Frente al debate, ya abierto de la reforma electoral, partamos de cierto consenso en cuanto a que nuestro sistema de elecciones y representación política es mejorable en muchos aspectos. No existe así un acuerdo mayoritario, respecto la dirección. Hay quiénes nos manifestamos por una legislación menos estricta y, por lo tanto, menos propicia a la simulación. Por más libertad en el debate e incluso por unas reglas más laxas que permita un margen mayor de financiamiento privado, a favor de más transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en relación a éste. Hoy el dinero privado se cuela por montones a las campañas políticas, sin que exista más que opacidad, una carrera en la estrategia del ocultamiento y una constante presión, inmanejable, para que Instituto Nacional Electoral descubra y siga estos recursos, cuya mezcla es sumamente difícil de diferenciar, entre donaciones legítimamente realizadas (no necesariamente legales, a la luz de nuestra limitada legislación actual) y las provenientes de la corrupción e incluso, muy peligrosamente en incremento según algunos expertos, de dinero del crimen organizado.
Más allá de eso, los acontecimientos que se han venido suscitando desde 2018 en los otrora partidos mayoritarios, hoy oposición, y los testimonios a los que todos hemos tenido acceso del proceso interno llevado acabo el pasado fin de semana, del partido gobernante a nivel nacional y en ya dos terceras partes de las entidades del país, debieran llamar a una reflexión plural, sobre cuál es el punto de nuestra democracia que requiere y exige más atención urgente. Porque, como bien lo establecen Levitsky y Ziblatt, en su cada vez más obligado texto “Cómo mueren las democracias”, los partidos políticos son los guardianes de la democracia. Sí éstos entes no funcionan democrática, transparente y responsablemente, mejorar las reglas del juego, solo provocará más cinismo, simulación y un rompimiento de la legalidad a costa del árbitro. Pero tal misión no la encabezará y menos la promoverá, la clase política enquistada, ni siquiera la que hoy sufre el rol de víctima del desaseo en todos los partidos: la esperanza de algún día gestionar ese desaseo les impide darse un balazo en el pie. Por ello mismo, tal como las reglas que permitieron la pluralidad, alternancia y posterior transición democrática en el país, no fue una cosa de partidos (no en solitario cuando menos), esta nueva batalla por mejorar nuestra aún incipiente y denostada vida democrática, debiera estar acompañada por fuertes dosis de ingredientes provenientes de la sociedad civil organizada y la academia. Si bien, se entiende que dicha labor, en las condiciones de falta de diálogo y acoso a la deliberación pública, se antoja una carrera cuesta arriba, el intento debe hacerse. Nos lo debemos sí coincidimos en que la democracia es la vía más consistente para desarrollar nuestra vida en sociedad.
Recordemos que, de acuerdo a nuestra Constitución (artículo 41), los partidos políticos son entidades de interés público, como tal, y más allá del texto jurídico, merecen que la sociedad en su conjunto opinemos sobre su devenir, las reglas que los rigen y el modelo de organización política al que aspiramos, como un mínimo que garantice instituciones transparentes, responsables, democráticas en lo sustantivo pero también en lo adjetivo, con mecanismos de rendición de cuentas amigables, socialmente útiles y cuya vida interna no sea un coto impenetrable, cuyos episodios vergonzantes queden en el cinismo, sino en costos que desincentiven el estado de cosas que guardan hoy nuestros partidos políticos. Sin ello, sin reparar en la circunstancia de las únicas vías viables en la realidad para la lucha legítima y legal por el poder, por más reformas que realicemos al INE y el resto de las instituciones electorales, no podremos esperar mucho de nuestras elecciones y los gobiernos, congresos, legislaturas, ayuntamientos y demás figuras representativas, resultantes de éstas.
@CarlosETorres
