Son cínicos. Para la cúspide de la estructura del Poder Judicial, en especial para la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resulta prioritario arrancarle a la hacienda pública hasta el último centavo partido por la mitad. Se pretenden garantizar que suceda para cuando ya ni siquiera estén en funciones. No tienen ética, moral, vergüenza, ni llenadera.
Su objetivo no siempre es la impartición de justicia, sino hacerla una mercancía a la carta. Paralelamente, acrecentar sus haberes económicos al transferir recursos públicos, y de la “venta” de la justicia. Su práctica demuestra que la han privatizado y no es un bien social.
En secrecía, los ministros se autodesignaron pagos escandalosos y prestaciones de locura que irradia toda su familia. Estos mortales creen poseer en sí, y para sí, un poder supremo que a veces brinca la constitución o la aplica a su modo. Pero…, son marionetas de las oligarquías nacional y extranjera. Tienen apoyo de empresas explotadoras, saqueadoras, destructoras de la ecología, gobiernos imperiales y de políticos corruptos a los que sirven.
López Obrador siempre ha dicho que la corrupción es el problema principal de México. He insistido que sólo es herramienta, método. Una forma operativa del gran capital que acrecentó el neoliberalismo. Peña Nieto afirmó que es parte de nuestra cultura.
La reforma al Poder Judicial derribó el telón ideológico que impedía ver que las necesidades del capital transnacional y del país habían diseñado, por conducto del PRIAN, una “ley de herodes” e instituciones para ocultar, justificar, defender e implementar parte de la reproducción de relaciones de corrupción, complicidad e impunidad, necesarias para el funcionamiento del modelo social que trasplantaron (1982 al 2018). En ese período se creó y se puso en funcionamiento una estructura que también incluyó aparatos ideológicos ya desnudados.
Para nadie es un secreto que las cárceles están llenas de pobres culpables, o no; mientras los pudientes pueden andar libremente en las calles porque pueden “comprar” un amparo. La ley de amparo existe para proteger a los ciudadanos de los abusos de la autoridad, no para evadir la justicia. Con frecuencia el sistema judicial mexicano utiliza este recurso legal para proteger a delincuentes de alto rango del crimen organizado y de cuello blanco y mantenerlos en impunidad. Pues como no, tienen para pagar un despacho de abogados que tuerza las leyes y corrompan a un juez que les otorgue libertad y hasta los absuelva del delito.
Al cobijo de esa estructura institucional, donde la justicia puede ser una mercancía (un “moche” o, lo que es lo mismo, un acto de corrupción) crecieron los despachos traficantes de influencias y la práctica profesional reeducó a muchos abogados (por usos y costumbres y, a veces, en contradicción con los ordenamientos del derecho). Ejemplo es, a no dudarlo, la visión que tiene la mayoría de los ministros sobre su función social, naturaleza y alcances.
Nunca como ahora hemos sabido más del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, del sistema judicial en general. También del pensamiento que los ministros tienen de sí mismos. Han hablado y se han desnudado como nunca. No son resultado del sufragio popular, pero se conciben y actúan por encima de éste y de los representantes sociales del legislativo y ejecutivo, a quienes frecuentemente pretenden corregir estableciendo lineamientos y precedentes jurídicos en evidente usurpación de su función pública, practicando la invasión a la autonomía de los otros dos poderes de forma vertical y autoritaria, negándose a la coordinación para gobernar conjuntamente en ejercicio de separación de poderes y, en muchos casos, en rebeldía a los preceptos constitucionales.
Ese “entendimiento” es contrario al Artículo 37 constitucional que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, y que el poder público se instituye para beneficio del pueblo. Además, señala, que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de gobierno. Pero, la derecha, entre la que puede tipificarse a la mayoría de la cúspide judicial, se parece mucho a lo que critica. “El gobierno de la toga” tiene aspecto de dictadura, donde apropiarse del dinero público y de los “moches” es su prioridad. No sucede con los actuales poderes legislativo y el ejecutivo, donde hay mayor transparencia, representatividad social e innegable ensanchamiento de derechos y libertades. Sus defensores acusan de lo que sus iluminados son. No ven que una vez retirados los dejarán en el olvido y peleados con sus prójimos.
Las reformas constitucionales permitirán que el Poder Judicial deje de concebirse, y por los demás, como mesiánico y de iluminación sobrenatural (como opinan los fanáticos enajenados). Debe poner los pies en la tierra, ser parte del derecho soberano del pueblo y evitar que “lo que no suene lógico suene metálico”.
