pesos; además han caído en la ilegalidad al crear un mercado paralelo de electricidad con socios simulados de otras empresas sin pagar el transporte de la energía (porteo), al utilizar las redes de distribución de la CFE y sin pagar impuestos. De igual manera, reciben financiamiento a tasas preferenciales por parte de la Banca de Desarrollo de México; es decir, el Estado está financiando las privatizaciones.
En contraste, la CFE que produce el 60% de las energías limpias a través de sus hidroeléctricas es relegada al no tener prioridad en el despacho, ya que primero se prioriza a las energías solar y eólica de los privados, razón por la cual la CFE solo participa con el 38% de la generación de energía, no obstante que tiene una capacidad para generar el 54%.
El acaparamiento en la generación de energía eléctrica por los privados es peligroso, basta ver como en España donde el mercado de la energía eléctrica está en manos de empresas privadas como Iberdrola, se han incrementado de manera exponencial las tarifas, al grado que muchos hogares regresaron al uso de las velas y veladoras.
Con el propósito de lograr la autosuficiencia eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia eléctrica para rescatar y fortalecer a la CFE como un organismo de Estado, que produzca y tenga un despacho prioritario para la comercialización de al menos el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hagan hasta en un 46%; la cual venderán a la CFE mediante un mecanismo de adquisición, donde se despachará en orden de mérito de costos de producción, que les signifique ganancias razonables sin que la población pague tarifas caras por arriba de la inflación.
La reforma del Presidente propone la integración de la CFE como un organismo de Estado indivisible, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantice la seguridad energética, como condición necesaria de la soberanía y seguridad nacional, restableciendo un sistema eléctrico que asegure el abastecimiento de energía eléctrica a la población y a las actividades económicas a precios más bajos, que proteja la economía de las familias y garantice el derecho humano a la vida digna.
Propone la cancelación de las sociedades de autoabastecimiento, los contratos legados, los certificados de energía limpia y las subastas a largo plazo; elimina la compra forzada de la energía generada por los privados, los subsidios, el financiamiento y el despacho prioritario de los privados.
La reforma reconoce la transición energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud. Que el Estado tome la rectoría y control en la transición energética y con ello terminar con los abusos de los privados, y por su importancia en la transición energética no se otorgarán concesiones de litio y demás minerales estratégicos necesarios.
Las y los mexicanos esperamos que las diputadas y diputados, las senadoras y senadores con independencia de colores partidistas aprueben la Reforma Eléctrica, con ello demostrarán su patriotismo, su amor a México, a su patria; se sentirán orgullosas y orgullosos de defender la soberanía en un área estratégica, motor para el desarrollo del país y para el bienestar de su gente; la cual, de ninguna manera, su control debe estar en manos de los privados.
