Las movilizaciones masivas que tuvieron lugar este 31 de mayo de 2026 en las 32 entidades federativas del país, convocadas en defensa de la soberanía nacional y contra cualquier forma de injerencia extranjera, constituyen un fenómeno político que merece ser analizado con mayor profundidad de la que suele ofrecer el debate público contemporáneo. Desde el abarrotado Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la autodeterminación del país, mientras que miles de personas se congregaron simultáneamente en plazas y espacios públicos de todo México, incluyendo Zacatecas.
Sin embargo, una vez más, la discusión pública se desplazó rápidamente del contenido político hacia la descalificación de los asistentes. En redes sociales y espacios de opinión reapareció un término que se ha convertido en una suerte de reflejo condicionado de ciertos sectores: “acarreados”. No importó el discurso, la convocatoria ni las motivaciones de quienes acudieron; para algunos críticos, la mera existencia de una multitud bastó para invalidar cualquier expresión política.
Se trata de una reacción que revela más sobre quienes la emiten que sobre quienes participan. Desde la historia de los movimientos sociales resulta imposible explicar las grandes transformaciones políticas sin la presencia de masas organizadas. La Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana, el movimiento ferrocarrilero, el estudiantil de 1968, las movilizaciones sindicales, campesinas y magisteriales, así como las luchas democráticas de finales del siglo XX, fueron procesos sostenidos por personas que ocuparon plazas, calles y espacios públicos.
La izquierda mexicana, en particular, posee una larga tradición de movilización. Durante décadas construyó su fuerza política precisamente desde abajo, cuando carecía de acceso a los grandes medios de comunicación, a los recursos gubernamentales y a los centros de poder económico. Marchas, mítines, brigadas, plantones y asambleas fueron parte fundamental de una cultura política que terminó encontrando una expresión electoral contundente en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Eso no significa ignorar una realidad incómoda. Sería ingenuo negar que en México persisten prácticas clientelares y corporativas heredadas de décadas de construcción política. En algunos casos siguen existiendo presiones, condicionamientos o mecanismos de coacción para garantizar asistencia a determinados actos públicos. Tales prácticas deben ser denunciadas y erradicadas sin importar el partido o el gobierno que las promueva.
Pero reconocer esa realidad no autoriza a concluir que toda movilización multitudinaria sea producto de la coerción. Hacerlo constituye una simplificación tan absurda como afirmar que todos los votos obtenidos por un partido son resultado de la compra de conciencias. La vida política es mucho más compleja. Las personas participan por convicción, identidad, pertenencia, interés, esperanza, enojo o solidaridad. La psicología de masas muestra precisamente que los individuos encuentran en la acción colectiva formas de expresar valores y demandas que difícilmente podrían manifestar de manera aislada.
El problema de fondo es que una parte de la oposición mexicana parece incapaz de comprender el fenómeno de la movilización popular. Durante décadas desarrolló una mirada profundamente elitista sobre la participación política de las clases trabajadoras y de los sectores populares. Quien asiste a una marcha de izquierda es presentado como ignorante, manipulado o incapaz de tomar decisiones propias. Se niega así la agencia política de millones de personas.
Paradójicamente, esa actitud ayuda a explicar por qué la derecha mexicana ha enfrentado enormes dificultades para construir movimientos de masas propios. Mientras la izquierda convirtió la organización territorial y la movilización en parte de su identidad política, los sectores conservadores apostaron históricamente por mecanismos de representación más verticales, institucionales y mediáticos. Tras la victoria de López Obrador en 2018, la oposición ha sido capaz de organizar algunas concentraciones importantes, pero no ha logrado consolidar una presencia permanente en las calles ni una narrativa movilizadora que convoque de manera sostenida a amplios sectores sociales.
La consecuencia es una discusión pública empobrecida. En lugar de debatir si la defensa de la soberanía planteada por Sheinbaum es pertinente; si existen riesgos reales de injerencia externa; si el nacionalismo democrático sigue siendo una herramienta válida en el contexto global actual; o si la estrategia política del gobierno es correcta, buena parte de la conversación termina reducida a contabilizar autobuses y a intercambiar insultos.
La democracia requiere algo más que eso. Requiere escuchar lo que expresan las plazas, incluso cuando no compartimos sus consignas. Las multitudes no tienen siempre la razón, pero tampoco dejan de tenerla por el simple hecho de ser multitudes. Descalificar a quienes participan en la vida pública es una forma de evadir el debate político real.
México y Zacatecas necesita discutir ideas, proyectos de nación y modelos de desarrollo. Lo que ocurrió este 31 de mayo debería abrir una conversación sobre la soberanía, la participación popular y el papel de la movilización en una democracia contemporánea. Convertirlo únicamente en una disputa sobre “acarreados” es, en realidad, la forma más cómoda de no discutir nada. Ojalá eso cambien para las próximas movilizaciones y exigencias magisteriales.
