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El Ayuntamiento de Guadalupe y el ex alcalde priísta Roberto Luévano Ruiz confrontaron versiones en torno a la legalidad de la escrituración de un área de donación ubicada en la Privada Las Águilas, de la colonia La Fe, luego de que vecinos denunciaran el intento de un particular por intervenir el predio con maquinaria.
La controversia surgió después de que habitantes del lugar difundieran en redes sociales que un particular pretendía ingresar maquinaria a un espacio que identifican como área de uso común. Tras la denuncia, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal colocó sellos de suspensión al constatar que no existían permisos de construcción para realizar trabajos en el sitio.
El secretario de Desarrollo Urbano, Guillermo Dueñas, informó que durante la inspección el particular exhibió una escritura mediante la cual acredita la propiedad del inmueble desde 2015. De acuerdo con el funcionario, el documento fue protocolizado durante la administración municipal encabezada por Roberto Luévano Ruiz.
Según la versión del gobierno municipal, en la escritura aparecen las firmas del entonces presidente municipal y de la síndica Natalia del Muro, por lo que el Ayuntamiento anunció que revisará la legalidad del procedimiento mediante el cual un terreno que originalmente correspondía a un área de donación pasó a manos de un particular.
Dueñas señaló que la suspensión de la intervención obedeció exclusivamente a la inexistencia de licencias o permisos de construcción, al tiempo que indicó que el municipio analizará los antecedentes jurídicos del predio para determinar la situación legal del inmueble.
El gobierno de Guadalupe vinculó este caso con decisiones adoptadas durante la administración 2013-2016 y recordó que recientemente liquidó una deuda pública superior a 340 millones de pesos contraída en ese periodo, por lo que consideró que la presunta afectación al patrimonio municipal representa otro asunto que debe ser esclarecido.
Luévano rechaza señalamientos
Horas después, el ex alcalde Roberto Luévano Ruiz rechazó las acusaciones y sostuvo que el Ayuntamiento difunde una versión incompleta de los hechos.
En un comunicado, afirmó que la autorización para enajenar el predio no fue una decisión de su administración, sino que derivó del Decreto 113 aprobado por la LIX Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 9 de agosto de 2008.
De acuerdo con el ex edil, dicho decreto autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe a enajenar, mediante permuta, el inmueble a favor de un particular varios años antes de que asumiera la Presidencia Municipal.
Luévano argumentó que la escritura elaborada en 2015 únicamente formalizó y protocolizó una autorización previamente emitida por el Congreso del Estado, por lo que rechazó haber decidido o autorizado discrecionalmente la donación del terreno.
“La escritura no crea el derecho ni autoriza la donación; únicamente protocoliza una autorización previamente otorgada por la Legislatura”, sostuvo.
Asimismo, acusó al gobierno municipal de omitir deliberadamente el antecedente legislativo de 2008 y de construir una narrativa que atribuye a su administración una decisión cuya autorización legal, insistió, correspondió al Congreso local.
El ex presidente municipal pidió que el caso sea informado con base en la totalidad de los documentos oficiales y sostuvo que la ciudadanía debe conocer el contexto jurídico completo para evitar interpretaciones equivocadas sobre el origen de la operación.
Mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida cualquier intervención en el predio y revisa la documentación correspondiente, el diferendo abre un nuevo frente de disputa política y jurídica sobre el origen y la legalidad de la enajenación del inmueble, cuyo desenlace dependerá de la revisión de los actos administrativos y de los antecedentes legislativos que dieron sustento a la operación.
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