La diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Maribel Galván Jiménez, logró que la Legislatura del estado exhorte al Congreso de la Unión para que lleve a cabo una reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, a fin de ampliar su objeto para establecer un mecanismo para controlar la venta al menudeo de sustancias químicas abrasivas con las cuales se cometen ilícitos.
En México, recordó la legisladora, desde hace varios años se ha tenido presencia de actos delictivos perpetrados con el uso de sustancias químicas abrasivas, principalmente, con ácidos; estos actos se han llevado a cabo especialmente para atentar contra la integridad física y emocional de mujeres y para desaparecer restos humanos, producto de las actividades que desarrolla el crimen organizado en nuestro país.
En el primer caso, expuso, se tiene registro que en los últimos 20 años han sido agredidas con ácido por lo menos 30 mujeres, de acuerdo con un registro de la Fundación Carmen Sánchez, primera asociación civil creada en México con el objetivo de visibilizar las causas y consecuencias de la violencia ácida desde una perspectiva feminista. Prueba de ello, están los casos recientes y con mayor visibilidad mediática como el de Esmeralda Millán, en el estado de Puebla, quien fue atacada por su ex pareja en compañía de otros sujetos que le arrojaron ácido quemándole cara, cuello, pecho y parte de los brazos y manos; o como el de María Elena Ríos, en Oaxaca, saxofonista de 28 años quien resultó con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, debido a las agresiones sufridas con ácido, presuntamente por órdenes de su ex pareja, un empresario y ex diputado local en ese estado del país.
Por otro lado, está el uso que el crimen organizado da a sustancias corrosivas como los ácidos para desaparecer cuerpos humanos completos, producto de sus actividades delictivas. Por mencionar algunos casos, recordó lo sucedido en el estado de Baja California, en 2009 cuando fue detenido Santiago Meza López, un albañil al que se le apodaba “El Pozolero”, quien confesó haberse deshecho de al menos 300 cadáveres que le entregaba una banda vinculada al Cártel de Sinaloa, o bien, lo sucedido en el estado de Veracruz, caso relativamente reciente que data del año 2020, en el que se encontraron 12 cocinas, llamadas así a los espacios que utiliza el crimen organizado para disolver restos humanos con ácido y así lograr desaparecerlos.
La legisladora detalló que en la actualidad la norma mexicana se enfoca en establecer controles mediante las importaciones y exportaciones de los químicos, sin embargo, esto atañe únicamente a los grandes volúmenes, es decir, es un control para las empresas, pero no son estas las que están cometiendo delitos, sino más bien son los particulares, ya sea de forma individual o mediante organizaciones criminales,
En ese sentido, consideró necesario que la norma incluya un control en la venta de estos abrasivos para que al menos exista un registro de aquellos que adquieren las sustancias; insistió en que dicha norma debería implicar la creación de un registro de los compradores de estas sustancias al público en general, el cual deberá proporcionar sus datos para hacer uso de tales sustancias, así como de asignar a la autoridad correspondiente su control y vigilancia, las funciones al respecto y las sanciones derivadas del incumplimiento, lo anterior armonizado con las leyes en materia de protección de datos personales.
