Hace pocos días, el presidente norteamericano Joe Biden presentó un plan de infraestructura de 2.25 billones de dólares. En su discurso se refirió a que el crecimiento económico neoliberal había excluido a grandes sectores de la sociedad estadounidense, y que su propósito era incluirlos. Se trata de un programa para ocho años que incluye 620 mil millones de dólares para transporte y 650 mil millones de dólares para iniciativas como agua más limpia y banda ancha de alta velocidad. El plan de Biden también asignaría 580 mil millones de dólares a la manufactura estadounidense, que incluiría 180 mil millones de dólares para el mayor programa de investigación y desarrollo no relacionado con la defensa que se haya registrado, y 400 mil millones de dólares para el cuidado de personas mayores y discapacitados.
Es muy probable que el programa propuesto enfrente una oposición férrea de los legisladores republicanos, especialmente por su propuesta de financiar el proyecto incrementando el impuesto sobre la renta de las empresas al 28 por ciento y establecer un impuesto mínimo del 21 por ciento sobre las ganancias corporativas globales. Asimismo, asume que las desigualdades en el país han llegado a extremos inaceptables, por ello promete la creación de millones de puestos de trabajo y fortalecer la sindicalización. Para la mayoría de los norteamericanos que votaron por Biden, se trata de cumplir uno de los principales compromisos que asumió cuando los sectores progresistas de su partido, muy especialmente el encabezado por Bernie Sanders, se pronunciaron en su apoyo; de cualquier manera no faltarán legisladores conservadores entre los demócratas, que coincidan con los republicanos en calificar la propuesta como socialista, como ocurre también en México con varios de los programas de AMLO, como los que significan nuevos ingresos para distintos segmentos sociales vulnerables, que son rechazados aún por los opositores que durante la campaña ofrecían la renta básica universal.
Lo cierto es que en las tres décadas anteriores, tanto Estados Unidos como México han girado hacia la derecha mientras que Dinamarca y otros países nórdicos lo han hecho hacia la izquierda. Este debate ha cobrado notoriedad a partir de las elecciones primarias demócratas de 2016 y conducido a que el término socialista, ya sea entendido por la mayoría de los jóvenes norteamericanos, como sinónimo de sociedad justa y libre. Para ser precisos, a lo que se refieren los progresistas norteamericanos no es el modelo que incluye la propiedad de todos los medios de producción en manos del gobierno, sino una economía de mercado en la que las desventajas del capitalismo se mitigan por la acción gubernamental, que incluye una red de seguridad social muy fuerte. Tanto Bernie Sanders como AMLO se han referido a Dinamarca para ejemplificar sus aspiraciones, sobre todo en materia de salud. Y Dinamarca es un país con un claro rumbo socialdemócrata.
El Partido Demócrata de hoy está fuertemente cohesionado en torno a metas socialdemócratas, mucho más que en el pasado, sin que ello signifique eludir debates alrededor de asuntos como: ¿El impulso por la cobertura universal de salud debería incluir Medicare para todos o simplemente el derecho a que todos compren un programa Medicare mejorado? ¿Los demócratas deberían simplemente ignorar las calumnias de los republicanos acerca de que sus ideas socialdemócratas conducen al comunismo, o deberían tratar de convertir la mancha “socialista” en un motivo de orgullo partidista?
Un elemento muy actual de la narrativa demócrata es la necesidad de incrementar el número de trabajadores sindicalizados y de propiciar su empoderamiento, con el fín de que sus demandas de recuperación del poder adquisitivo tengan más peso en las negociaciones con el poderoso sector empresarial. Ese mismo resultado podría tener la reforma laboral que está en fase de implementación en México, y la prohibición del outsourcing que se debate en el congreso. La eliminación del sindicalismo blanco, la democratización a fondo de los sindicatos, y la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, pueden generar un sindicalismo que luche contra las desigualdades en México y que se convierta en puntal de apoyo para que la 4ª T incluya una reforma fiscal del mismo corte que la que impulsan los demócratas en E. U.
Hasta hoy, el gobierno de AMLO ha cumplido su promesa de no impulsar aumentos ni la creación de nuevos impuestos; es de suponer que con ello esperaba el presidente inducir la decisión empresarial de invertir para generar empleos. Lo real es que a la más que se ha llegado es a anunciar planes que no se convierten en realidad, mientras que en plena pandemia nos enteramos de que su práctica consolidada desde los años ochenta, de sacar sus capitales del país, se estaba acelerando, sin que pareciera importarles la reciente firma del TMEC. Es probable que ante esa realidad, el Gobierno Federal valore con otros ojos la necesidad de impulsar un gran programa de infraestructura financiado con recursos producto de la reforma fiscal cada ves más necesaria. Ante esa realidad cobra mucha importancia que la 4ª T mantenga su fuerza en la Cámara de Diputados. Los electores tienen la palabra.
