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lunes, 17 enero, 2022
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Por un presupuesto con enfoque social, que fortalezca el sistema de procuración justicia y garantice los Derechos Humanos

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Por: La Jornada Zacatecas •

Instituciones como la Fiscalía, el Poder judicial en su conjunto y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, han sido afectados en su presupuesto bajo el argumento de los altos salarios de sus directivos, cosa que es cierta y se puede verificar en los anexos y portales de transparencia que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos gana más de 111 mil pesos al mes, que el Comisionado Presidente del IZAI gana más de 120 mil pesos al mes, el Consejero Presidente del IEEZ 150 mil pesos mensuales, el inservible Auditor Superior del Estado gana de forma mensual 100 mil pesos, un magistrado del Tribunal Superior 108 mil pesos mensuales y los salarios de escándalo no paran ahí, le sigue el Magistrado Presidente del TRIJEZ con un salario de más de 120 mil pesos por mes más unas prestaciones indecentes como un aguinaldo de 200 mil pesos y en ese nivel están los salarios de las cabezas del Tribunal de Justicia Administrativa y también el laboral.

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Todos estos excesos deben de terminar y justo este es el momento cuando se discute el presupuesto de egresos del año 2022 que tiene importantes incrementos en áreas como la seguridad, la cultura, el desarrollo social, el campo o la obra pública, todos esfuerzos que se aplauden pero que podrían opacares si los recortes al sistema de procuración de justicia se hacen en el gasto general y no en el capítulo de salarios.

La situación del sistema de justicia zacatecano es precaria y ahora con el sistema de justicia laboral en marcha las responsabilidades son mayores por lo que el presupuesto debería de ser destinado para cumplir con el mandato de que la justicia debe ser rápida y expedita y no un calvario de años por la falta de capacidades institucionales; así pues la discusión del presupuesto debe de centrarse en resolver la pregunta ¿cómo garantizar un sistema de justicia eficiente y al mismo tiempo eliminar esos excesivos privilegios?

Si la finalidad es eliminar privilegios y no afectar capacidades institucionales, las medidas correctas son manteniendo o mejorando los montos de subsidio y cambiar los capítulos del gasto, así de sencillo. Pero si se bajan los montos y no se hacen las modificaciones en los capítulos (ni se promueven retabulaciones), es demagogia pura.

Desde el 2008 esperamos que funcione el sistema de justicia procesal que dé mejores resultados. Y nada ha ocurrido. Todos los gobiernos declaran que es una prioridad (y hacen propaganda con eso) y al llegar el momento práctico de la definición de presupuestos y estrategias de fortalecimiento institucional lo dejan a un lado. El resultado es el esperado: el problema de impunidad sigue porque no se activaron los medios para alcanzar la finalidad declarada (anomia gubernamental).

Cuando se habla de ‘austeridad republicana’ para justificar la eliminación de abusos, todo mundo estaremos de acuerdo, pero si se usa para eliminar capacidades de instituciones esenciales nunca podremos estar de acuerdo. El uso demagógico de la ‘austeridad’ tiene resultados concretos: personas que estarán encerradas siendo inocentes y recorran años sin sentencia, delitos sin investigar y el dolor de cientos de familias en la impunidad o las violaciones de derechos humanos sin observación. En un sistema de gobierno racional, cuando se quieren hacer este tipo de recortes, se hacen evaluaciones de capacidades institucionales y de desempeño para observar en dónde y cómo se pueden hacer ahorros sin afectar zonas delicadas de la operación de dichas instituciones.

No se operan consignas mediáticas genéricas sin ofrecer evidencias de la correlación de corrida financiera respecto a las justificaciones aportadas. En el marco de todas estas cuestiones debemos sacar una conclusión: debemos rescatar el valor de la verdad en la política.

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