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miércoles, 24 abril, 2024
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Reflexiones sobre el papel de los intelectuales del país

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Por: José Luis Pinedo Vega •

Oponerse por oponerse no es de mentes académicas ni científicas ni de los profesionistas. Teóricamente, este es el sector de la sociedad más analítico y preparado, por tanto, que debía actuar en consecuencia. Pero hay un número importante de todos ellos, continuamente envueltos en el deporte más simple y con menos reglas de juego, el de oponerse por oponerse a todo lo que impulse el gobierno.

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Entre otras, se desató, sin fundamento, o más bien, sin escrúpulo, una ola de oposición a la ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI), oposición que, paradójicamente, comenzó en la máxima casa de estudios del país, la UNAM, e intentó constituirse en un movimiento académico.

Como la mayoría absoluta de las oposiciones y los descontentos surgen sin esfuerzo, sin sustento y logran ser adoptadas sin resistencia. Solo basta que las élites, anteriormente privilegiadas, escupan comentarios sueltos, y no falta quién los adopte sin exigir un: ¿será verdad? Y la Reforma a la anterior ley del CONACYT ha sido la nueva víctima.

Se acusó que la reforma coarta la libertad de investigación e impone líneas de investigación. Sin embargo, no hay alguien a quien lo estén obligando a investigar algo contra su voluntad, sino que levante la mano. Se dijo también que iban a recortar un gran número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y no se sabe de ninguna baja, por el contrario, en el 2022, aumentó el número de investigadores nacionales y ya salió la convocatoria 2023. Se dijo que se iban a recortar las becas para estudios de posgrado, cosa que tampoco hemos visto. 

Nadie puede decir que la anterior ley del CONACYT era la panacea, y que la investigación en México era inmaculada. Y el problema no solo era la ley, han sido los usos y costumbres dominados por los grupos de poder de la investigación. Si, también en la investigación hay grupos de poder enquistados por décadas, que han impuesto políticas y gozado de privilegios. En el otorgamiento de financiamiento para proyectos de investigación ha imperado el favoritismo, el tráfico de influencias y la exclusión de las universidades de provincia. Ha habido grupos de investigación superprivilegiados dotados de uno o varios edificios, con equipo de primer nivel y presupuesto ilimitado que no han tenido que rendir cuentas a nadie y, finalmente, con su producción científica, no pueden justificar el presupuesto recibido y tal vez ni su existencia. Y obviamente, igual que otras élites privilegiadas de este país, no quieren que se les toque ni con el pétalo de una rosa. La UNAM y al CINVESTAV y los Centros SEP-CONACYT han gozado de privilegios, mientras que, en las universidades de provincia, para obtener recursos para la investigación, se tienen que hacer elaborados proyectos y trámites burocráticos, y se les vigilan con lupa. Como resultado de tortuosas gestiones, se obtiene presupuesto insuficiente, o sea migajas, y como consecuencia se investiga contra viento y marea. 

La ley HCTI trata de que el sector privado, igual que como se hace en el primer mundo, promueva la investigación, creé grupos de investigación, contrate investigadores y genere empleos. En años anteriores, en la política del CONACYT llevaban preferencia de financiamiento los proyectos ligados al sector privado. De esa manera, diversas empresas, incluso trasnacionales, evitaban pagar sus investigaciones o contratar investigadores. En los hechos se le financiaban investigaciones con presupuesto del Estado.

Se señala que, en otros países, se destina un porcentaje, del orden del 10% del PIB, para la investigación. Pero no se dice que, en el primer mundo, las empresas privadas son las que más aportan financiamiento para la investigación, tienen sus propios centros de investigación, contratan investigadores, incluso con estrictos convenios de confidencialidad para mantener en secreto sus investigaciones. Pero, además, como el PIB es resultado de la capacidad de producción de un país, en una economía de mercado, esa capacidad recae en las empresas privadas. Y lo que las empresas destinan a la investigación es por su propio interés. De otra manera no podrían innovar y estarían expuestos simplemente a pagar patentes por el uso de innovaciones. Lo que no se dice es que en el primer mundo las empresas no viven a la sombra de los favores del gobierno.

Podemos estar de acuerdo en que México no está bien, aunque ésta es una aseveración relativa. Antes de aceptarlo, hay que decir que el mundo no está bien, que el desempleo existe en todo el mundo, que la inflación se sufre en todo el mundo, que las desigualdades entre la población y en el mundo entero son abismales, que la economía mundial vive artificialmente oxigenada por las deudas externa e interna; una deuda que es discrecional, puesto que con ella a unos países se les ahoga, mientras que otros evaden la responsabilidad de pagar, entre otras cosas, emitiendo bonos del tesoro o imprimiendo moneda sin sustento y sin escrúpulo.

Podemos aceptar que México no está bien. Pero lo que es inaceptable es que esté peor que antes. En lo que va del sexenio, entre las cosas que están bien, y nos benefician a todos: El precio de la gasolina se ha mantenido relativamente estable y es del orden del 60% del precio en Estados Unidos y del 70% del precio en Europa. La deuda externa, que en otro tiempo asfixiaba al país, no ha aumentado, a pesar de que, debido a la pandemia, aumentó prácticamente en todo el mundo. El salario mínimo aumentó substancialmente y esto es benéfico para la economía porque si los ingresos de la población aumentan, aumenta la capacidad de compra y se benefician al comercio, las actividades productivas y el conjunto de las actividades económicas. La inflación, que es motor ineludible de la economía de mercado a nivel mundial, es menor en México respecto a las potencias mundiales. La moneda no se ha devaluado. Las inversiones extranjeras han crecido, contrariamente a los presagios de la hoy oposición… 

La HCTI tampoco es perfecta y su aplicación enfrentará muchos obstáculos, pero constituye una reforma que pretende mejorar el estado de cosas. Los investigadores tenemos que aceptar que también podemos ser cuestionados y que no todos somos iguales. Tenemos que actuar con la verdad y en favor de la verdad. No podemos estar de acuerdo en cómo han estado las cosas.

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