Guatemala.
La presión al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para que renuncie se incrementó este lunes, cuando más de diez sectores, entre ellos la Procuraduría de Derechos Humanos, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Campesinas, Industriales, y Financieras, el Comité de Unidad Campesina, las iglesias católica y evangélica y miembros de organizaciones civiles, se pronunciaron por su dimisión, a días de las elecciones (6 de septiembre).
El cuestionado gobernante interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de este país centroamericano, para frenar en el Congreso la presentación del informe de la comisión investigadora que recomendó el sábado pasado que se le retirara la inmunidad para ser investigado. Pérez Molina reconoció que se vive una situación delicada y compleja como nunca se ha visto
, y reiteró que no renunciará y enfrentará a la justicia.
En rueda de prensa conjunta, la Procuraduría de Derechos Humanos, con otros nueve sectores de la sociedad guatemalteca, aseveró que existen pruebas suficientes para investigar al gobernante y pidieron al Congreso el retiro de la inmunidad.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la Organización de Naciones Unidas, acusaron a Pérez Molina de estar implicado en una trama de corrupción conocida como La línea, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduanales.
La Cicig y la fiscalía sacaron a la luz pública la existencia de La línea en abril pasado, lo que llevó a renunciar a la ahora encarcelada ex vicepresidenta Roxana Baldetti, mientras su ex secretario Juan Carlos Monzón, señalado como líder de esta trama, está prófugo.
Desde entonces, miles de guatemaltecos han salido a las calles para exigir la dimisión de Pérez Molina y cancelar las elecciones presidenciales del próximo domingo 6. La convocatoria a los comicios se mantiene y los candidatos intensificaron este lunes sus campañas.
La Coordinación de ONG y Cooperativas exhortó a la CC a rechazar los recursos legales interpuestos por el mandatario, quien en conferencia de prensa, que duró 55 minutos, negó tener vínculos con la red de defraudación fiscal y aseguró que las supuestas pruebas que lo inculpan han sido sacadas de contexto, incluidas llamadas y encuentros con algunos de los implicados en el grupo criminal.
Los jefes de bloque del órgano legislativo aprobaron este martes en el pleno el informe elaborado por la comisión investigadora que recomendó retirar la inmunidad al presidente. Para desaforar a Pérez Molina el Congreso debe obtener el voto a favor de 105 legisladores de los 158 diputados; hasta ahora unos 50 se han pronunciado por el desafuero.
