La industria minera expolia los territorios y éstos no reciben beneficios que compensen (un poco) dicho perjuicio. Los impuestos tienen dos problemas: son minúsculos, por un lado; y por otro, los recibe directamente gobierno federal. Las localidades que ponen todo, no reciben nada. Para compensar un poco esta situación de crasa injusticia se estableció que se destinara una parte del llamado ‘impuesto minero’ a las localidades donde se producen o extraen los minerales y los metales. Por la Ley de Derechos (del 2014) se establece un fondo para el desarrollo regional. Ese fondo se ha convertido en algo vital para construir obra pública en las comunidades en cuestión. Esas obras se traducen no sólo en beneficios públicos, sino en empleos.
Para el 2017, el estado recibió 269 millones y los municipios productores tuvieron el ingreso de casi 445 millones, dando una aportación total de la nada despreciable cantidad de 718 millones de pesos. Para este año es una cantidad similar, con sólo 2 millones de diferencia. Como coincide que los municipios reciben esos recursos son aquellos que históricamente han sido los de mayor marginación social, como es el caso de los municipios del semidesierto noreste, pues la ausencia de estos recursos se resiente aún más, porque (sabemos) un vaso de agua tiene más valor en el desierto que en la selva tropical. El valor relativo del lugar marca el juicio.
Pues ahora resulta que esos recursos pueden no llegar a Zacatecas. Continúa la explotación de los recursos naturales del estado, el pago de las mineras sigue siendo ridículo y, ahora, gobierno federal puede hacer un uso distinto de los 720 millones de pesos que corresponden a Zacatecas. Por el contrario, creemos que este nuevo gobierno debería estar proponiendo la modificación de la injustísima Ley Minera. De hecho, en el Senado es una zacatecana la presidenta de la Comisión de Minería y pertenece a las izquierdas. ¿Por qué no han propuesto iniciativas para modificar esa Ley que agrede la justicia y dignidad de los pueblos mineros? Nada hemos visto al respecto, pero aun esperamos verlo. Pero también deberían modificar las reglas hacendarias donde se establece que los asuntos de minas es tema exclusivo de Gobierno Federal. No: debe ser tema también de los gobiernos estatales y, aun, de los municipales. Esas reglas se hicieron para que los dueños de las minas se arreglaran con el presidente en turno y todo fluyera sin la menor incomodidad (para ellos).
Además de la posible privación de los recursos del fondo minero, también está sin resolver el ingreso por concepto del así llamado ‘impuesto ecológico’. Es mucho dinero fuera del estado. Entendemos que el Gobierno estatal y la mayoría de los legisladores federales son de diferente signo partidario; pero, ¿no se supone que ambos deben responder a los interese de los zacatecanos? Los ciudadanos de este lugar esperamos que los políticos vean más allá de sus próximos cálculos electorales y observen las carencias esenciales que padecemos. Ojalá y todos los políticos zacatecanos hicieran bloque para defender al terruño. Los boquetes presupuestales pueden hundir el barco del desarrollo de la entidad.
