Zacatecas y Sinaloa comparten más que una frontera geográfica; comparten una historia de tierra, sudor y metales. Para nosotros, la minería es el pulso de la economía y la identidad, pero hoy ese pulso se siente acelerado por la angustia. Las noticias que llegan desde el municipio de Concordia, Sinaloa, son desgarradoras: el secuestro masivo de 10 trabajadores mineros la empresa Vizsla Silver Corp. Entre las víctimas, el dolor nos toca directamente en casa: Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, dos ingenieros zacatecanos que, como miles de nuestros paisanos, salieron de su hogar buscando el sustento para sus familias y hoy permanecen ausentes.
Esta desaparición ocurre en un contexto asfixiante, marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa y una espiral de violencia que ha vuelto a colocar a la entidad entre las más golpeadas del país. Concordia, un municipio históricamente atravesado por la riqueza mineral, hoy se encuentra atrapado entre el repliegue de comunidades enteras, el control territorial de grupos criminales y un silencio institucional que hiela la sangre. La denuncia pública de las familias ha sido breve pero contundente: “Se los llevaron y nadie nos dice nada”, expresó una familiar de los ingenieros en una entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva. Ese «nadie nos dice nada» es, quizás, la forma más cruel de vulneración de los derechos humanos: la incertidumbre impuesta.
La minería ya es, per se, una de las profesiones con mayores riesgos psicosociales. Estudios publicados en Redalyc advierten que la dinámica del trabajo minero como el aislamiento en campamentos, exposición a enfermedades pulmonares, las jornadas extenuantes y la distancia física de los afectos, genera una vulnerabilidad emocional constante. Sin embargo, cuando a esa fragilidad natural le sumamos el clima de violencia sistemática que impera en zonas serranas de Sinaloa, el riesgo se transforma en estrés tóxico.
La ciencia es clara sobre el impacto del secuestro y la desaparición forzada en el sistema nervioso. La incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido activa una respuesta de «duelo congelado» o ambiguo, donde el cortisol se mantiene en niveles patológicos, afectando no solo a la víctima, sino desmantelando la salud mental de todo su núcleo familiar. El secuestro en el ámbito laboral es, además, una violación flagrante al derecho humano al trabajo digno y seguro, transformando los centros de producción en zonas de guerra. No solo se llevan a un trabajador, fracturan el sistema nervioso de toda una comunidad.
Este secuestro masivo no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis profunda de procuración de justicia. Es momento de que el Estado garantice que ir a trabajar no signifique apostar la vida. Necesitamos una coordinación real entre los gobiernos estatales y la federación que vaya más allá del despliegue de militares; requerimos una inteligencia que desarticule el control que el crimen organizado ejerce sobre nuestras industrias vitales. Al día de hoy ni el gobierno estatal ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas, han hecho un pronunciamiento oficial en favor de nuestros paisanos sustraídos ni por el resto de sus compañeros, ni un mensaje solidario a las familias y mucho menos un acompañamiento.
Pienso en Ignacio y en José Ángel, en sus familias aquí en Zacatecas que hoy cuentan los segundos sin noticias de ellos. Pienso en todos aquellos que, con el casco puesto y lejos de su gente, enfrentan no solo la dureza de la mina, sino la sombra de la inseguridad. La minería es una profesión de hermandad, de «equipo», y hoy esa hermandad debe traducirse en una exigencia colectiva de justicia.
Al final, cuando las luces de la mina se apagan y el silencio institucional se vuelve ensordecedor, nos queda la cruda realidad de la ausencia. Ignacio y José Ángel no son expedientes, son hijos, padres y hermanos que hoy nos faltan porque el Estado olvidó que su primera obligación es protegernos. El ‘duelo congelado’ que hoy viven sus familias es una herida abierta en el corazón de Zacatecas. No podemos permitir que el crimen y la indiferencia del escritorio sigan enterrando la esperanza de quienes solo salieron a buscar la vida bajo la tierra. Porque mientras un ingeniero zacatecano siga desaparecido, todos estamos atrapados en ese vacío.
¡Que a tu teoría y a tus derechos no les falte calle!
Con entusiasmo, locura, rebeldía, ciencia y felicidad:
Claudia Lizbet Soto Casillas Investigadora en Educación y Derechos Humanos. Ganadora del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología.
