El pasado 19 de septiembre, un colectivo de Hackers autodenominado «Guacamaya» atacó a los equipos de cómputo de las fuerzas armadas en México. Esto ocasionó la «mayor filtración» de seguridad en nuestro país. Diversos medios han recibido archivos, casi seis terabytes, de los servidores del ejército que tratan sobre diversos temas. Claramente hay cuestiones éticas en difundir este tipo de filtraciones, pero también hay puntos que deben de investigarse por el bien nacional, desde definir el estado de seguridad cibernética del país hasta supuestas violaciones de derechos humanos. Esos dos puntos van más allá de cualquier coyuntura política.
Para México este es un asunto de historia viva. Recientemente se conmemoró la matanza de Tlatelolco, donde el ejército reprimió violentamente a un movimiento social, que terminó con varios muertos y centenares de presos políticos. Este fue uno de los momentos más impactantes de la llamada Guerra Sucia, siendo rémoras de un aparato político que utilizó al ejército como su martillo para reprimir cualquier crítica o disidencia. Esto es algo que la transformación de nuestro país no puede tolerar.
Podría decirse que el sistema nacional de Derechos Humanos existe como consecuencia de la confrontación con esta historia de abusos. El institucionalizar el respeto a los Derechos Humanos en el ejército ha sido una de las grandes metas de sociedad civil y el Estado de Derecho. En este intento de integrar al ejército en los esfuerzos para prevenir, eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, ha sido vital. Es por esto que deben de causar alarma las presuntas violaciones enunciadas en las filtraciones.
El periódico El País, el más importante en español, denunció que ha revisado mil archivos donde se habla de una Secretaría de la Defensa Nacional que no ha podido atender los casos de acoso y hostigamiento al interior de acuerdo con el marco nacional vigente. Se habla de victimas que temen represalias por denunciar estos delitos. De acuerdo con estos documentos, los agresores se resguardan en el uniforme para cometer las agresiones, y en acciones de aislamiento hacia las víctimas.
Esto es un golpe contra un ejército que ha tomado pasos para incorporar mejores respuestas a asuntos de violencia de género, e incluso entre 2011 y 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar inició 148 averiguaciones previas por acoso y hostigamiento sexual. Ya entonces se reconocía que el mayor problema para institucionalizar la igualdad de género en el ejército era un tema de estructuras verticales, y de ejercicio de autoridad. En 2011 se creó el Comité para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso sexual. En 2013, la oficina para la Atención de Víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual.
Al día de hoy se ha luchado por incorporar a cada vez más mujeres a las fuerzas armadas. En 2021 se registró la cantidad de 25, 257 mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Este esfuerzo debe de complementarse con acciones más claras y concretas relativas a violencia sexual. Los techos de cristales no pueden romperse si existen pisos pegajosos que impidan la permanencia y ascenso de las mujeres en las fuerzas armadas.
En 2009 el Estado Mexicano compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia de Rosendo Radilla. Vale la pena recordar la defensa del Estado mexicano en esos años: «Hoy no venimos a justificar acciones ilegales, venimos a demostrar que nos hemos reformado. No perdamos de vista que las Fuerzas Armadas no están bajo escrutinio hoy, lo están las personas que no supieron encausar su deber». Estas palabras siguen vigentes. Vigilar el cumplimiento de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, no es nunca un lastre para el ejército, al contrario, es una fortaleza. Debemos estar siempre atentos y atentas contra cualquier violación de derechos humanos, hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
