La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM), en su parte orgánica plantea, justo en el artículo en mención y de acuerdo al modelo federal, la obligación del municipio de tener a su cargo los servicios públicos, mismos que ya todos conocemos todos y normalmente son el origen de toda inconformidad social. Con justa razón.
Sin embargo, el 115 así como muchos otros, han quedado rebasados, son obsoletos o letra muerta porque el país dividido en sus tres niveles, como originalmente se pensó, ya no existe. Estos artículos debieran ser progresivos de acuerdo al crecimiento poblacional. Para nadie es un secreto que la periferia de los municipios de las zonas conurbadas de todo México, están flanqueadas por grandes concentraciones de gente viviendo en asentamientos irregulares. De tal suerte que el municipio se encuentra entonces en un predicamento… no solo el municipio, el Estado Mexicano se enfrenta a un problema y a un dilema que prefiere descargar a la postre en el municipio, sin dotarlo de absolutamente de nada, más que de las leyes y reglamentos que constituyen el marco jurídico. Se me viene a la mente la película de Luis Estrada, llamada “La Ley de Herodes”, en la escena en la que el gobernador del estado le da una constitución al presidente municipal interino, de apellido Vargas, mismo que al cuestionarle al gobernador de dónde habrá de sacar dinero para desarrollar las tareas básicas del pueblo, recibe la instrucción de echar a volar la imaginación y utilizar la carta magna como manual de recaudación o ley de ingresos.
Los municipios son el eslabón más débil del Estado, porque es ahí justo donde recaen las necesidades de la población, luego entonces se cuenta con la obligación, pero no con las herramientas para cumplir con el mandato. El pacto Federal-Fiscal, hoy en día, es paradójicamente, parte de uno de los principales problemas de este país, que es la repartición inequitativa de la riqueza.
Los municipios y sus finanzas y deficiencias –por lo menos de la mayoría- exhiben que el pacto fiscal y su fórmula de distribución, también ha quedado rebasada, por una parte los gobernadores de los estados más ricos de México exigen que el retorno de su ingreso por concepto de participaciones federales sea proporcional a lo que aportan al PIB, lo que no sonaría mal en un país tan desigual, tan injusto en todo sentido y en un momento crítico por el crecimiento de la pobreza y a su vez por efecto añadido de la disminución de la clase media. Resulta entonces a todas luces, sumamente egoísta para con los estados que no tienen la posibilidad de impactar el PIB como lo hace Jalisco o Nuevo León, por ejemplo. Pero por otro lado, existe también quienes pensando socialmente plantean que lo que hasta hace algunos años a pesar de ser insuficiente (el presupuesto de los municipios) por lo menos tenía fondos y programas que ayudaban a contener la caída de las finanzas locales y el endeudamiento y por ende el desahucio paulatino de este nivel de gobierno.
Solo para ejemplificar con dos programas federales que han venido con su desaparición a pegarle en la medula al municipio, me he de referir al FORTASEG y al Fondo Metropolitano, aunque ya encarrilado, por la vocación de nuestro estado, también he de mencionar al Fondo Minero:
Entre 2019 y 2020, la desaparición de estos fondos ha significado el colapso de muchos municipios, que ahora pareciera, tienen como única función la dispersión de la nómina, porque de obra pública ni hablamos, pero lo grave es que al tener que destinar recurso de otras partidas presupuestales a Seguridad pública, que a todas luces es una prioridad, sacrifican otras áreas de vital importancia, por ejemplo, los servicios públicos. De esta manera, se dibuja de cuerpo entero la encrucijada en la que se encuentran los municipios, sus alcaldes y lo más triste, sus ciudadanos, porque son (somos) los que padecen las deficiencias de los ajustes presupuestales que impactan la calidad de los servicios.
O el gobierno federal entiende este problema o no tendría caso hablar de la recomposición del tejido social que empieza en casa, como lo ha manejado el presidente AMLO, para presentar una estrategia diferente para combatir el crimen y bajar los niveles de violencia en el país, y no se equivoca, es una buena estrategia, pero es imposible llevarla a cabo ahogando a los municipios de este país, que son, repito, la institución primera de contacto con el ciudadano.
Quien piense que gobernar-administrar es sencillo, que lo experimente en el municipio. Seguramente cambiará de parecer muy pronto.
