Integrantes del grupo de Delegaciones Sindicales Democráticas, del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), informaron que presentarán una denuncia penal en contra de la secretaria general Jenny González Arenas por anomalías que se han encontrado en la compra de un inmueble al Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Debido a que la dirigencia sindicato no ha transparentado información sobre esa adquisición, y ante la identificación de varias irregularidades, dieron a conocer que ya se prepara un procedimiento penal en contra no solo de la secretaria general, sino también de Elva Jiménez Ureña, titular de la cartera de Finanzas del sindicato.
Rolando Alvarado Flores, Juan Manuel Hernández Dávila y Claudia Serafina Berumen Félix refirieron que en este momento se está configurando una serie de delitos en que pudieron haber incurrido, de manera que en próximos días se podría presentar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
“Nos están orillando a recurrir a otras instancias para volver al orden en el sindicato, Le hemos pedido información, no la entrega, y el único camino que nos queda es en los tribunales para ver si le hace caso a un juez a través de una sentencia en que le diga que debe respetar las normas”, dijo Hernández Dávila.
Afirmó que hay elementos para una demanda penal porque la normatividad es clara en lo que respecta a los mecanismos de consulta que la dirigencia sindical debe realizar para tomar decisiones que involucran al patrimonio de los agremiados, mismos que no se llevaron a cabo.
Detalló que la secretaria general y la titular de la cartera de Finanzas debieron consultar la compra del inmueble a la Coordinadora de Delegados o la Asamblea General, y si hubiese el visto bueno entonces pudo haber procedido con la compra, pero ello no ocurrió.
Por tanto, se espera que a través de una orden judicial sea posible que González Arenas acate la normatividad que el sindicato establece para este tipo de decisiones que tienen que ver con los recursos de los docentes universitarios.
Alvarado Flores informó que en este momento se está preparando la denuncia y se valoran los delitos en que se pudo haber incurrido, “pero ya estamos en la parte final del análisis de los documentos que hay sobre la compra”.
En ese sentido, comentó que se procederá legalmente por posibles delitos de acuerdo con los elementos que se consideren con mayor viabilidad, por lo que todavía se analiza la estrategia jurídica a seguir.
Al respecto, Berumen Félix mencionó que la demanda puede ser por malversación de fondos, desvío de recursos, entre otros que se están valorando y n los que se considere que haya mayor oportunidad para proceder legalmente.
Entre las irregularidades que se han detectado, mencionaron que el SPAUAZ solicitó un préstamo a la Fundación sin consultar a los socios y estableció un interés de 3 por ciento, cuando la tasa que este organismo aplica es de 13 por ciento. Es decir, esto favorece al sindicato porque deberá pagar menos intereses, pero es un perjuicio para los socios porque reducirá sus ingresos.
Además, Alvarado Flores señaló que la secretaria de Finanzas no ha dado a conocer los informes en donde se dé a conocer el pago que haya hecho el SPAUAZ mensualmente de esa deuda, “porque a final de cuentas ella es la misma presidenta de la Fundación y no sabemos si se está pagando un autopréstamo”.
Según la información que se ha dado a conocer, cuestionó que el sindicato pretenda imponer una cuota adicional del 1 por ciento del salario a los docentes para pagar mantenimiento y remodelación del inmueble adquirido, además de acelerar el pago del crédito.
Por último, señaló que no hay transparencia sobre el ejercicio de los recursos pues el SPAUAZ pagará más de 4 millones de pesos al año para solventar la deuda, pero no hay claridad de dónde sacará ese recurso.
