■ Grave, que documento tenga como fuente a la PGJE en voz de subprocurador: Cristela Trejo
■ Se ha generalizado en el país el hecho de minimizar muertes, desapariciones y violencia sexual, dice
Un boletín de prensa como el emitido por Comunicación Social de Gobierno del Estado, relativo al asesinato que en cercanías del cerro de Las Bolsas tuviera como víctima a un hombre, y del que fue testigo además el hijo del hoy occiso, es violatorio de los derechos humanos así como del debido proceso y aun del principio del interés superior del menor, dijo Cristela Trejo, integrante de Zacatecanos por la Paz.
La activista agregó, resulta lamentable que se emita desde instancias oficiales, pues no genera en la ciudadanía respeto al Estado de Derecho.
Señaló como grave que tenga como fuente a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en voz del subprocurador de Investigaciones y Procesos Penales de esta instancia, pues añadió, como sistema de Justicia debiera representar la vanguardia en cambiar este tipo de lecturas subjetivas, y por el contrario, exponer un lenguaje jurídico adecuado con el respeto de derechos humanos que, además precisó, enmarca tanto la Constitución General de la República como los tratados internacionales que ha firmado México.
Luego de destacar al compromiso institucional que tienen las instancias de procuración de justicia y recordar que recientemente se ha registrado un viraje hacia lo que se denomina un sistema acusatorio donde se presume el principio de inocencia para los involucrados en la probable comisión de delitos, agregó no obstante, “hay que ser muy realistas”, al referir que se carga como una inercia de 50 años “de un sistema político de juzgamiento violatorio de derechos humanos”.
Entre las prácticas asociadas a esta manera de hacer las cosas, refirió, se encuentran aquellas como la tortura, las violaciones al debido proceso y la prisión preventiva o arraigo, que han terminado por verse como normales.
Añadió, en un intento de dilucidar la intención de las autoridades por emitir un comunicado donde se revictimiza y se estigmatiza a las víctimas, como precisó es el caso, resulta más fácil para las mismas que atender los problemas como Estado.
Calificó esto como grave, porque se ha generalizado no sólo en Zacatecas sino en el país, el hecho de minimizar las muertes, desapariciones y tipos de violencia sexual, a los que la oficialidad no está respondiendo adecuadamente, pero sí desvía la atención y genera lecturas de los hechos donde se propone a las víctimas como merecedoras de ser sujetos de las agresiones.
“Lo que no debe suceder es que la institución genere este tipo de comunicados donde entre líneas se hace responsable del atentado a la propia víctima”, expuspo.
Advirtió asimismo sobre la falta de respeto al debido proceso y recordó para ello la experiencia del que involucró a la francesa Florence Cassez, de la que dijo, “es una persona que evidentemente era partícipe de delitos y por no respetarlo está libre”.
Precisó por ello que lo que debió consignar el comunicado es el registro de una persona víctima de homicidio, sin decir que tenía antecedentes penales y menos concluir, cuando todavía no ha finalizado una investigación, que era narcomenudista.
También fue equivocado dijo citar el nombre del occiso y más aún registrar el del menor, pues con esos datos cruzados, se le puede poner en peligro su vida, o su derecho humano a la privacidad y a la no discriminación.
CDHEZ: obligación de la Procuraduría, investigar
delitos como el asesinato cometido este domingo
La obligación y responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) es la de investigar los delitos, como el que se cometió este domingo y en el que fue asesinado un hombre en la capital de la entidad, independientemente de los antecedentes o forma de vida que tenga la víctima, aseguró la coordinadora de Visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ), María del Rosario Betancourt Salas.
Esta declaración la dio al hacer referencia al boletín enviado por Gobierno del Estado en el que se exponen, como punto primordial de la información, los antecedentes penales de César Rodríguez García, ex profesor de una escuela primaria, quien fue asesinado este domingo en Zacatecas, y en el que también se acusa a esta persona de dedicarse al narcomenudeo, pese a no estar concluida la investigación.
Betancourt Salas señaló que “es complicada esta parte de asegurar algo sin tener la evidencia o prueba contundente dentro de la investigación”.
No obstante, subrayó que lo que sí está claro es que se cometió un delito en el que fue privada de la vida una persona, por lo que insistió en que el trabajo que le compete a la autoridad responsable, que es la PGJEZ, es el de llevar a cabo la indagatoria para esclarecer este hecho violento.
En este sentido explicó que, dado que la víctima ya falleció, “ahorita ya la Procuraduría debe enfocar la investigación a la parte del homicidio. (…) Yo creo que el punto medular, desde el punto de vista de los derechos humanos, es precisamente que se cometió un delito y que la persona que fue privada de la vida lo que se debe investigar es quiénes lo hicieron y, desde luego, en su caso que sean llevados ante el juez competente para que se resuelva su caso”.
En el mismo tenor en el que aseveró que la Procuraduría debe investigar para tener los elementos contundentes que le permitan “acreditar la comisión del delito y el probable responsable”, agregó que no le corresponde finalmente a esta dependencia “emitir una sentencia”, sino que esto lo determinará en su caso un juez penal.
Betancourt Salas sostuvo que, como Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas están a la disposición de los familiares de la víctima en caso de que, si lo consideran necesario, soliciten por medio de una queja la participación, de forma más directa, de la institución para observar que la indagatoria en este homicidio se lleve a cabo de forma correcta.
Al respecto, concluyó que “estamos a sus órdenes para, en un momento dado, intervenir de manera más directa si se considera que no se está llevando a cabo una investigación correcta de los hechos; que se interponga en su caso la queja correspondiente ante la institución, haríamos lo que nos corresponde que es precisamente vigilar que la autoridad cumpla a cabalidad con su deber, en este caso, de investigar delitos, que está perfectamente claro en su propia Ley Orgánica, y la reglamentación correspondiente”.
