A partir de ahora, con la conformación y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado se convertirá “como en Ministerio Público”, por lo que tendrá que hacer las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y entregar las pruebas al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que desde ahí se emita una sentencia en contra de los servidores públicos y particulares involucrados.
La magistrada presidenta de esta instancia, Raquel Velasco Macías, aseguró que con la actuación coordinada de estas dos instituciones “se tendrán más dientes” para poder, entre otras cosas, conseguir que los daños que se generen a la Hacienda Pública sean resarcidos por los responsables.
Desde el Tribunal, indicó, se podrán imponer cuando sea necesario las sanciones económicas o multas a los servidores públicos que hayan provocado con sus actos un daño a la Hacienda Pública; es decir, “nuestra función como tribunal administrativo es obligar (al funcionario) a que regrese lo que se llevó” en el caso de las sanciones resarcitorias o juzgarlo en el ámbito administrativo, lo que puede conllevar como sanción más grave la inhabilitación.
Refirió que habrá ocasiones en las que “el hecho puede ser tan grave que configure un delito” y para proceder en su contra estará el fiscal en la materia, dentro del organigrama de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La efectividad en el cobro de estas sanciones resarcitorias, que hasta ahora habían sido motivo de crítica por no llevarse a la práctica por parte de la auditoría, radicará en las “medidas precautorias” que el tribunal podrá determinar y entre las que se encuentra el embargo precautorio.
Por ejemplo, explicó que “si se sospecha, si se sabe que el servidor púbico involucrado o el mismo particular que participó en ese hecho de corrupción anda tratando de vender sus bienes, de ponerlos a nombre de otras gentes, se debe decretar de inmediato el embargo precautorio para asegurar el rescate de ese dinero. (…) Si sale sancionado, con esos bienes se va a pagar a la hacienda pública el daño o el perjuicio que ocasionó”.
Para ello, apuntó que la autoridad investigadora que es la auditoría debe tener “un buen servicio de inteligencia; (…) debe de seguirle la pista al dinero y ustedes saben que a nivel de corrupción hay redes, como las del narcotráfico. Entonces, el punto es desmantelar las redes de corrupción”.
En ese tenor, hizo énfasis en la necesidad de que las investigaciones de la auditoría sean sólidas para poder concluir con sanciones efectivas los procesos que se traten en el tribunal.
Se requiere, dijo, que la ASE aporte “pruebas contundentes” para poder imponer las sanciones que correspondan en cada caso. De lo contrario, advirtió, “va a suceder como en el proceso penal que si va la averiguación o la carpeta de investigación muy débil, no bien sustentada, se cae abajo todo el procedimiento”.
