Regidores del municipio de Juan Aldama, junto con el exsecretario de Gobierno y el síndico denunciaron una situación de ingobernabilidad en el Ayuntamiento, señalando posibles desvíos de recursos, transferencias irregulares, contratación indebida y retención de salarios. Indicaron que en la nómina del municipio se incluyen a asesores como el exalcalde de Ojocaliente, Héctor Arturo Bernal Gallegos, con un pago de 32 mil pesos mensuales sin que hasta ahora haya prueba de sus funciones.
El síndico Genaro Azael Valles Arredondo expuso que hay evidencia de transferencias irregulares de cuentas de la Presidencia Municipal hacia cuentas personales de miembros del Ayuntamiento.
Señaló que, al no existir un comité de adquisiciones, la alcaldesa designa “adquisiciones por la vía libre” incluso a familiares directos. Precisó que se han presentado denuncias ante la Auditoría Superior del Estado, Órgano Interno de Control, Fiscalía Anticorrupción, y la Comisión Jurisdiccional de la 65 Legislatura, con la relación de las facturas como prueba.
Resaltó que la tesorera municipal, Norma Alicia Gómez Galindo, dispone “a diestra y siniestra” de los recursos, sin ningún acuerdo de Cabildo. Además, explicó que solo la mitad de las dependencias del gobierno municipal tiene nombramientos aprobados por Cabildo.
Irwin José Guerrero Romo, regidor del PVEM e integrante de la coalición que llevó a la alcaldesa Griselda Romero Zuñiga al cargo, dijo que el 80 por ciento del Cabildo está en desacuerdo con la edil y que la asignación de obras se hace de manera discrecional, además de que se le ha retenido el salario como forma de intimidación.
“Juan Aldama lleva cuatro meses sin sesión de Cabildo ordinario, hemos hecho en un lapso de 15 días cerca de 30 extraordinarias, en un acto arbitrario donde la presidenta municipal y su equipo de asesores, debo decirlo, panistas, totalmente, han hecho o han querido que estallemos de esa forma”, señaló Guerrero Romo.
Enfatizó que el Ayuntamiento está en manos de un grupo de asesores panistas, entre ellos, la asesora política de la alcaldesa (quien fue síndica por el PAN en 2018); el suboficial mayor, el director de Agua Potable que (antes encargado de alumbrado público por el blanquiazul), la directora del Instituto Municipal de la Mujer y el órgano de transparencia, que repite por tercera administración.
“No ganó el PAN en Juan Aldama, ganó Morena, ganó el Partido Verde, y queremos que eso es lo que se ejerza”, reprochó.
Edgar Roberto Chávez García, regidor del PRI, afirmó que la alcaldesa ha difundido información falsa para generar antipatía hacia el Cabildo. Explicó que rechazaron contratar una deuda de 5 millones de pesos para financiar el programa de despensas del gobierno estatal. “Es un programa muy humanitario que aplaudimos y que queremos para nuestro municipio, pero no con la deuda”, subrayó.
Jesús Casio Pérez, exsecretario de gobierno destituido el pasado 30 de noviembre, aseguró que el Cabildo lleva seis meses sin sesionar, pese a que la ley obliga a hacerlo al menos una vez al mes.
El exfuncionario precisó que su separación del cargo obedeció a tres señalamientos: invisibilizar las funciones de la alcaldesa, desacato a la autoridad y violencia de género. Rechazó haber ejercido cualquier agresión.
Sonia Serrano, regidora del PRI, sostuvo que, por el contrario, son los integrantes del Cabildo quienes han sufrido agresiones por parte de la alcaldesa, como el no dejarlos votar o retirarse de las sesiones sin cumplir el protocolo legal. “Eso pasa cuando tocamos los temas de dinero, que se molesta”, precisó Chávez García.
La regidora agregó que tanto el gobernador como la alcaldesa serán responsables si algo les ocurre “por incitar al pueblo en su contra”.
Los funcionarios también denunciaron que se han detectado dos pagos por un monto total de 16 mil pesos a la revista Impetú, desde la que se ejerce violencia política en contra de ellos.
