Con una inversión acumulada de 488 millones de pesos en tres años, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) ha ejecutado 208 obras en infraestructura hídrica y ambiental, principalmente en comunidades rurales.
De esas acciones, 91 fueron financiadas con recurso estatal y 117 mediante convenios con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), abarcando sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, colectores sanitarios y obras de saneamiento, informó su titular, Susana Rodríguez Márquez, en entrevista previa al Cuarto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila.
Zacatecas —subrayó— es actualmente el único estado del país con un esquema de coordinación tripartita entre municipios, estado y federación que se mantiene activo para ejecución de obra hidráulica.
El 62 por ciento del presupuesto total de la dependencia se ha ejercido en obra pública, en contraste con otras dependencias donde predominan convenios de operación.
Entre los proyectos emblemáticos mencionó el nuevo Colector Principal Norte en la capital, con inversión de más de 44 millones de pesos y más de tres kilómetros de longitud, que resuelve descargas históricas en el arroyo Las Pilas. También destacó la planta potabilizadora en La Concepción (Pinos), la planta de tratamiento en Momax, y la perforación de 42 pozos, de los cuales 40 han sido exitosos.
Tan solo en 2024, se gestionaron más de 252 millones de pesos para 104 nuevas obras hidráulicas. Aunado a ello, más de 130 acciones se han desarrollado en colaboración con CONAGUA y los municipios.
Rodríguez Márquez hizo hincapié en que la estrategia de inversión responde a un diagnóstico técnico-jurídico del panorama hídrico estatal, elaborado y validado a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADEZ). Este análisis considera disponibilidad, fuentes de abastecimiento, calidad del agua y factores climáticos para definir prioridades.
A la par, se han firmado convenios municipales, entregado camiones recolectores y elaborado manuales técnicos para apoyar el servicio, que sigue siendo responsabilidad de los ayuntamientos.
La secretaria destacó la implementación del primer sistema estatal de monitoreo de calidad del aire, desarrollado en colaboración con el Centro Mario Molina e instalado en la capital.
Este sistema contará con cinco estaciones de medición que permitirán construir el Programa Estatal de Cambio Climático, el cual incluirá estrategias de mitigación y adaptación con enfoque de justicia ambiental y social. El proyecto no representa gasto alguno para el gobierno estatal, aclaró la secretaria, ya que es financiado por el Centro Mario Molina con apoyo de cooperación internacional y aportaciones de empresas mineras interesadas en cumplir compromisos de compensación ambiental.
Uno de los cambios relevantes al interior de la Secretaría ha sido la transformación del perfil profesional de la dependencia. De contar con una mayoría de abogados sin formación en Derecho ambiental, SAMA ha transitado hacia un equipo técnico especializado.
Dicho cambio ha permitido profesionalizar su operación y responder de manera más eficiente a las exigencias de planeación e implementación de políticas públicas ambientales, indicó la funcionaria.
En lo legislativo, Susana Rodríguez resaltó el impulso a una nueva Ley de Aguas del Estado, que elimina temporalidades en concesiones municipales y reconoce el derecho al agua de pueblos originarios y ejidatarios. También se encuentran en proceso la Ley de Cambio Climático y una Ley de Ordenamiento Ecológico, que permitirán establecer reglas claras para el uso del suelo y proteger zonas estratégicas de valor ambiental.
