No a todos los seres humanos les queda claro que todas las personas somos iguales, sin distinción, gozamos de las prerrogativas que desde 1789 han evolucionado hasta conformar un cúmulo de Derechos Humanos Fundamentales que el estado debe garantizar. Cualquier individuo es acreedor al respaldo de la Ley y del Derecho, incluyendo aquellos con alguna discapacidad. Una sociedad que se precie armónica y pacífica, debe mirar a todos sus integrantes por igual, también debe trabajar para superar las amplias desigualdades que motiven la discriminación y, a partir de la educación, formar individuos sensibles ante la adversidad que enfrenten los demás. Todas las instituciones públicas y privadas deben partir de la necesidad de facilitar las condiciones necesarias para que la igualdad sea posible en cada espacio donde la sombra de la discriminación se encuentre presente. Me refiero ahora al tema de la discapacidad, condición que padecen miles de niñas, niños y adolescentes, ya que de acuerdo con la UNICEF, en América Latina y el Caribe viven con esta condición 8 millones de menores de 14 años y de ellos, 7 de cada 10 niñas y niños con alguna discapacidad, no acuden a la escuela por lo que se reconoce que la inclusión no solo es una cuestión de derechos y de justicia social, sino también una inversión esencial en el futuro de las sociedades. En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que este grupo de la población, constituye uno de los sectores más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada; según la ONU, en comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, y cultural. Se advierte que todos los días, se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, violencia, abuso y aislamiento; así como a la falta de políticas y leyes adecuadas, lo mismo que a oportunidades educativas y económicas. La UNICEF establece que la exclusión social se refleja en costos significativos no solo para el individuo sino para la sociedad en su conjunto; el citado organismo internacional considera que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben ser el centro de todos los esfuerzos por forjar sociedades inclusivas, puesto que tienen los mismos derechos que los demás y, más que beneficiarios de ayuda, son agentes de cambio y autodeterminación, lo cual debe reconocerse en todos los ámbitos y garantizarse por todas las instituciones, autoridades y personas. Además, continúa la UNICEF, la exclusión conlleva a que estos niños, niñas y adolescentes en la adultez tengan menos probabilidades de trabajar, a que experimenten problemas de salud y sean más dependientes de sus familias y de los servicios gubernamentales por lo que mucho queda por hacer por estas personitas que enfrentan las peripecias que nos afectan a todos, tal es el caso de la crisis económica, la violencia y los impactos de la pandemia, con el agregado de las limitaciones inherentes a su discapacidad. En lo tocante a las niñas, niños y adolescentes con Síndrome de Dawn, quiero referirme inicialmente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de Diciembre de 2006, en cuyo Artículo 5° se establece que los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, y que tienen derecho a igual protección legal; en este numeral se adopta el compromiso de prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad, se adquiere la obligación de promover la igualdad y eliminar la discriminación, por lo que se tomarán todas las medidas pertinentes. Puntualizado esto, la ONU señala que la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar su calidad de vida. Lo que en mi opinión hace falta, es garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos y libertades fundamentales, ningún esfuerzo será menor tratándose de lograr dichos propósitos; la educación es fundamental, pues la formación de individuos sensibles si bien inicia en el hogar con nuestras familias, se debe reforzar en las escuelas. Sin duda, los parámetros descritos en convenciones internacionales, en leyes y otras disposiciones no tendrán eco, mientras seamos indiferentes, en tanto no incentivemos en nuestros hijos el valor de la inclusión, de la libertad y la igualdad.
