El miércoles 30 de octubre de 2024 la secretaria general del SPAUAZ, Dra. Jenny González Arenas, tomó la definición política de romper el paro que se instaló, desde las 9 de la mañana, en las instalaciones de lo que fue el Superissste. Desde la tarde del día anterior mandó colocar un “resguardo”, que disfrazó de “paro”, para contener, y en su caso expulsar, a quien quisiera manifestarse pacíficamente en contra de la opacidad y manejos turbios del contrato por parte de la dirigencia sindical. Con este acto quedó de manifiesto el estilo de “negociación” de la Dra. González: la violencia. Manifestarse pacíficamente para exigir el cumplimiento de la legalidad o los actos que se consideran equivocados es derecho de todo agremiado. Fiel a su incapacidad de diálogo, la Dra. González negó el derecho a la manifestación pacífica como en su momento negó el derecho a votar en las Asambleas generales a más de 500 agremiados. No contenta con ello, niega el derecho a la libre sindicación mediante la falaz exigencia de “contratación exclusiva” por parte del SPAUAZ, pese a que está establecido en los Estatutos la renuncia a cualquier “cláusula de exclusividad” la Ley Federal del Trabajo asienta su inaplicabilidad en instituciones de educación superior. Lo interesante de la líder sindical es su agudo ojo para “ ver la paja en el ojo ajeno”. En recientes declaraciones a conocida estación de radio, cuando menciona el asunto de las contrataciones por honorarios y se refiere a los dichos del rector, Dr. Rubén Ibarra Reyes, dice: “…que manera de reconocer cómo en un contrato de trabajo que le están haciendo a estos compañeros les están quitando el derecho mínimo de manifestarse”. Claro, el derecho a manifestarse y solicitar información es sólo para los seguidores de la Dra. González, pero cuando a ella se le exige claridad no responde, cuando se manifiesta el descontento mediante paros pacíficos, los rompe. Peor aún, la líder sindical acusa al rector de “creación de plazas de tiempo completo para funciones que, supuestamente, no están reconocidas en el plan de estudios, mientras que otros docentes, con años de experiencia, deben trabajar bajo el régimen de honorarios” (“Docentes de Ciencias Químicas toman el Campus Siglo XXI”. El Sol de Zacatecas, 11/nov/24). Es decir, los docentes contratados en la categoría de “tiempo completo”, bajo el régimen de “tiempo determinado”, son agremiados de “segunda” porque por encima de ellos se deben colocar quienes trabajan bajo la figura de “honorarios”. Lo inquietante del asunto es que quienes se contratan de esa manera no tienen relación alguna con el sindicato, y este carece de interés jurídico en el asunto. ¿Por qué, entonces, el interés de la Dra. González en actuar contra los agremiados al SPAUAZ en defensa de quienes no lo están y quizá ni quieren estarlo? Es obvio: busca “clientela” para el proceso electoral que se avecina en la universidad. Resulta necesario enfatizar algo más en el asunto del paro que inició la Delegación de Ciencias Químicas el lunes 11 en el Campus Siglo XXI. Su pliego petitorio, el que se hizo público a través de redes sociales, no en la página del SPAUAZ, contienen dos puntos muy relevantes. El primero dice: “revisión de las cargas de trabajo de base y TD del semestre agosto-diciembre 2024 donde existen inconsistencias y violaciones al contrato colectivo de trabajo que lesionan los derechos de profesores con mayor derecho, antigüedad y que se han apegado y cumplido los requisitos establecidos en el CCT (Nota: “apegarse” y “cumplir” al ir juntos implican una redundancia innecesaria), en tanto que en el segundo se exige: “Se realice el reconocimiento de la relación laboral de tiempo determinado y de suplencia a la totalidad de las compañeras y compañeros  que han cumplido con los requisitos de admisión establecidos en el  CCT UAZ-SPAUAZ y que hasta la fecha no han sido reconocidos  como parte del personal contratado por la UAZ y que continúan en estatus de contrato por honorarios”. La administración se equivoca si acepta este par de garlitos. Están en unísono con la “doctrina” de la Dra. González y su grupo. Por un lado, se exige revisión de cargas de trabajo porque dicen que hay “inconsistencias”. Afirmaciones que nunca demuestran, son mentiras que reiteran para justificar el uso del chantaje mediante paros y tienen la función de legitimar un acto: retirar las plazas de TC aunque no haya violación, y no la hay. Del otro se enuncia que cumplir los requisitos de admisión al SPAUAZ equivale a tener derecho a ser admitido en la UAZ. De nuevo, no existe fundamento jurídico ni en el contrato, pues no contempla al personal por honorarios, ni en la Ley Federal de Trabajo, para exigir, por la vía legal, que quien es contratado por honorarios, al cubrir los requisitos establecidos en el CCT UAZ-SPAUAZ, sea sujeto de la contratación colectiva. Todas las contradicciones y falacias del grupo neoderechista que usurpó el SPAUAZ no se explican por su carencia de sapiencia del arte de razonar. No, no es por ahí. Son personas de inteligencia sobresaliente, pero también de “hígados negros”. Lo que no pueden ganar mediante la razón o la ley lo toman por la fuerza. Y eso es lo delicado.  

El gobierno ha señalado que no tiene dinero para satisfacer todas las demandas y requerimientos. Hay que señalar que un gobierno soberano no requiere recaudar primero para gastar, simplemente gasta y recauda lo que gasta. Es el banco central el que crea el dinero y debe comprar deuda del gobierno a baja tasa de interés para que éste pueda gastar lo necesario para impulsar la actividad económica y la generación de empleo. En un contexto donde la economía tiene déficit de comercio exterior, donde las importaciones desplazan a la producción nacional y actúan contra el ingreso de empresas e individuos que los lleva a reducir inversión y consumo, el gobierno debe incrementar su gasto para impulsar la producción y reducir el déficit de comercio exterior y mejorar el ingreso de empresas e individuos y así recuperar el crecimiento de la inversión, el consumo y la actividad económica. 

No es a través de reducir el gasto público para buscar el equilibrio entre ingresos y gastos como se disminuirá el déficit fiscal y el monto de la deuda, pues ello restringirá más la actividad económica y el ingreso de empresas e individuos, que llevará al gobierno a recaudar menos y a incrementar el gasto social y de seguridad pública para contrarrestar los problemas que la contracción económica genera, por lo que seguirá el déficit público y el crecimiento de la deuda. El déficit y la deuda solo se reducirán en contexto de crecimiento económico para lo cual el gobierno tiene que gastar más y más ante la caída de exportaciones, de inversión extranjera y de remesas que se avecinan ante las medidas que tomará Donald Trump que afectarán a la economía nacional. Si el gobierno no aumenta su gasto deficitario, las empresas e individuos no tendrán dinero para invertir y gastar. Solo impulsando el crecimiento económico se recaudaría más y se reduciría el déficit y el monto de la deuda.

El banco central no requiere de impuestos para comprar la deuda pública, simplemente con un teclado en su computadora hace la transferencia al gobierno a cambio de que el gobierno le transfiera los Cetes. La economía funciona a través de la deuda, la cual es importante para potenciar la capacidad de gasto y éste tiene que impulsar una dinámica económica que asegure el reembolso del pago de la deuda. El banco central presta al comprar la deuda del gobierno. El gobierno es el que gasta. El mayor gasto público impulsaría el ingreso nacional, que se traduce en mayor recaudación tributaria, que pagaría la deuda emitida por el gobierno y comprada por el banco central. Es el gasto el que genera el ingreso. No se puede recuadrar impuestos antes de haber gastado. 

La deuda que emitiría el gobierno sería en su moneda, por lo que no caería en insolvencia, pues se utilizaría para aumentar el ingreso nacional que aumentaría la recaudación tributaria para pagar la deuda y además la deuda se reestructura. Además, las dos instituciones, Hacienda y el banco central son del Estado, lo que sale de una bolsa entra a otra y se regresa. 

El gobierno no tiene que recurrir a los mercados crediticios para vender deuda, sino perfectamente la puede comprar el banco central. En esto no interfieren las calificadoras internacionales, debido a que es una deuda interna en moneda nacional y las calificadoras se preocupan del pago de la deuda externa.

En la crisis de pandemia del 2020, el banco central de Inglaterra (que es un banco central independiente) le compró al gobierno toda la deuda que emitiera a una tasa de interés de 0.1% para que gastara lo necesario para hacer frente a la crisis. En la zona euro, el banco central entró al recate de los países comprando su deuda, y todo sin modificar ley alguna. En México puede pasar lo mismo. Tiene que haber voluntad política para ello. Algunos dirían que la ley Orgánica del banco central lo impide. Eso no es problema, en dado caso el Congreso puede modificarla. Además, el gobierno tiene que hacer valer que es soberano para determinar la política económica a favor del crecimiento y no tener que subordinarse a los intereses del sector financiero.

El gasto del gobierno debe actuar en forma contra cíclica, para contrarrestar el déficit de comercio exterior y el bajo consumo e inversión privada. Para el 2025 se contempla un superávit fiscal (el que excluye el pago de la deuda) en 0.6% del PIB y un déficit fiscal de 3.9% que es derivado del pago de la deuda pública, donde la banca es la beneficiaria. Perfectamente el gobierno puede trabajar con un déficit primario de 3.0% del PIB (que es permitido por el FMI) para incrementar el gasto público para impulsar el desarrollo de la energía, la energía limpia, la petroquímica y el gas para reducir las importaciones. 

En vez de seguir apostando al crecimiento de exportaciones, donde no hay perspectivas de que crezcan ante los aranceles que EUA establecerá, el gobierno debe promover el auto abasto de granos básicos, de bienes manufactureros con efectos multiplicadores internos para reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales y así disminuir la vulnerabilidad de la economía. Ello no sería inflacionario, ya que se impulsaría la producción nacional para que haya oferta suficiente para satisfacer la mayor demanda que generaría el gasto público. Se dinamizaría así el ingreso nacional, el cual debe crecer por arriba de la tasa de interés para evitar el sobre endeudamiento, tanto del sector público, como del sector privado. 

Hace unos días leía el libro de Isabel Revueltas Poo llamado “Hijas de la Historia” y me pareció muy relevante comentar lagunas de las mujeres que ahí se retratan y que hoy en día toma mucha relevancia hablar sobre las mujeres que construyeron a México. Empezando por una de las revolucionarias más importantes, pero que menos se visibiliza, Carmen Serdán. 

Una poblana ejemplar quien luchó al lado de sus hermanos contra la dictadura de Porfirio Díaz, se trata de María del Carmen Serdán Alatriste, quien nació en la ciudad de Puebla el 11 de noviembre de 1875. Sus padres el abogado Manuel Serdán Guanes y María del Carmen Alatriste Cuesta, sus hermanos fueron Natalia, Máximo y Aquiles; además fue nieta del general Miguel Cástulo Alatriste, quien fuera gobernador de Puebla, entre 1857 y 1861.

Sus estudios los realizó en el Colegio Teresiano, donde las niñas recibían dicha instrucción. La prematura muerte de su padre, cuando tenía siete años forjó su fuerte carácter, tuvo que asumir responsabilidades familiares y ocuparse de sus hermanos menores Natalia, Aquiles y Máximo. En los primeros años del siglo XX comenzó a hacerse una realidad la causa anti reeleccionista que impulsaba Francisco I. Madero y a la misma se sumaron los hermanos Serdán, hartos de la opresión ejercida desde el poder central.

Mientras que, en el año 1909, su hermano Aquiles fue elegido como presidente de la sección Puebla dentro del Partido Nacional Anti reeleccionista, Carmen, bajo el seudónimo de Marcos Serrato, se ocupaba especialmente del “detrás de escena”: actividades de propaganda, compra y distribución de armas, colaboración en la publicación No-reelección, entre otras actividades. En el mes de octubre de 1910 viajó a San Antonio, Texas, para llevarle dinero a su hermano para la lucha revolucionaria. Como el gobernador de Puebla se enteró de los planes para el inicio de la Revolución. Así el 18 de noviembre de 1910 cinco policías se presentaron en el domicilio con orden de detener a Aquiles Serdán; el tiroteo que se desató forzó a las autoridades a enviar más efectivos.

Fusil en mano salió al balcón para incitar al pueblo a unirse a la lucha antirreeleccionista, acto en el que salió herida. Los hermanos Serdán, Carmen, Aquiles y Máximo, defendieron su casa de las fuerzas porfiristas y ella resultó gravemente herida al subir a la azotea para proveer de “parque” a los revolucionarios, refugiados en la azotea, que en ese momento custodiaban a uno de los mayores ideólogos y dirigentes de la revolución, su hermano Aquiles. Tras varias horas de fuerte resistencia, los federales tomaron la casa. Carmen, su madre y su cuñada Filomena del Valle fueron conducidas primero a la cárcel de la Merced y luego al hospital de San Pedro. Su hermano Máximo y los demás hombres habían caído en el asalto. La madrugada del 19 Aquiles Serdán, que se había ocultado en el sótano, fue abatido cuando intentaba abandonar su escondrijo.

La lucha de Carmen Serdán por la causa revolucionaria proseguiría en los años siguientes. En 1913, tras el golpe de estado de Victoriano Huerta, formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. En 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, y apoyó su partido trabajando como enfermera. Carmen Serdán participó activamente en la lucha revolucionaria y murió el 21 de agosto de 1948 a la edad de 73 años. Los únicos reconocimientos de su paso por la historia son su nombre en letras de oro en el Congreso de la Unión y una estatua en Monterrey, donde se le representa disparando su carabina.

La reivindicación de las mujeres en la historia está encabezada por la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, en ella está de viva voz la oportunidad de transformar y seguir profundizando al país, no solo en el discurso, sino manteniendo la visión de que hoy el pueblo de México está listo para cualquier debate, así sea cambiar la manera en la cual interpretamos la historia. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se impulsó el enfoque del ataque a la violencia a partir de las “causas estructurales”, mismo que será continuado en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Sin duda este fue un gran giro comparado con el discurso bélico que promovió el expresidente Calderón, continuado por Peña Nieto. Sin embargo, cuando observamos muchos de los indicadores a nivel nacional podemos ver que estamos muy lejos de esto: homicidios, desplazamientos, desapariciones, extorsiones, feminicidios, son realidades generalizadas en todo el territorio nacional, con niveles de países en guerra. Igualmente, cuando analizamos las políticas de seguridad, lo que tenemos es un continuo de militarización, militarismo, prisión preventiva, punitivismo e impunidad.

Desde la implementación y posteriores adecuaciones de las políticas globales de “combate contra las drogas”, la militarización ha sido la vía de intervención de los países centrales en los periféricos. Todos los indicadores muestran no sólo que es una falsa guerra (o por lo menos fallida), sino que seguimos cumpliendo el rol de sociedades dependientes que funcionan como productoras de materia prima y procesada para el consumo en los países centrales (aunque hay importante consumo interno, la tendencia global es clara). Mientras el consumo crece en Estados Unidos, Europa y Asia, es en América Latina donde se asumen los mayores costos, escenificando los principales campos de violencias que profundizan la precarización de la vida de los jóvenes, las mujeres, las infancias, las poblaciones indígenas y rurales.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es contundente. En la última década aumentó el consumo de drogas ilegalizadas en un 20%, estimando que, de más de 8 mil millones de habitantes, un aproximado de 292 millones de personas en todo el planeta dicen haber consumido alguna sustancia durante el 2022. Dentro de este panorama, las más consumidas son el cannabis (228 millones), opioides (60 millones), anfetaminas (30 millones), cocaína (23 millones) y éxtasis (20 millones). Una de las consecuencias de la criminalización del consumo es que sólo el 9% de los consumidores recibe tratamiento; hay una mayor probabilidad que los usuarios que se inyectan contraigan enfermedades de transmisión sanguínea; las muertes por sobredosis han aumentado de manera alarmante en Estados Unidos y de manera constante en Europa, a pesar de que existen medicamente que podrían evitarlas.

Ahora bien, el mismo informe de evaluación de la política de drogas sigue construyendo la narrativa de “los narcotraficantes”, cuando se han documentado las estrechas redes de trabajo, colaboración, corrupción y simbiosis entre “criminales”, “empresarios” y “actores estatales”, que son necesarias para que una de las economías más grandes del planeta funcione. Como ha explicado muy bien la académica Estefanía Ciro, entre más decomisos e incautaciones de drogas se realicen, más se va a producir, porque el negocio no sólo se mantiene, sino que está más pujante que nunca. Las mayores ganancias de este negocio se quedan, paradójicamente, en los países centrales.

En México el crecimiento de estas dinámicas está emparentado con las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa, pues muchas zonas rurales y urbanas se convirtieron en terreno fértil para la expansión de economías ilegales e ilegalizadas (los casos más emblemáticos, tal vez, son Guerreo y Michoacán). A la producción, circulación y consumo de drogas, se suman todas las economías vinculadas con el megaextractivismo, la agroindustria, las maquilas, los parques industriales en condiciones de sobreexplotación, y un largo etc. Dicho proceso ha normalizado la violencia como lógica de construcción de ordenes sociales para garantizar la reproducción de capitales brutalmente depredadores.

De la misma manera, no podemos obviar que la economía violenta del “tráfico de migrantes” se genera por las políticas restrictivas y represivas contra las personas que buscan alternativas de vidas vivibles más allá de las fronteras donde nacieron. Eufemísticamente los gobiernos y los medios de comunicación denominan como “rescate” de migrantes a las operaciones en las que deportan a personas cruzando territorio mexicano, o cuando las localizan en casas de detención, siendo realmente estos operativos partes del circuito de reforzamiento del cierre de las fronteras y del derecho al libre tránsito. Las personas huyen de los lugares donde no pueden vivir con dignidad, para hacerlo deben recurrir a formas de circulación que son sumamente riesgosas, y cuando son detenidas por las autoridades éstas se encargan de regresarlos a sus países de origen recordándoles que sus vidas no importan.

Además de la pobreza y la desigualdad, producto de un modelo económico altamente excluyente y que genera formas de profunda humillación en amplios sectores sociales, debemos prestar especial atención a las políticas que regulan este modelo económico por medio de la prohibición, criminalización e impunidad, donde la violencia es sólo una forma de ejecución de los negocios. Limitar las explicaciones de las violencias a la pobreza puede ser una forma, tal vez inconsciente, de criminalizar a amplias poblaciones empobrecidas que son parte de circuitos más amplios donde las ganancias se quedan en lujosos condominios y salones de elegantes ejecutivos.

Las alternativas están en transformar los mecanismos que detonan dichas economías, o como dice el sociólogo Marcelo Bergman “el negocio del crimen”. Regulación justa y perspectivas de salud pública frente a la producción y consumo de drogas. Transformaciones en los regímenes de fronteras que sean coherentes con el discurso de la globalización y la humanidad hiperconectada. Cambios en los circuitos de procuración de justicia que rompan redes de criminalidad política y económica. Resarcimiento del abandono estatal a la producción, el campo y la generación de empleo digno. Rescate y cuidado de la naturaleza, desde una perspectiva de bienes comunes. Discutir estas políticas implica una verdadera apuesta por la paz y la no violencia, lo demás es seguir gestionando la violencia como una condición insuperable, reduciéndola a un “problema de inseguridad”. Tal vez las respuestas no están en los experimentos fallidos que durante décadas han ejecutado gobiernos de todos los signos, tal vez las respuestas se encuentran en los territorios donde muchas comunidades han entendido que el problema es el modelo de capitalismo dependiente donde la violencia no es una anomalía sino la regla.