En Zacatecas, “en un marco de impunidad generalizada y subregistros”, son personas de entre 10 y 29 años las que conforman el 50 por ciento del total de las víctimas de desaparición, refiere Jairo López, investigador de la Unidad Académica de Ciencia Política (UAZ), ante esto, resulta urgente discutir y analizar la lentitud y opacidad de las comisiones de búsqueda y fiscalías que deberían dar respuesta a estos casos.
Como una postura política, en favor de los derechos humanos de las personas desaparecidas, los colectivos de búsqueda señalan que es problemática la distinción que la ley y la Comisión Nacional de Búsqueda hacen entre “personas desaparecidas” y “no localizadas”.
Mientras que a las personas desaparecidas se les clasifica como potenciales víctimas de un delito, los indicios de que una persona “no localizada” también haya sido victimizada pueden estar ausentes al momento de su desaparición, pero eso “no implica que no haya delito”, explica el investigador; muchas veces es el trabajo de las familias el que conduce a que una persona sea clasificada como desaparecida, agrega.
Las desapariciones que no son denunciadas por miedo, desconocimiento, o falta de cercanía a instancias y autoridades institucionales, son otro de los problemas que no se abordan, junto con las desapariciones que se tipifican como secuestro u otro tipo de delito.
“En México hay una discusión hoy a nivel nacional y que podemos replicar al caso Zacatecas sobre las grandes fallas que ha tenido el proceso de registro de los casos”, comenta el universitario quien también es parte del colectivo Sangre de Mi Sangre Zacatecas.
Los reportes de localizaciones con vida o sin vida que da el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se alimentan de la información de las fiscalías y las comisiones de búsqueda locales, que suelen actuar con opacidad, lentitud y sin rendición de cuentas.
De acuerdo a la ley bajo la que se rigen las comisiones de búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, las modificaciones sustanciales a este Registro deben hacerse con la participación de las familias de personas desaparecidas, sin embargo, esto no ha ocurrido, señala el académico. Un ejemplo de esto es la modificación del registro de personas desaparecidas en Zacatecas, que en abril se redujo de 4 mil casos a menos de 3 mil 700.
Por lo anterior, resulta urgente una “discusión pública, sobre la rendición de cuentas de cómo es que se hacen estos registros, cómo se hace la documentación y cómo se están implementando los mecanismos de búsqueda inmediata. Porque lo que vemos son instituciones absolutamente rebasadas”, comenta el sociólogo.
La implementación del protocolo homologado de búsqueda y la corroboración de los estándares de cualificación del personal que trabaja en la Comisión Local de Búsqueda y en la Fiscalía, además del necesario abatimiento de los discursos estigmatizadores en contra de las personas desaparecidas -que sirven para legitimar el mal funcionamiento institucional), son otras de las tareas urgentes en el estado que presenta la más alta tasa de desapariciones del país, refiere el investigador adscrito al colectivo Sangre de Mi Sangre Zacatecas
