Madrid. La protesta y movilización masiva en defensa del derecho a la vivienda y en contra de los desahucios en Madrid tuvo un primer e importante logro: que Maricarmen Abascal, la octogenaria que fue lanzada de su vivienda la semana pasada, pueda volver a la que ha sido su casa durante 70 años.
Luego de que este caso detonara la movilización social, que tiene como epicentro la Puerta del Sol, pero que se ha extendido a otras ciudades, como Barcelona, los representantes legales de Maricarmen se reunieron con los de Urbagestión, la empresa que ahora posee la casa, y con la intermediación del ayuntamiento de Madrid se buscó una formula para que pueda volver a vivir ahí.
Desde la Puerta del Sol, la vocera del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, advirtió que o se cumplen sus condiciones en el decreto que se prevé que presente este martes el gobierno o habrá “huelga general”. El Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, presentó una propuesta a sus potenciales aliados parlamentarios para aprobar la medida, pero el texto no convence ni a Podemos, el más escorado a la izquierda, ni a Junts per Catalunya (JxCat), el sector más conservador del independentismo catalán.
Los manifestantes siguen acampados y cada día crece un poco más la congregación de casas de campaña, que ya son más de 300, y ni la lluvia ha impedido que sigan con sus actividades asamblearias, que sigan debatiendo sobre el meollo de su protesta, la vivienda, ni que lancen un mensaje claro a los políticos. Y ese mensaje es que o se cumplen sus principales reivindicaciones, que son la aprobación de una medida que garantice el contrato indefinido de los alquileres, que se prohíba por ley el lanzamiento de familias y personas vulnerables y que se expropien los departamentos e inmuebles de los fondos buitres, o su protesta continuará de manera indefinida.
“No aceptaremos migajas ni medidas vacías ni engañifas que sólo favorecen al sector de los rentistas. Queremos que se legisle a favor de la gente y no de los fondos buitres o no vamos a dejar de luchar”, afirmó Del Río.
Lo poco que se conoce de la propuesta del gobierno español para el decreto que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros es que se aprobará una prórroga de dos años a los alquileres y un congelamiento de precios hasta 2028.
Es decir, que ni es indefinido ni se refiere en ningún momento a las expropiaciones a los fondos buitres ni de prohibir la especulación con la vivienda, tal y como reclaman algunos manifestantes y partidos políticos.
De ahí que el texto, tal y como se conoce hasta ahora, no tiene de momento los apoyos necesarios, sobre todo por las reticencias de Podemos y JxCat; en el caso de los independentistas catalanes, no están de acuerdo en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos que propone el texto y que a su modo de ver ampara la okupación de viviendas.
Además de 100 organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigieron al gobierno un decreto “ambicioso” que refuerce la protección de las personas inquilinas y responda a la creciente crisis habitacional.
Entre las medidas que piden está la recuperación de la moratoria antidesahucios, la renovación automática de los contratos de alquiler, límites al incremento de las rentas y medidas de control de precios.
